El gobierno está a punto de dar un golpe mortal al sector termosolar, según Protermosolar
4 de diciembre de 2012
Las modificaciones de las reglas de juego a mitad de partido crearían una enorme inseguridad jurídica en España para los inversores extranjeros y abocaría al Gobierno a enfrentarse a demandas ante los tribunales internacionales, con grave daño para nuestra imagen como país e influencia en la prima de riesgo para nuestras emisiones de deuda en los mercados. Y todo ello justo cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió en la reciente cumbre iberoamericana, al igual que antes en Estados Unidos, en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en las inversiones españolas en el exterior, una exigencia que, en justa reciprocidad y como es obligado por los tratados internacionales firmados por España, demandan también los inversores foráneos –y nacionales- en nuestro país.
La medida retroactiva de eliminación de la prima a la parte generada con gas, unida al nuevo impuesto general del 7%, produce un impacto dramático sobre los resultados de operación de las plantas termosolares, al disminuir sus ingresos en más de un 22%. En efecto, esta reforma no se limita a diseñar un nuevo marco al que se pueda adaptar la actividad de las empresas que han previsto proyectos de construcción de plantas termosolares en España en el futuro, sino que incide muy gravemente sobre situaciones preexistentes y consolidadas, respecto de las que el negocio no tiene margen de actuación de ningún tipo. La Administración fijó en su momento unas “reglas del juego” para delimitar con precisión los derechos de los interesados, entre otros, el primar en igual medida el total de la electricidad generada en las centrales. “Reglas del juego” que no son casuales ni más o menos difusas o indeterminadas, sino que se establecieron, en concreto así, para permitir la rentabilidad razonable de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico y dar seguridad y fomentar la construcción y explotación por el sector privado de este tipo de instalaciones, como se encargó de poner de manifiesto, destacar y repetir la Administración en innumerables ocasiones y documentos. “Reglas del juego” que, en definitiva, constituyeron las referencias que tuvieron en cuenta los inversores nacionales y extranjeros para decidirse a invertir y asumir los compromisos con sus financiadores. Una vez fijados los costes de todo tipo y las condiciones de la financiación y con las plantas en funcionamiento, es evidente que los cambios regulatorios de contenido patrimonial tienen un impacto directo (daño efectivo) y sobrevenido muy fácilmente acreditable.
Muy a nuestro pesar, el debate no se centra en el carácter discriminatorio y retroactivo de las medidas o en el umbral de la rentabilidad razonable que garantiza la Ley del Sector Eléctrico. Ni siquiera se trata de la pérdida del valor actual de la compañía ni del deterioro de sus condiciones de financiación. Estamos pura y simplemente ante una cuestión de supervivencia. A nadie interesa que se frustren inversiones productivas tan cuantiosas y, menos aún, en el contexto económico por el que atraviesa el país, y por eso Protermosolar confía en el que el Gobierno de España modifique esta Ley introduciendo las enmiendas necesarias en su tramitación en el Senado para evitar esta situación gravemente discriminatoria y destructiva para el sector termosolar español.
Hoy, España copa el 70% de este sector puntero en innovación que tiene unas perspectivas de negocio futuro billonarias. Nuestras empresas están siendo adjudicatarias de importantes contratos para la construcción de centrales termosolares en el extranjero, con lo que ello supone también de retorno para nuestra economía y de prestigio para la marca España: Estados Unidos, Suráfrica, Marruecos, Chile….
Todas esas perspectivas quedarán cercenadas con la nueva ley, que destruiría el sector en nuestro país.
Cada euro de prima percibido por el sector termosolar aporta al PIB casi cinco. El retorno directo e inmediato de las primas a la termosolar en términos de impuestos y ahorros de importaciones y de subsidios de desempleo fue en 2011 el doble que las primas recibidas, ya que los 427 millones de euros con que se ha retribuido a las centrales termosolares durante el año 2011 han tenido como contrapartida una contribución al PIB de 2084 millones de euros y unas aportaciones de 564 millones de euros en impuestos, de 78 millones de euros en ahorros de importación de combustibles y de derechos de emisión y evitado unos subsidios de desempleo de 213 millones de euros (un resumen del estudio puede descargarse en www.protermosolar.com).
Las 39 centrales termosolares operativas en España en estos momentos están situadas en la mitad meridional del país y por lo tanto están contribuyendo a la convergencia económica con el resto de la nación de comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, ya que la construcción de una central dotada con capacidad de almacenamiento de energía da una ocupación equivalente de 2.214 personas de un año de duración, sin contar el empleo fijo que se crea para su posterior mantenimiento y operación.
Por todo ello el balance del sector termosolar no puede ser más rentable para España, que merced al esfuerzo en I+D+i realizado en estos años por nuestras empresas y centros de investigación ha logrado el liderazgo mundial en este ámbito.
