Los constructores piden a las administraciones un mayor compromiso para impulsar la obra pública en Cataluña

El ‘Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques’ ha pedido a las administraciones del Estado, autonómica y local, un mayor compromiso para el impulso de la obra pública en Cataluña. La Administración central redujo un 20,3 por ciento la licitación de obra pública el año 2008 en el conjunto del estado, hasta los 18.017 millones de euros. En Cataluña, el Estado invirtió un 38,4 por ciento menos en este concepto entre enero y octubre del 2008, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la Administración autonómica y local aumentaron la licitación de obra pública de un 71,8 y un 17,2 por ciento respectivamente durante los primeros 10 meses del año, aunque desde el Gremi se indica que este incremento viene dado sobre todo por el desarrollo de obras que por sus características (gran envergadura, financiación a largo plazo y adjudicación en régimen de concesión), se acaba entregando en bloque a las empresas grandes y dejan escasas posibilidades de participación a las pymes del sector.

La gerente de la entidad gremial, Mercedes Polo, recuerda que “el gobierno del Estado se comprometió el año pasado a impulsar la obra pública para contrarrestar el paro del mercado residencial”. Según Polo los datos de que se disponen indican que “la Administración central no está llevando a cabo las políticas anticíclicas que el sector necesita”. Mercedes Polo pide a las Administraciones “priorizar la inversión en infraestructuras que hagan más competitiva nuestra economía”. Avanzar en el campo energético mediante en impulso de la energía nuclear, la creación de una red de ferrocarriles para el transporte de mercancías y la construcción de desaladoras y otras obras hidráulicas son algunas de las medidas que el sector reivindica para la activación de la economía.

No obstante, desde el Gremi de Constructors se valora positivamente el impulso del Fondo Estatal de Inversión Local por parte del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta medida, con una dotación de 8.000 millones de euros, permitirá a los municipios la financiación de obras de nueva planificación y de ejecución inmediata.

Desde el Gremi se quiere remarcar el malestar creciente que hay en el sector de la construcción como consecuencia de las dificultades para las empresas adjudicatarias de obra pública a causa de la demora en los términos de pago por parte de las administraciones públicas. La gerente del Gremi critica que “la entidad pública adjudicataria supere fácilmente el término establecido por la ley de morosidad para pagar a las empresas, cosa que perjudica su capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas con terceros”.

Polo añade que “se da la circunstancia que las entidades financieras exigen cada vez más garantías complementarias en forma de aval cuando las empresas constructoras les presentan las certificaciones de obra de las administraciones públicas”.

El ‘Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques’ considera que en las actuales circunstancias de falta de liquidez, el modelo de contratación pública resulta discriminatorio para las pymes del sector, que son la práctica mayoría. La gerente de la entidad gremial cree que la situación “exige modificar la fórmula de pedir a las empresas licitadoras y a las empresas adjudicatarias el depósito de una suma de dinero en forma de avales técnicos y de ejecución, que puede suponer el 5 por ciento de la cifra de licitación o de adjudicación, lo que se acaba convirtiendo en un elemento discriminatorio para las pequeñas y medianas empresas, que limita su capacidad financiera”.

Es por eso que desde el Gremi se reclama a las administraciones públicas la adopción de medidas que faciliten la concurrencia de las pymes en las licitaciones y se evite, como expresa su gerente, que “la capacidad financiera de la empresa se convierta, ‘de facto’, en el único factor que determine el resultado del proceso”.