Entrevista a Adrián Baltanás, director general de Asagua

Asagua es una asociación de empresas de tratamientos de aguas, comprometidas con la protección y conservación de los recursos hídricos, convencidas de que la tecnología es el mejor medio para ello. Como objetivos principales, Asagua promueve la actividad del sector en el mercado nacional y apoya la presencia de nuestras empresas en el exterior. Asimismo, colabora con las administraciones públicas en el desarrollo de políticas de sostenibilidad hídrica para las ciudades, la agricultura, la industria o el turismo. Finalmente, impulsa la colaboración de los sectores público y privado en la financiación de infraestructuras y fomenta la investigación de nuevas tecnologías.

Hace un año, se puso en marcha esta iniciativa inspirada en la importancia decisiva que el tratamiento del agua tiene para el progreso de la sociedad. El abastecimiento con recursos de buena calidad, la depuración de los vertidos urbanos e industriales, la desalación y reutilización constituyen, cada vez más, nuevas formas de obtener agua imprescindibles para la vida, la salud y la conservación del medio ambiente. Hoy en día, esto desgraciadamente se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que más de dos mil millones de personas todavía no pueden disponer de esos servicios.

Asagua está constituida por ocho asociados de perfil muy diverso: pertenecen o no a grandes grupos empresariales, algunos de ellos multinacionales; trabajan sólo en el sector de tratamiento de aguas o desarrollan también otras actividades de construcción y servicios. Sin embargo, todos ellos tienen en común una larga experiencia en el ámbito de la construcción y gestión de todo tipo de plantas de tratamiento y una cada vez mayor actividad en otros países –principalmente del Mediterráneo, Latinoamérica y Europa del Este–, necesaria para garantizar su estabilidad y crecimiento. Por supuesto la asociación está abierta, de acuerdo con sus estatutos, a la incorporación de otras empresas que compartan los fines de Asagua y dispongan de experiencia acreditada y de actividad en el sector. En este sentido, ya hemos recibido algunas solicitudes que estamos estudiando.

El Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007/2015 supone una inversión de unos 20.000 millones de euros que desarrollan conjuntamente el Ministerio de Medio Ambiente, las comunidades autónomas y algunos de los grandes ayuntamientos. Su importancia es enorme, porque permite que todas las plantas depuradoras y vertidos se ajusten a los objetivos ambientales de la Directiva Marco europea del agua. Y con ello, la correspondiente recuperación de la calidad de las aguas fluviales, costeras y subterráneas. Al mismo tiempo constituye una fuente muy importante de actividad para el sector, así como una ocasión excelente para la implantación de las tecnologías más avanzadas. Por todo ello las empresas esperamos que se imprima el máximo dinamismo al establecimiento de los acuerdos bilaterales entre el ministerio y las consejerías autonómicas. Acuerdos que son la base para la financiación y ejecución de este plan. Dadas las dificultades presupuestarias actuales a este respecto, desde el sector se estudian, en colaboración con diversos entes administrativos, fórmulas de participación de la financiación privada.

En cuanto a la segunda cuestión, este plan nacional se debe referir al ámbito más amplio del ciclo urbano integral del agua. Es decir, inversiones permanentes para que nuestros sistemas de abastecimiento tengan una garantía frente a periodos de sequía, así como un agua de mejor calidad mediante nuevas fuentes de recursos. También para que se mejore la eficiencia en el consumo de agua y energía. Es ahí donde se inscriben también otros planes del Ministerio de Medio Ambiente –como los de desalación y reutilización, el primero en fase muy avanzada de ejecución, y el segundo actualmente en proceso de elaboración–, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, u otras inversiones no necesariamente recogidas en planes o destinadas a conservación y mantenimiento. Aunque se ha avanzado bastante, todavía queda mucho por hacer para alcanzar los fines señalados. En este sentido, se debe pedir a las administraciones competentes que establezcan objetivos concretos, plazos de ejecución y fórmulas de financiación. Desde luego, para lograrlo cuentan con la colaboración del sector.

A la hora de hacer frente a problemas de escasez y sobreexplotación de los recursos hídricos, hay que plantear todas las alternativas con la mentalidad más abierta, sin prejuicios y con algunos pocos principios básicos. El primero, consiste en que la solución radica en una utilización –por muy manido que esté el término– sostenible del agua y de los restantes recursos –energía y territorio fundamentalmente–, no sólo porque así lo establezca la Directiva Marco y nuestra propia legislación, sino por pura racionalidad. El segundo, en que los precios por los servicios del agua tienen que pagar íntegramente sus costes, porque es una condición imprescindible para garantizar la calidad de los mismos. En consecuencia, y en lo que se refiere al agua, el modelo de desarrollo de las zonas con escasez tiene que reconvertirse gradualmente hacia actividades poco consumidoras y de alto valor añadido.

De esta manera, la primera actuación es la mejora de la eficiencia de los sistemas actuales. Por ejemplo, modernizar los regadíos, abastecimientos urbano y turístico y aprovechamientos hidroeléctricos, así como reutilizar aguas regeneradas para reducir la demanda y aumentar la oferta sin consumir más recursos. Esto exige inversiones elevadas, que en el caso de los regadíos se tienen que ponderar, cuidadosamente, en función del futuro del sector agrícola. Como resultado, el esfuerzo económico se concentra en las producciones más rentables y seguras. En este caso, también queda trabajo pendiente, pero hay que destacar el enorme esfuerzo que ha llevado a cabo y todavía realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. A partir de ahí, de entre las alternativas para el incremento verdaderamente necesario de nuevas disponibilidades de agua –embalses, aguas subterráneas, desalación, trasvases- habrá que seleccionar la que, en cada caso concreto, reúna mejores condiciones de viabilidad económica y ambiental y de ausencia de conflictividad social, sin apriorismos favorables a una u otra.

Al igual que con todos los recursos escasos –energéticos, mineros, de territorio-, el mundo ha sido pródigo en conflictos por el agua. De esa experiencia tenemos que aprovechar la manera de evitarlos o resolverlos en el futuro. Y en este campo, la aportación española puede ser valiosa debido a su lucha contra la escasez hídrica desde la propia civilización romana. La ausencia de conflictividad tiene que ser un indicador básico de viabilidad a la hora de optar por unas u otras medidas para incrementar –o mantener en su caso– las disponibilidades de agua. Eso significa que, para alcanzar una solución verdaderamente sostenible a un problema de escasez, el mayor o menor riesgo de conflictividad se debe evaluar desde el primer momento, al mismo tiempo que los condicionantes técnicos, económicos o ambientales. Los acuerdos vigentes entre Portugal y España para la gestión de las cuencas compartidas –Miño, Duero, Tajo, Guadiana– son un modelo de colaboración en cualquier situación: normal o de emergencia causadas por sequías o inundaciones.

Por otra parte, y ya en el ámbito internacional, la contribución española para resolver los problemas del agua es apreciable. Ello se debe a la inversión creciente que nuestro país dedica, en general, a la ayuda para el desarrollo. Al fondo, valorado en 1.500 millones de dólares, que España destina a proyectos de abastecimiento y saneamiento en Latinoamérica, y a la experiencia de nuestras empresas, presentes en los cinco continentes.

Mi experiencia de cuatro años y medio en la sociedad estatal Acuamed no puede ser más satisfactoria; estoy muy agradecido a las dos ministras de Medio Ambiente con las que he colaborado en esa etapa. Creo que Acuamed es un instrumento muy valioso al servicio de las administraciones hidráulicas mediterráneas –estatal, autonómicas y locales– para financiar y desarrollar inversiones eficientes en toda clase de infraestructuras que contribuyan a una gestión más sostenible del agua en una zona con problemas de escasez, sobreexplotación y riesgos ambientales.