Antes del próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebrará el 22 y 23 de marzo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación está dispuesto a hacer un esfuerzo de diálogo extraordinario en aras de un gran acuerdo nacional. En relación con el Nuevo Modelo de Aplicación, España defiende que se mantenga el mandato del Consejo de buscar la máxima simplificación y flexibilidad.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA para abordar el estado de situación de las negociaciones para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Una primera reunión, según ha explicado, con la que inicia una ronda que le llevará a reunirse a continuación con cada una de las comunidades autónomas a lo largo del mes de abril. El objetivo será sumar y conseguir un gran acuerdo nacional, una gran tarea –ha dicho- que significará definir cómo se distribuyen las ayudas y cómo se hará la convergencia (equiparación de ayudas entre beneficiarios de la PAC).

Con respecto a esta última, ha indicado que el ministerio está dispuesto a hacer un esfuerzo extraordinario de diálogo para poner sobre la mesa el proceso de convergencia del año 2022, en el marco de la negociación global de la futura PAC. Ha remarcado, no obstante, que la convergencia tiene que ser gradual, pero continua, y tener una fecha de finalización.

España apoya a la Presidencia portuguesa de la Unión Europea en su intención de cerrar el acuerdo sobre los tres reglamentos de la nueva PAC en este primer semestre de 2021, para poder avanzar con certidumbre en la elaboración del plan estratégico nacional. Para ello, está prevista la celebración de un “supertrílogo” el próximo 26 de marzo, del que se esperan importantes avances.

De cara al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) del 22 y 23 de marzo, España participará activamente en el debate de los dos “paquetes de compromiso” que presentará la Presidencia, sobre los bloques de pagos directos y Nuevo Modelo de Aplicación (New Delivery Model) con la intención de que se puedan cerrar posteriormente en el citado supertrílogo. Según ha explicado el ministro, el cierre de estos temas permitirá pasar a los siguientes bloques, principalmente el de arquitectura verde y el de otro tipo de intervenciones.

En relación con el Nuevo Modelo de Aplicación, el ministro ha explicado a las organizaciones agrarias que España defiende que se mantenga el mandato del Consejo de buscar la máxima simplificación y flexibilidad, así como que la evaluación del rendimiento sea homogénea para todos los Estados. En cualquier caso, Planas entiende que la necesidad de evaluar el rendimiento en el nuevo modelo no puede suponer un aumento de la carga administrativa. “Que no se haga más compleja la PAC”, ha dicho.

Planas ha apuntado asimismo que todavía siguen en discusión cuestiones como la figura del agricultor genuino, la convergencia interna, el régimen de pequeños agricultores, el pago redistributivo o el apoyo a los jóvenes, entre otras. Sobre ellas, España también defiende la necesaria flexibilidad para que cada Estado pueda determinar la política más adecuada a su situación, siempre bajo el principio de subsidiariedad.

Por otra parte, Planas ha asegurado a las organizaciones agrarias que el ministerio tiene muy en cuenta al sector del tabaco crudo, al igual que otros sectores con problemáticas específicas, en los trabajos de análisis de diagnóstico y de elaboración del Plan Estratégico de la PAC, dada su importancia y social y económica para las zonas donde se cultiva. Por ello, España presentará una propuesta de futura PAC en la que estos sectores tengan el mejor encaje posible.

El ministro ha recordado, asimismo, que España solicitará en el próximo Consejo de Ministros medidas excepcionales para el sector del vino, debido a la crisis que atraviesa como consecuencia de la pandemia, y que son ya 13 los Estados miembros que apoyan esta iniciativa.

En rueda de prensa, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha señalado que “se abren nuevas vías de trabajo para llegar a una definición concreta” de la convergencia. En concreto, ha considerado que hay nuevas vías para llegar a un punto de acuerdo sobre las regiones, los derechos individuales y la convergencia interna, entre otros asuntos que deben debatirse a nivel nacional y con las comunidades autónomas. “Me gusta agotar todas las vías posibles de diálogo y, si no me queda otra solución, quizás haría la demanda”, ha subrayado Barato, en alusión al recurso presentado en los tribunales contra dicha norma por parte de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac).

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha apostado por suprimir las nuevas reglas de transición en 2022 e integrar ese año en el periodo que se extiende al menos hasta 2027 con el fin de que haya una convergencia ”progresiva que no genere distorsiones”. Asimismo, ha apuntado que la convergencia -que busca aproximar los importes de pago básico a la media de las regiones- “no tiene por qué derivar en un pago por superficie”, puesto que así se está “reforzando la propiedad y no al agricultor activo”.

Blanco ha instado a buscar un “punto medio“ en la futura reducción del número de regiones de derechos de pago básico (actualmente hay 50) para que ”la diversidad de la actividad agraria no se distorsione”, y ha llamado a priorizar el acceso a las ayudas redistributivas para los que tienen en la agricultura su actividad principal.

Además, el representante de COAG ha apoyado dar ayudas extraordinarias al vino, fomentar el regadío, extender la replantación de viñedo a 2040 y regular el mercado en situaciones de crisis, aunque se ha mostrado en contra de reforzar más la condicionalidad de las ayudas y de la definición de agricultor genuino propuesta por la Comisión Europea.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha defendido que se abra el debate para lograr una solución respecto a la convergencia de la PAC con el fin de que “se aplique con más flexibilidad“ y se otorgue más tiempo de adaptación, ante la ”inquietud“ generada en algunas zonas. A su juicio, las ayudas agrarias deben destinarse a ”la gente que de verdad lo necesita”, en particular a los agricultores familiares y profesionales, incluso si sus explotaciones son grandes y generan riqueza y empleo, a diferencia de quienes “no deberían percibirlas”.

Ramos ha reclamado que haya un presupuesto específico para las ayudas redistributivas que beneficie ese modelo de agricultura familiar y que la reforma de la ley de la cadena alimentaria “dé resultado“ para lograr precios justos en el campo. Ha mostrado su apoyo a las gestiones del Ministerio en relación con las ayudas del vino y su compromiso para tener en cuenta la región del tabaco, que tiene un ”alto interés social en Extremadura”.