Continúan los desafíos para el sector

Jesús Maza es el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AEAS-AGA)

Para poder afrontar con éxito los desafíos que tenemos por delante, necesitamos, además, la implicación de agentes muy diferentes. Por un lado, las propias entidades gestoras, que deben asumir el reto de implementar los cambios que la coyuntura les obliga. Por otro lado, las administraciones, responsables en la mayoría de los casos de incorporar una legislación y hacerlo de forma que haga viable la sostenibilidad del sector en su conjunto. Y, por último, del ciudadano, agente fundamental y objetivo final de nuestro trabajo, al que debemos prestar toda nuestra atención para poder ofrecerle los niveles de calidad y eficiencia que nos exige, pero con el que, al mismo tiempo, tenemos que llevar a cabo una labor de comunicación y aprendizaje, que permita implementar muchos de los cambios necesarios.

En primer lugar, el déficit inversor en el sector del agua es ya secular. Tenemos una tasa de renovación de las redes de distribución que, por ejemplo, haría que muchas de ellas pudieran llegar a tener 400 años de vida antes de que les llegue el momento de su renovación. En esta línea, la necesidad de inversión anual en renovación de redes de abastecimiento supera los 350 millones de euros y está claro que, sin unas redes eficientes, no podremos atender los retos que nos lleguen desde Europa.

Otro aspecto donde la dificultad en la inversión se hace patente es en todos los temas relacionados con la depuración, donde la normativa cada día es más exigente y son pocas las instalaciones que actualmente son capaces de cumplir la nueva normativa. Asimismo, son pocas las instalaciones que no cumplen con la legislación recientemente modificada. La necesidad de inversión en ese terreno también es patente. Todo ello configura uno de los principales retos a los que debemos hacer frente en los próximos meses y años.

En realidad, este déficit de inversión no es más que la punta de iceberg de un sector, cuya estructura actual es claramente insostenible. Si en la tarifa que actualmente se está cobrando por el agua en España no se lleva a cabo un proceso de revisión profundo que conduzca, por un lado, a que cubran todos los costes de abastecimiento y saneamiento del agua y que, por otro, sea lo suficientemente transparente para que el ciudadano la entienda, difícilmente podremos lograr la sostenibilidad de nuestro sector. Y para alcanzar el equilibrio seguiremos dependiendo de programas de subvenciones puntuales o de la imposición de alguna tasa o impuesto que vaya a cubrir casos muy concretos. Como curiosidad, cabe resaltar que en varios países europeos ya existen tarifas, no solo de abastecimiento, alcantarillado y depuración, sino que también se contempla una tarifa dedicada a la gestión del agua de lluvia.

El ciudadano tiene que estar en nuestro horizonte permanentemente. Tiene que conocer que detrás de un elemento tan esencial para su vida como el agua potable, hay una serie de inversiones, mantenimientos, tecnología, etc. a los que debemos hacer frente de forma equilibrada. Debe conocer mucho mejor qué hay detrás de todo ello, porque de esta forma podrá apreciar mucho mejor el servicio que se le presta y será mucho menos gravoso hacer frente a su coste. Tengamos en cuenta, además, que un elemento tan esencial en la vida como el agua no alcanza el 1% del gasto de las familias.

En este sentido, es evidente que la aparición de un regulador del sector podría aportar mucha transparencia y equidad al mismo. Las diferencias existentes hoy día en el agua, según el territorio en el que nos movamos, siguen siendo importantes y esto contradice aspectos esenciales de nuestra Constitución.

La Unión Europea ha entrado en una dinámica legislativa especialmente activa, en todo lo que tiene que ver con los aspectos medioambientales. Las transposiciones de todas estas normas generan una enorme incertidumbre entre todos los agentes afectados, porque no siempre el país está preparado para incorporar en su legislación lo que envía Bruselas.

Asuntos como la Directiva de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU), cuya transposición está en este momento en marcha, o aspectos como la revisión de los procesos de contratación pública, van a tener un impacto definitivo en nuestro sector.

Esta normativa, en la mayor parte de los casos, obligará a las entidades gestoras a adaptar muchos de sus procesos productivos a las exigencias marcadas, lo cual, además de la necesidad de inversión, conllevará un proceso de adaptación importante en las propias organizaciones.

Hay que tener en cuenta que, nuestro sector está volcado de forma decidida a prestar un servicio esencial al ciudadano, pero este trabajo tiene una incidencia muy grande en el entorno medioambiental, por lo que estamos sujetos a todos los cambios normativos relacionados con este tema.

Abastecemos de agua a las ciudades, pero también gestionamos todos los residuos que se generan tras su depuración. Esta responsabilidad medioambiental, no debería ser solo de las empresas gestoras del ciclo integral, sino también de las empresas que generan en muchas ocasiones la contaminación, y también debería contar con la colaboración del ciudadano para un uso eficiente y responsable de este recurso.

Es necesaria una coordinación total entre las autoridades estatales que realicen la transposición y el resto de administraciones, tanto autonómicas como locales, y, por supuesto, éstas deben contar con los gestores del agua que, en definitiva, somos los que conocemos la realidad del sector y los que tendremos que implementar los objetivos que nos planteen.

En otra línea, tenemos que trabajar de forma decidida en intentar retirar al agua del debate político, pero incluirlo en la agenda política del país. No puede ser que solamente hablemos del agua cuando hay sequía o cuando hay inundaciones o que solamente aparezca en los informativos cuando un alcalde quiera subir la tarifa. Estos son aspectos que deben estar claramente superados y, sobre todo, objetivados. Las administraciones tienen que preocuparse de que el agua llegue en las mejores condiciones a todos los rincones del territorio y la clase política debería dejar de utilizar este recurso como un asunto que le sirva para atacar al contrincante político.

En nuestro sector, estamos obligados a convivir con el ámbito local, que es el que tiene la competencia fundamental de abastecimiento y saneamiento, pero también con los niveles autonómicos y central, lo cual en muchas ocasiones hace complejo saber frente a quién tenemos que reivindicar qué cosas.

Como estamos reclamando desde nuestra asociación, necesitamos que el sector del agua urbana vuelva a estar en el centro del interés real de todos los responsables de la administración, políticos y técnicos. Que cuenten con los gestores del agua para la búsqueda de soluciones y que, entre todos, sigamos manteniendo a este importante sector entre los más competitivos del país.

Nuestros modelos de trabajo incluyen todo tipo de colaboración entre sector público y el sector privado, marcado siempre por la mayor eficiencia, y donde se miran muchos otros países como ejemplo de las cosas bien hechas.

"La necesidad de inversión anual en renovación de redes de abastecimiento supera los 350 millones de euros y está claro que, sin unas redes eficientes, no podremos atender los retos que nos lleguen desde Europa"