Entrevista a Javier Romero de Córdoba, presidente de Asagua

El presidente de Asagua denuncia que “un bajo nivel de inversión prácticamente anula la capacidad de un país para ser referente en innovación, lo que impide que las empresas destinen recursos para I+D+i”. Romero de Córdoba apunta que invertir de forma adecuada “siempre es garantía de conservación del capital público hidráulico y permite su tan necesario incremento en aras de asegurar esa protección, conservación y respeto al medio ambiente que proclama la Constitución y que resulta fundamental para la vida en nuestro planeta”.

Se entiende que hablamos del sector integral del ciclo urbano del agua que comprende abastecimiento, saneamiento y depuración y también la regeneración y la desalinización, que son dos fuentes de recursos importantes.

A lo largo de la última década se han venido realizando actuaciones en todas estas fases del ciclo, aunque no siempre todas las necesarias. En realidad, esto viene siendo así desde el comienzo de los 2010, lo que ha acumulado, a lo largo de todos estos últimos años, un déficit de inversión de más de 50.000 millones de euros, cifra a la que aproximadamente se está haciendo referencia en algunos de los discursos preelectorales que estamos viviendo estos días.

En materia de abastecimiento quedan actuaciones pendientes en pequeñas poblaciones, fundamentalmente en la rehabilitación de infraestructuras y optimización del recurso minimizando las pérdidas. En depuración queda mucho por hacer y sobre todo resulta de suma urgencia ejecutar esas depuradoras causantes de la multa impuesta por Europa. Además, de cara a los objetivos de eficiencia contemplados por la economía circular, es importante regenerar más agua, lo que pasa por añadir procesos terciarios a las depuradoras que no los tienen. En la Región de Murcia prácticamente se regenera el 100% del agua que pasa por las depuradoras, lo que indica que es posible duplicar la capacidad actual de España situada en el entorno de los 500 Hm³. En cuanto a la desalación, poco más adicional a lo ya existente se ha ejecutado en la última década.

Hay que tener en cuenta que las actuaciones necesarias en materia de abastecimiento o saneamiento son ambiciosas debido a la elevada cantidad de kilómetros de tuberías, de los cuales del orden del 40% tiene una antigüedad que supera los cuarenta años y, por ello, les pone en primer orden para ser sujeto de renovación, ya que en el caso del abastecimiento las pérdidas de agua que pueden alcanzar valores de hasta el 40%. Estamos hablando de una longitud de las redes de abastecimiento de 250.000 kilómetros y de saneamiento de 190.000 kilómetros (Cátedra AQUAE-AEAS 2019).

Además, como es inmediato pensar, en todos los ámbitos del ciclo integral es necesario tener capacidad e inversión para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, tarea que debe alcanzar los 3.000 millones de euros al año.

De la escasa inversión en estos años dan idea las cifras de contratos de obras (programas 452 y 456) licitados por la Dirección General del Agua del Miterd que supusieron 1.027 millones de euros de presupuesto de licitación y 659 millones de euros de presupuesto de adjudicación, lo que supone bajas superiores al 30%.

Bien es cierto que en el último año y medio se ha notado un cambio y tanto las administraciones centrales, propiamente o a través de Acuaes, como los organismos de las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos han incrementado la licitación de contratos. Todo ello animado por los fondos europeos.

El corto y medio plazo dependen y mucho de los Fondos Europeos ‘Next Generation’. De los 69.500 millones de euros en ayudas directas, España ya ha recibido 37.000 millones de euros en pagos semestrales. Cifra muy importante que puede contribuir a paliar el déficit de infraestructuras. De esta cantidad, el agua recibirá más de 3.500 millones de euros, lo que unido a las inversiones previstas en los planes hidrológicos y los presupuestos de las distintas administraciones públicas supone una inyección importante que permitirá acometer nuevas infraestructuras y mejorar las existentes.

Las inversiones procedentes de estos fondos tienen que estar concluidas en el año 2026, lo que da poco margen de tiempo para ejecutarlas. Algunas de las obras licitadas y adjudicadas a partir de 2020 que han podido ser incluidas en los fondos de Next Generation conllevan requisitos adicionales que incrementan el precio adjudicado, ya de por sí muy perjudicado por la subida extraordinaria de los materiales y de la energía, lo que pone en riesgo su ejecución.

La demora en la licitación de las actuaciones y ese plazo para concluirlas ponen en riesgo la ejecución de los fondos y por tanto su aprovechamiento, pues en caso de no concluirlas hay que devolverlos. Este es un reto de primer orden.

Otro reto también de suma importancia es el cumplimiento total de los planes hidrológicos de cuenca, 2022-2027, recientemente aprobados, cuyo fin es conservar y mejorar la calidad de las masas de agua, además de otras cuestiones como modernizar los sistemas. Llevan asociadas una inversión de unos 23.000 millones de euros y 6.500 medidas. En lo que se refiere al ciclo urbano del agua, de ese dinero 6.600 millones de euros están destinados a la mejora del saneamiento y la depuración y 2.200 millones de euros a la del abastecimiento.

Conviene remarcar que es necesario seguir trabajando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para conseguir que la oferta adjudicataria sea la mejor, para lo cual es muy importante igualar el peso de las partes técnica y económica de las ofertas y dar una nueva vuelta a los sistemas de contratación, en especial a las curvas de las fórmulas de valoración económica y umbrales de temeridad.

De la importancia del sector dan noticia sus 7.500 empleos directos, los 35.000 indirectos y los 7.500 millones de euros de facturación anual. Hitos que se superarán si se cumplen de verdad las previsiones de inversión.

En estos años Asagua ha venido reclamando modificaciones en la forma de actuar en las materias propias del sector. Lo ha hecho haciendo llegar sus aportaciones, quejas y sugerencias a las distintas administraciones públicas con competencias en materia de agua, entrando en contacto incluso con todos los partidos políticos, relacionándose con los agentes sociales y aprovechando tribunas y demás publicaciones.

Lo que puede hacer una asociación profesional es denunciar situaciones anómalas y proponer los oportunos cambios. Esta labor continuada en el tiempo algo habrá influido en la toma de decisiones de los que ‘mandan’.

En cuanto a inversiones, Asagua ha defendido que sean sostenibles en el tiempo, por eso se opone a la inversión en dientes de sierra.

La insuficiente inversión pública incide directamente en el deterioro de las infraestructuras y pone en riesgo los servicios del ciclo urbano del agua, suponiendo además un sobrecoste tanto en las explotaciones en curso como los derivados al futuro cuando se acometan los mantenimientos preceptivos, pero con unas instalaciones mucho más deterioradas. Además, conlleva la pérdida de empleos cualificados, restando capacidad al sector, que siempre ha sido puntero a nivel internacional y en la actualidad lo sigue demostrando.

Por otra parte, un bajo nivel de inversión prácticamente anula la capacidad de un país para ser referente en innovación, no pudiendo las empresas destinar recursos para I+D+i.

La escasa inversión acrecienta las bajas en las licitaciones que se sitúan en niveles poco o nada razonables y pone en riesgo el cumplimiento del contrato y, en el caso de los servicios, la calidad de los mismos. Se debe buscar la mejor relación calidad-precio, que no corresponde necesariamente a la oferta más barata.

Una inversión adecuada siempre es garantía de conservación del capital público hidráulico y permite su tan necesario incremento en aras de asegurar esa protección, conservación y respeto al medio ambiente que proclama la Constitución y que resulta fundamental para la vida en nuestro planeta.

Para revertir la situación, Asagua propone que la inversión sea sostenida y sostenible en el tiempo. Para conseguirlo, se necesita una buena planificación en la que primen los aspectos técnicos y las necesidades sociales sobre los intereses partidistas para alcanzar el bien común. No es sensato prescindir de cualesquiera sistemas que contribuyan a obtener recursos y repartirlos con solidaridad, como los tan contestados trasvases y embalses.

En cuanto a otros aspectos, consideramos necesario residenciar las competencias en materia del ciclo urbano del agua en estructuras supramunicipales, ya que es un hecho que la mayoría de los ayuntamientos carecen de recursos económicos y técnicos para afrontar el servicio con las debidas garantías.

Aunque sea repetir sobre lo ya manifestado durante tantos años, se hace cada vez más urgente la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional para garantizar planes hidrológicos de cuenca. Planes que sean sensatos y, por tanto, que se puedan cumplir. Para ello es necesario cambiar las estructuras administrativas y agilizar los trámites inherentes al proceso de licitación, además de abordar una actualización de la Ley de Aguas.

Cabe aquí un comentario al respecto de seguir intentando establecer un marco normativo y jurídico para posibilitar la colaboración público-privada. En otros países, donde incluso están participando nuestras empresas españolas, es una fórmula habitual y con numerosos casos de éxito. Todo esto, en este entorno político-económico que nos encontramos últimamente y que tiene pinta de prolongarse en el futuro, es fundamental y necesario para acrecentar la inversión necesaria para garantizar la sostenibilidad.

Una comunión entre las regiones, aproximándose a lo que sería un ya utópico Pacto Nacional por el Agua, con un consenso regulatorio global donde en todos los casos se pague el precio del coste del agua, tal y como ya hace varias décadas está recogido en la Directiva Marco del Agua para que así se garantice la debida solidaridad entre las regiones de España y la búsqueda de la igualdad entre todos los ciudadanos.

Para finalizar, quiero hacer una somera referencia a la subida extraordinaria del coste de los materiales y de la energía, añadido a los problemas que causa el desabastecimiento, todo lo cual impone la implantación de la revisión de precios sin el límite del 20% y la inclusión de los costes laborables y la energía y que, en términos de igualdad con los contratos de obra, se extienda a los contratos de servicios.

Las bajas en las licitaciones, debido a la escasez de estas, están propiciadas por pliegos poco realistas que velan la suma importancia de la memoria técnica y priman aspectos puramente formales, como puede ser el caso del personal adscrito a la obra.

Las empresas españolas que dedican su actividad al mundo del agua son un referente a nivel mundial. Están suficientemente capacitadas para cumplir cualesquiera normas que afecten a la mejora de la calidad del servicio. No en vano, cuentan con departamentos no sólo técnicos, sino jurídico-administrativos, todos de primer nivel, perfectamente capaces de adaptar sus procedimientos y sus proyectos e infraestructuras a los requerimientos técnicos necesarios. Esta actividad forma parte de su día a día, pues buscan la mejora y la optimización de la eficiencia de las instalaciones por ellas gestionadas con el fin de dar un mejor servicio y abaratar los costes, todo ello sin merma de la calidad ofrecida y aumentando incluso la compatibilidad por un cada vez mayor respeto y cuidado del medio ambiente.

De lo dicho, es un claro exponente la primera convocatoria en concurrencia competitiva del PERTE del agua, que busca la digitalización integral del ciclo urbano del agua y que ha sido todo un éxito. Ha recibido un aluvión de propuestas originales y novedosas gracias a la capacidad de innovar que tienen las empresas del sector, que son motor de arrastre de las administraciones públicas.