Por qué no tiene sentido abandonar la prioridad de acceso para la eólica
30 de diciembre de 2013
Según ha escrito la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en su blog, la posibilidad de que se elimine la prioridad de acceso de las renovables a las redes eléctricas, como se ha pedido desde algunos ámbitos es una idea descabellada.
Por razones de tipo legal
La prioridad de acceso nació a principios de los años 80 en Estados Unidos a raíz de la Public Utilities Policies Act (PURPA) después de la segunda crisis por los altos precios del petróleo, con el objetivo de permitir la recuperación de las inversiones en energías renovables, intensivas en capital. Esta prioridad de acceso se trasladó a la normativa española a través de la figura del autoproductor, con objetivos similares a la regulación americana. Y acaba de reafirmarse con la publicación en el BOE el pasado viernes 27 de diciembre con la nueva Ley del Sector Eléctrico.
Este derecho se establece también en la Directiva Europea sobre energías renovables, que garantiza el derecho a los productores de este tipo de energías: “Los Estados miembros deberán establecer bien un acceso prioritario o un acceso garantizado a la red de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables” y “velarán porque, cuando se realice el despacho de las instalaciones de generación de electricidad, los operadores de los sistemas de transporte den prioridad a las instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables”.
Por razones tecnológicas
El sistema eléctrico español y los parques eólicos se han diseñado y construido en los últimos años alrededor de una integración óptima de la eólica. Prueba de ello es que, cuando por razones de falta de demanda y de respuesta de otras tecnologías más caras ha habido que reducir la generación, esto ha sido posible gracias a las instalaciones eólicas. Éstas han respondido en tiempo real a los requerimientos del operador del sistema gracias a las inversiones hechas por las empresas eólicas para tener sus instalaciones adaptadas al sistema.
Por razones de competitividad de la industria española
Si bien los incentivos a la eólica –que también nacen para incentivar a las tecnologías limpias frente a las contaminantes– se recaudan a través de la tarifa de acceso, el hecho de que la eólica desplace a instalaciones con costes marginales más caros hace que los consumidores, especialmente los industriales, disfruten desde el año 2009 de unos costes de energía eléctrica más bajos. Hasta noviembre de este año el precio en el mercado mayorista del pool había sido un 11% más barato que en 2012, gracias a, entre otros factores, una mayor aportación eólica (+13%), y hasta un 15% más barato que en 2011.
Otro ejemplo aún más claro del efecto que tiene la eólica sobre el mercado ha ocurrido estas Navidades, en que el viento que ha traído consigo la ciclogénesis explosiva ha tumbado los precios del pool. Según los datos de OMIE, el precio del pool se situó el martes 24 en 9,18 euros/MWh, el miércoles 25 en 5,42 euros y el jueves 26, en 12,84 euros. En el resto de diciembre, el anticiclón que nos ha acompañado tuvo como consecuencia unos niveles de viento inusualmente bajos para el último mes del año, uno de los motivos por los que el precio de la electricidad se ha disparado hasta máximos de 112 euros/MWh.
Como se puede observar por el texto, el Gobierno da por hecho que la eólica reduce el precio del mercado, especialmente en el primer trimestre del año. Esto ocurre porque la eólica tiene prioridad de acceso a la red, pero si se eliminara esa prioridad entonces no podría tener el mismo efecto abaratador sobre los precios del mercado.
Por razones medioambientales y de salud pública
La eólica es una tecnología limpia y que no contamina, por lo que es lógico que tenga prioridad sobre las que usan combustibles fósiles importados y contaminantes. La protección de la salud pública y del medioambiente tiene que ser prioritaria. En síntesis, la regulación sobre prioridad de acceso ha sido piedra angular del desarrollo de las renovables. Eliminarla sería un importante error, que no se sostiene ni legalmente ni desde el punto de vista económico, social o medioambiental.