La industria del agua en España: fortalezas, desafíos y amenazas

El sector del agua en nuestro país vive con incertidumbre la actual situación, marcada por el recorte presupuestario que sufre desde hace unos años. España necesita inversiones en materia de aguas, así como acciones legislativas para actualizar las normas que conforman el sector. “Desde Asagua esperamos y confiamos que la anunciada Ley de Aguas sea el principio de una nueva época”, explica a Interempresas Antolín Aldonza, director general de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua). Pese a la situación, destaca Aldonza, nuestras empresas, cuyo nivel no ha dejado de crecer, siguen gozando del reconocimiento internacional.

Es evidente que la escasa dotación presupuestaria —mínima desde 2011— afecta a la licitación de nuevos contratos. Como ejemplo, el presupuesto de la Dirección General del Agua para 2013 supuso la sexta parte del aprobado para el ejercicio de 2010, lo que, sin duda, según apunta Antolín Aldonza, director general de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua), desemboca en una atonía general. “El año 2013 ha sido complicado para el sector”, afirma.

El Gobierno “debe establecer ya y de forma urgente” un marco legal para desarrollar fórmulas de colaboración público-privada para que las empresas y las administraciones públicas encuentren la debida seguridad sin que ello afecte al déficit público. Este tipo de colaboración se ha materializado en las concesiones, fórmula que, para Aldonza, debe matizarse para que no tenga incidencia en el déficit público y garantizar al agente privado sus expectativas de cobro.

Por otra parte, las competencias en materia de aguas deberían trasladarse de los ayuntamientos a otros niveles administrativos, lo que conllevaría la creación de un regulador único. La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, ahora denominada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha sido “una oportunidad perdida”. “Esperamos que la Ley de Aguas cumpla esta reclamación del sector”, asevera Aldonza. “Lograr un contexto normativo claro y estable de colaboración público-privada supondría un impulso de financiación y se podrían licitar los contratos que, debido al escaso presupuesto público, se han visto paralizados”, apunta.

Para el director general de Asagua, España precisa entre 10.000 y 15.000 millones de euros para infraestructuras del agua rentables y para reactivar la inversión en conservación y el mantenimiento de las existentes, más un plus para rehabilitar el patrimonio hidráulico que haya resultado deteriorado a causa de la poca inversión de los últimos años.

En este sentido, para 2014 se preveía que el presupuesto para las actuaciones en el sector del agua fuese de 2.284 millones de euros, muy por debajo de lo necesario y de lo contemplado en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Hay que construir las infraestructuras necesarias y mantener el patrimonio hidráulico que ahora se encuentra en estado de riesgo de deterioro prematuro si no se actúa con prontitud.

Según Aldonza, la escasa inversión pública requiere de una entrada de capital privado para colaborar con el público y poder así invertir y cumplir con la Directiva Marco del Agua. Esta colaboración público-privada demanda un marco legal adecuado que dote de seguridad jurídica a las empresas. “Desde Asagua esperamos y confiamos que la anunciada Ley de Aguas sea el principio de una nueva época”, asegura Aldonza.

Además, es “imprescindible” cumplir el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015 (PNCA), que contempla una inversión total de 19.007 millones euros, aplicar el principio de recuperación de costes y establecer el marco legal en el que se ha de desenvolver la colaboración público-privada.

La ley sectorial debería establecer un marco estable y seguro que permita y anime a la inversión privada. También debería recoger las experiencias existentes y establecer un régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico —canon de control de vertidos, tarifas por tramos de consumo para el suministro, canon de regulación y tarifa de utilización del agua—, que permita generar ingresos suficientes para cubrir el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes y la ejecución de otras nuevas.

La Directiva Marco del Agua aprobada en 2000 impuso que se repercutieran todos los costes en el precio del agua, incluidos los de las infraestructuras, algo que en la práctica, para Aldonza, no se cumple o no con la debida ortodoxia. En los últimos dos años han aparecido nuevas figuras impositivas, la mayoría en las Comunidades Autónomas, cuya finalidad no está clara y que recaudan impuestos sobre el agua que no van en muchas ocasiones al agua. “Esto, unido a que el precio que pagamos por el agua es un precio político, es decir, muy por debajo del precio real, provoca que no se cubran los costes y, por ende, incumplamos la Directiva Marco del Agua”, sostiene el director general de Asagua.

Los programas de medidas contemplados en los Planes Hidrológicos recientemente aprobados, que debidamente suplementados pasarán a los nuevos y al Plan Hidrológico Nacional, suponen un reto claro para la Administración, pues no en vano señalan las actuaciones, incluidas las nuevas infraestructuras que son necesarias ejecutar, y plasma la planificación hidrológica de España.

Antolín Aldonza: “Al tratarse de un precio político, el consumidor no paga lo que cuesta el agua y la diferencia recae en todos los ciudadanos y en los operadores”

El precio del agua fue uno de los puntos tratados en la Asamblea Anual de Asagua, celebrada el pasado 26 de junio. Para el director general de la asociación, el precio del agua debe ser un compendio de todos sus costes, incluido el de las infraestructuras y su reposición. “Al tratarse de un precio político el consumidor no paga lo que cuesta y la diferencia recae en todos los ciudadanos y en los operadores”, explica. Para poder ejecutar todas las actuaciones necesarias en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración y asegurar la sostenibilidad del sistema, es “imprescindible aplicar el principio de la recuperación de los costes”, es decir, que el usuario pague el precio real del agua, incluidos los costes de las infraestructuras.

Resolver esta cuestión y hacer que el consumidor final, y no el ayuntamiento, sea quien pague el servicio, es “vital” para establecer el marco legal en el que se desenvuelva la cooperación público-privada. Asimismo, añade Aldonza, se debe trabajar para evitar aplicar, por parte de las Administraciones Públicas, figuras impositivas a los servicios urbanos de agua, de forma heterogénea y no armónica, y que no sean finalistas y acordes con los posibles costes ambientales y del recurso que pueden alterar artificialmente el precio al usuario y provocar diferencias interregionales. “Los posibles cánones concesionales deben evitarse o sólo permitirse si son finalistas y su aplicación se produce como inversión o van destinados a la asunción de costes operativos en los propios servicios del agua”, sostiene.

Pese a la precaria dotación presupuestaria y a su futuro incierto, hoy España cuenta con una economía del agua “bien desarrollada” y ha logrado superar los problemas de escasez y desigual reparto de los recursos hídricos, lo que ha estimulado la obtención de métodos y sistemas que permiten acometer cualquier tipo de actuación. El sector dispone en la actualidad de sistemas automáticos de información hidrológica y de información sobre la calidad de las aguas. “En depuración, desalación y reutilización somos líderes”, apunta Aldonza en este sentido. Se ha hecho un esfuerzo en modernización de los regadíos y se han acometido importantes infraestructuras de almacenamiento, regulación y distribución, incluidas las de potabilización y depuración. “Todo ello ha permitido a las empresas españolas de tecnología del agua acumular una gran experiencia valorada y apreciada internacionalmente”, afirma el director general de Asagua.

España es “un referente mundial” en las cuestiones relativas al tratamiento del agua. Las empresas asociadas de Asagua tienen presencia en la mayor parte de los países del mundo, en los que están desarrollando un abanico de actividades similar al que ejercen en España. “En estos tiempos difíciles en los que apenas hay inversión pública en España, las empresas se han visto abocadas a incrementar su actividad en el exterior, en definitiva, a exportar su buen hacer. Así nuestras empresas han salido y se han instalado fuera de España, pero esa internacionalización comenzó hace años”, concluye Antolín Aldonza.

Sobre Asagua

La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) es una organziación empresarial que tiene como objetivos prioritarios la promoción de la actividad del sector en el mercado nacional, el apoyo a sus empresas asociadas en el exterior y, por supuesto, la colaboración con las diferentes administraciones públicas en el desarrollo de políticas de sostenibilidad hídrica para el abastecimiento, el saneamiento, la depuración, la agricultura, la industria, las aguas subterráneas, el medio ambiente, el ocio y el turismo.

A esos objetivos se le suma la investigación de nuevas tecnologías y la búsqueda de fórmulas que permitan un desarrollo adecuado de la I+D+i, y el fomento de la colaboración entre los sectores público y privado con el fin de encontrar fórmulas para la financiación de las infraestructuras.