Por una gestión eficiente del agua

Quienes conocen el mundo del agua saben de sus particulares características derivadas de su absoluta necesidad y consideración por los usuarios –debido a la escasa educación ciudadana-, que consideran que, aunque es imprescindible para la vida, al ser parte de la naturaleza solo hay que cogerla del grifo y utilizarla. A estas alturas son muchos los que mantienen esa creencia y por tanto consideran que el agua ha de ser gratuita.

Es hora de cambiar ese falso mito y explicar a la ciudadanía que antes de ser consumida el agua necesita operaciones y tratamientos y después de usarla también y que esos procesos valen dinero. Preservar un bien tan escaso y vulnerable a la contaminación es costoso. Se trata de un bien de naturaleza económica susceptible de ser una fuente de especulación y de generar conflictos si no se gestiona en términos solidarios, de ahí la urgente necesidad de lograr un pacto de Estado que garantice su uso equilibrado en cantidad y calidad con precios similares en todos los territorios. Además, hay que paliar los episodios de inundaciones y sequías que por las características climáticas del país no afectan a todas las regiones por igual, ya que las lluvias no se distribuyen uniformemente en todo el territorio y en consecuencia su disponibilidad no es igual en unos lugares que en otros.

La gestión eficaz del agua necesita una planificación –planes hidrológicos- excelente a corto, medio y largo plazo, acompañada de la inversión que posibilite las actuaciones previstas, incluidas las infraestructuras necesarias para que pueda ser utilizada y devuelta a la naturaleza en óptimas condiciones. Todo en un clima de solidaridad previamente consensuado.

Conviene recalcar que los recursos económicos necesarios para desarrollar las actuaciones que exija el cumplimiento de lo planificado, han de ser sufragados por los ciudadanos que utilicen el agua, tal y como exige la Unión Europea en su Directiva Marco del Agua del año 2000; recursos que se traducen en un precio que el principio de solidaridad debe conseguir que sea el mismo o parecido en cualquier lugar de la geografía de España.

En 2017, con años de retraso, se aprobaron los Planes Hidrológicos de las cuencas intercomunitarias y la práctica totalidad de los de las intracomunitarias. Con ello se ha cumplido formalmente con Europa, pero no se ha logrado el resultado esperado. Solo hay que fijarse en los programas de medidas, ambiciosos pero incumplibles por las numerosas actuaciones que prevén y la fuerte inversión que precisan, máxime cuando estamos inmersos en un marco político que la castiga sin piedad.

La planificación hidrológica es garantía de supervivencia: de ella dependen la conservación y mejora del medio ambiente y del bienestar social; es la herramienta imprescindible para conseguir una gestión eficiente porque planificar es distribuir los recursos de modo que se cubran todas las necesidades -máxime en un país como España con fuertes desequilibrios climáticos entre sus regiones-, utilizando la ciencia y la técnica y no las complacencias políticas del momento. Además, la planificación requiere ser actualizada y revisada huyendo de las sustituciones poco o nada fundadas o caprichosas, tan nefastas para los intereses públicos.

Hay que acabar con las guerras del agua y para ello debe lograrse un pacto nacional asentado sobre bases técnicas, no políticas, presidido por la solidaridad entre comunidades y con un precio único o similar del agua en toda España para cada uno de sus usos. Todo ello acompañado por normas -claras y pocas-, que primen el uso eficiente y sancionen con rigor la contaminación, o mejor la prevengan. Solo así se alcanzará la paz social y se evitará el despilfarro que supone apostar en cada momento -sin criterios o con ellos viciados- por unos u otros recursos cuando en España son todos necesarios.

En definitiva, abogamos por planes hidrológicos sensatos, objetivos y vinculantes para todos, algo que parece inalcanzable pero que debe intentarse. Los compromisos económicos que conllevan los planes hidrológicos tienen que ser vinculantes para el Ejecutivo que acceda al Gobierno, que deberá desarrollarlos y hacer que sean revisados, siendo para ello imprescindible que el agua cuente con su propio Ministerio.

Estos planes contemplan las inversiones necesarias para desarrollar sus actuaciones previstas y anualizadas, que se traducen en capital público. Por ello y porque el agua es uno de los recursos imprescindibles para garantizar la supervivencia, es vital que se respeten las cuantías asignadas, por lo que deben recogerse tal cual en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta atonía, ya casi costumbrista, que impregna las inversiones tiene que acabar. La situación debe revertirse o seguiremos sin cumplir la Directiva Marco del Agua y la UE impondrá más sanciones millonarias a España. Y lo más importante, o lo hacemos o no tendremos depuradas la totalidad de las aguas residuales con las consiguientes afecciones negativas para el medio ambiente. Tantos años sin una inversión adecuada y sensata que evite los despilfarros de tiempos pasados, está poniendo en riesgo el abastecimiento y el saneamiento que pide a gritos su renovación y produce una seria distorsión en el mercado, ya que la carencia de trabajo está motivando ofertas económicas imposibles de cumplir y obligando a retirar del sector a muchos excelentes profesionales en cuya formación se ha invertido esfuerzo y dinero.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado recientemente a información pública el Plan DSEAR (depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización), “cuyo diseño se establece con el propósito de garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua”. Nace para estimular la solución a problemas que, en materia de objetivos ambientales y de satisfacción de las demandas de agua, no han podido ser resueltos como evidencia el desarrollo de los planes hidrológicos de segundo ciclo -2016-2021- cuya inversión real a finales de 2017 -transcurrido el 33% de su tiempo- apenas llega al 20-25% de la programada (21.285.946.060€ para el ciclo 2016-2021). De los programas de medidas de los planes extrae las de depuración y saneamiento, eficiencia y ahorro y reutilización y las valora.

Las cifras son tan ambiciosas como difíciles de creer, teniendo en cuenta los niveles de inversión de las administraciones públicas de España. En lo que atañe a la Dirección General del Agua, su presupuesto en el capítulo 6 es inferior a 500 M €, así que poco puede aportar al total, e igual les sucede al resto de las administraciones. Además, algunas de las actuaciones previstas no han comenzado y dentro de ellas las que aún carezcan de proyecto no se podrán iniciar –licitación del proyecto y de la obra- hasta pasados muchos meses.

Si la inversión sigue denostada todo esto solo será un sueño utópico. Desde hace años España tiene abiertos varios procedimientos de infracción, uno de ellos ya con sanción (11 millones de euros al semestre), ante lo que hay que preguntarse ¿por qué no se invierte para que cesen los incumplimientos y por ende las sanciones?

En todo caso cabe agradecer el reto que plantea el Miteco y el ejercicio de sinceridad que hace y pedirle que exija una inversión adecuada al plan y por supuesto que sea vinculante.

No nos hemos olvidado de la I+D+i que también es inversión y por tanto sufridora de este estado de cosas. El Plan Nacional, el de antes no el de ahora, tenía el objetivo de llegar al 2% del PIB pero lamentablemente está en poco más de la mitad, en el 1,2%, mientras que en países de nuestro entorno supera el 3%. Para progresar adecuadamente hay que investigar, desarrollar e innovar y eso demanda dinero, buenas ideas y buenos profesionales; aquel escasea, estos por fortuna no faltan en España, por tanto ¡qué fácil es recuperar el liderazgo!

Mucho es el trabajo y nada desdeñables los problemas, pero con ilusión y buena voluntad se puede alcanzar la paz social en materia de agua; lo demás vendrá por añadidura.