Panorama presupuestario del sector del agua en España
En efecto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública elevó al Consejo de Ministros, que dio su aprobación en 29 de diciembre de 2017, una propuesta de acuerdo “por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se formaliza la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público”, en cuya virtud se establece que los departamentos ministeriales y demás entidades con presupuesto limitativo, no pueden adquirir nuevos compromisos de gasto con cargo a los capítulos 4 (transferencias corrientes), 6 (inversiones reales), 7 (transferencias de capital), 8 (Activos financieros), una vez que los compromisos fijos correspondientes al ejercicio presupuestario 2018, más los nuevos compromisos de gastos que se pretendan adquirir alcancen el 50% del presupuesto prorrogado, salvo autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Esto significa que los centros inversores por excelencia, entre los cuales se encuentra la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), no podrán acometer nuevas inversiones o serán escasas, dado que sus compromisos fijos, como es natural en ambos casos, son elevados.
Antolín Aldonza, representante de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) y de la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA).
El presupuesto del Estado prorrogado es de 276.133.966,81 x 103 euros y el del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde está representada el agua a nivel de Dirección General, importa 1.785.993,93 x 103 euros. El presupuesto del capítulo 6 (inversiones reales) de esa Dirección General en 2017 fue de 406 millones de euros, por tanto, para 2018 tiene 203 millones de euros para atender los compromisos fijos y las nuevas inversiones. Poco podrá hacer, lo cual es una pena porque es un centro inversor muy activo, con buenos profesionales, eficaz en su gestión y capaz de acometer las infraestructuras del agua de las que tanta necesidad tiene España.
Este tipo de acciones se están convirtiendo en costumbre, lo que no es bueno a nivel social. España está en pleno proceso de recuperación económica y estas actuaciones pueden revertir la situación, ya que afectan desfavorablemente a la economía y por ende a la sociedad, que puede verse privada de una serie de servicios fundamentales si la situación se sigue prolongando en el tiempo. De ninguna manera se puede olvidar que las infraestructuras necesitan ser mantenidas y conservadas y, en caso de obsolescencia sustituidas, y que ante la escasez del presupuesto estas funciones también se ven recortadas. Para el sector del agua todo esto tiene el significado de una sequía que se superpone a la meteorológica.
Con el fin de paliar esta última hay que emprender acciones decididas y eficaces, preferiblemente antes de que se presente, entre las cuales no son las menos importantes las que hacen surgir nuevas infraestructuras y la actualización y mantenimiento de las que existen, que no se pueden emprender sin dinero. Sin embargo se continúa castigando la inversión, ante el mutismo general de las clases dirigentes, con el consiguiente perjuicio para la I+D+i que sin duda alguna es inversión y raíz del progreso.
Por las características climáticas y físicas de España no son infrecuentes. Antes, al contrario, los episodios de inundaciones, a veces coetáneos de las sequías, por eso es muy importante disponer de la mejor planificación posible, que ayude a prevenir los efectos de la naturaleza desatada y a distribuir el agua de forma solidaria entre las distintas regiones; algunas de ellas sometidas a estrés hídrico.
Una planificación adecuada ha de tener en cuenta e incorporar los avances de la ciencia, siendo así la I+D+i su soporte instrumental. El conocimiento es inversión para el progreso, por eso no se entiende el trato poco favorable que recibe.
Imagen de la EDAR de Camp de Turia (Valencia).
El pasado año se aprobaron los planes hidrológicos de cuenca, uno de cuyos apartados, el programa de medidas, compendia y valora las actuaciones que surgen de los estudios realizados, que es necesario acometer para conservar los recursos hídricos en buen estado, revertir la situación cuando es el caso y garantizar el derecho universal de acceso al agua en la cantidad precisa y con la debida calidad. Derecho que deriva de la Constitución cuando proclama que todos han de disfrutar de un medio ambiente adecuado, que se convierte así en un fin, para cuya consecución el buen estado del agua es el alfa y el omega.
Las inversiones que contemplan los programas de medidas, debidamente anualizadas, deben ser respetadas en su integridad. Con el fin de garantizarlas, hechas las oportunas modificaciones derivadas de las dificultades que surgen al desarrollar las actuaciones que comprenden, se deben incorporar a los Presupuestos Generales del Estado para su estricto cumplimiento, ya que no en vano son el sostén del estado del bienestar y la garantía de un futuro sostenible.
Los actuales programas de medidas contemplan en números redondos 10.000 actuaciones que suponen una inversión de 20.000 millones. Son actuaciones necesarias cuya consecución se presenta ilusoria por falta de medios, por eso es muy importante que la planificación esté asentada sobre bases técnicas y científicas y acompañada del dinero que requiera; de ahí la importancia de acometer las actuaciones con estrictos criterios de utilidad y rentabilidad sociales.
A finales del año que ahora comenzamos, España tiene que informar a la UE de los avances de los Planes Hidrológicos vigentes y, en concreto, sobre el grado de cumplimiento de los programas de medidas. Es una buena oportunidad para actualizarlos y darles el mismo formato, que ahora no lo tienen.
En 2017 la economía española creció por encima de la media europea y así continuará en 2018 aunque con menor intensidad, sin embargo, la inversión siguió y seguirá deprimida, lo que da que pensar.
Imagen del abastecimiento de Pedraza.
A nadie se le oculta el éxito de España en materia de turismo. Nuestro país recibió 82 millones de turistas extranjeros en 2017 y se espera que sean 100 millones en 2018. Al visitante hay que ofrecerle además de buen tiempo, paz social y los servicios que demanda, para lo cual es necesario tener unas buenas infraestructuras. Para conseguirlas hay que invertir en su proyecto, ejecución, mantenimiento y conservación y, por supuesto, en conocimiento. Las razones son palmarias: garantizan el suministro de agua, el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, lo que propicia unas masas de agua limpias; lagos, ríos y playas con aguas de calidad.
Este canto a la excelencia no solo se fundamenta en el dinero. Una buena educación ambiental ahorraría mucho dinero, así como la aplicación de políticas preventivas y del principio de autoridad. Está bien decir que el que contamina paga, pero aún es mejor actuar con autoridad para evitar la contaminación y, para eso, se necesitan buenas normas y su aplicación efectiva sin distinciones de ninguna clase; esto es, sin arbitrariedad.
Estos últimos comentarios y otros más que podríamos hacer, nos llevan de nuevo a la planificación que se materializa en los planes hidrológicos de cuenca y en última instancia en el Plan Hidrológico Nacional que está implorando su actualización.
La planificación es una actividad técnica o, si se quiere, científico-técnica y como tal necesita una independencia total. Es la herramienta de la que dispone el político para realizar con éxito su gestión, lo que es tanto como alcanzar el bien común; gestión que a su vez tiene que ser planificada con los criterios propios de su técnica, que la política lo es y también ciencia. Solo actuando así se conseguirá hacer lo necesario en cada momento. No se trata de hacer grandes infraestructuras, si no las que sean necesarias y con la calidad precisa, que esto es eficacia en la gestión. Así nos ahorraríamos infraestructuras que nunca entraron en servicio y otras cuya explotación es muy cara en relación con la población a la que sirven, como puede ser el caso de una depuradora cuyo dimensionamiento obliga a estimar cómo evolucionará la población a lo largo de su vida útil, lo que sin duda puede conseguir la técnica cuando es libre y está soportada por el conocimiento.
Imagen de la EDAR de Hellín (Albacete).
El estado de la ciencia y la técnica en nuestro país es muy bueno, está a nivel de excelencia, tenemos profesionales y empresas extraordinariamente capaces, bien valorados y apreciados a nivel mundial, tanto que, a la vista de la poca actividad en el sector, es fácil captarlos y eso significa que España se descapitaliza; profesionales y empresas se ven obligados a emigrar y ¿por qué?, fácil, porque pueden hacerlo. Están bien preparados y son eficaces, unos y otras.
Es importante ajustar la inversión pública a las necesidades del país y mantenerla. La cuestión no es fácil de resolver, pero tampoco es algo ineluctable. Si se conocen las necesidades a corto, medio y largo plazo, se valoran y el dinero se lleva a los Presupuestos Generales, el asunto está resuelto y garantizado el necesario stock de capital público y su actualización, que es garantía de progreso. Esto unido al desarrollo de la colaboración público-privada asentada sobre bases normativas firmes, permitirá el desarrollo sostenido del sector. Las empresas conocerán el volumen de negocio a escala nacional y el empleo y la I+D+i no estarán sometidos a vaivenes.
