Cantabria pide a Planas más apoyo a la ganadería en los nuevos ecoesquemas de la PAC
El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, se reunió con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común y ha insistido en la necesidad de que el reparto de los nuevos fondos refleje la situación de los ganaderos y agricultores de Cantabria.
La apuesta firme por el agricultor profesional, la consideración de las características peculiares de la Comunidad Autónoma en el pago por superficie, el mantenimiento de las ayudas asociadas, y una mayor presencia del sector ganadero, especialmente el vacuno de leche, en los ecoesquemas comunitarios han sido las principales reivindicaciones que Blanco ha trasladado a Planas.
El consejero reiteró el apoyo de la Cornisa Cantábrica, tal y como recoge el documento conjunto de postura común firmado por Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco, a la propuesta del Ministerio de definir al agricultor genuino con el establecimiento de un porcentaje mínimo de al menos un 30 % de los ingresos agrarios sobre los totales, si bien “Cantabria siempre ha defendido que debiera ser considerado como tal al que perciba al menos el 50% de los ingresos que proceden de sus rentas agrarias”.
Para ello, considera necesario que el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España para el periodo 2023-2027 destine al pago redistributivo al menos el 10% de la dotación disponible para ayudas directas del primer pilar.
Otra de las cuestiones prioritarias para el consejero de cara al nuevo reparto de fondos comunitarios es el mantenimiento de las ayudas asociadas en los sectores de vacuno de leche y de carne, así como en ovino y caprino, con una dotación, al menos, similar al anterior periodo de programación 2014-2020. Con el fin de contar con la financiación necesaria para el mantenimiento de estas ayudas, el consejero propuso que el porcentaje final de las ayudas asociadas a los pagos directos sea de un 15% porque, en su opinión, “necesitamos que el porcentaje de estos fondos se eleve al máximo que permita la normativa comunitaria”.