Una visión de la situación del agua en España
Sin duda, no creo que sea necesario cantar las excelencias y verdades del agua; resulta ocioso dedicarle loas. El agua, por sus bondades, es ya merecedora de las mayores atenciones y alabanzas. Todos sabemos de su necesidad y que sus verdades son cosa de la ciencia. La visión del que trabaja con ella, sin contrariarla, sería una cuestión bien distinta y no precisamente homogénea y es que, dentro de su sencillez, encierra una gran complejidad, tanto en el aspecto científico como en el de su gestión, porque hay que dar agua de buena calidad y en la cantidad necesaria a todas las personas. Y eso no es fácil.
Sin ánimo de polemizar —aunque todos sabemos que sin agua no hay vida y que la calidad de nuestra existencia depende de que dispongamos de ella en cantidad y calidad—, no todos le dedicamos los cuidados que están a nuestro alcance, evitando el despilfarro al consumirla y su utilización como receptor y vehículo para librarnos de ciertas sustancias, que cuanto menos nos incomodan. Por ello, cabe preguntarse por los mecanismos que son necesarios para evitar esos modos de uso y por quién han de ser implantados, teniendo en cuenta que las razones para convencer a los ciudadanos han de ser tanto científicas como de gestión.
Enseguida surge una primera dificultad, ya que la decisión de cuáles han de ser esos mecanismos depende del modelo político implantado y de quién es el responsable de aplicarlos. En cualquier caso las fuentes de las que se van a nutrir son la pedagogía y la coerción; así resulta de la experiencia, convencer e imponer.
Ahora demos un paso hacia atrás, porque antes de que se tomen esas decisiones es necesario disponer del agua en condiciones óptimas para que la puedan usar los ciudadanos. Así que adentrémonos en el mundo de la producción del agua para consumo humano, porque previo a que Don José abra el grifo para beber un vaso de agua, se habrán desarrollado varias actividades que van desde su captación hasta el tratamiento y la puesta a su disposición y todavía antes de eso se habrán construido las infraestructuras necesarias para hacerlo posible. Al mismo tiempo, Don Juan ha utilizado el baño y el agua que usó ya no es apta para cualquier otro uso, por lo que se deben desarrollar una serie de actuaciones para lograr que el agua llegue a los cauces con una calidad que no ponga en riesgo la salud de las personas.
En España las competencias para la toma de esas decisiones están compartidas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Municipios, y a su vez, se encuentran compartimentadas con lo que resulta difícil establecer una política uniforme en esta materia. Esta cuestión afecta tanto a la producción del agua como a su gestión; aspectos que a su vez están íntimamente relacionados.
Vivimos tiempos difíciles; no quiero emplear la palabra crisis porque la situación se aventura como algo más duradero. Son tiempos en los que hay que gastar bien, no caben las alegrías ni el derroche y eso demanda más que nunca una buena planificación para hacer lo necesario para cubrir las necesidades de agua buena para todos los usos y garantizar su sostenibilidad. Una planificación que deben de hacer los técnicos y desarrollar los políticos. Lo contrario no deja de ser una sinrazón, como ha demostrado la experiencia. Actuar así no es más que humanizar el agua en el sentido de hacerla accesible a todos en función de sus necesidades, o si se quiere de objetivarla, alejándola de intereses ajenos a su misión de servicio al hombre y más aún a la naturaleza.
La aludida planificación conlleva el desarrollo de múltiples actividades, que en conjunto conforman “el sistema agua” que permite disponer de agua en cantidad y de calidad en los hogares, y que nuestros ríos continúen siendo medio de vida para la fauna, la flora y para nosotros mismos.
Todo este complejo conjunto de acciones es dinámico: hay que reponer infraestructuras; construir otras nuevas, mantenerlas y conservarlas; investigar e innovar para encontrar sistemas más eficaces en el tratamiento y depuración fiables y económicos. Y, naturalmente, el sistema debe ser sostenible, para lo que no podemos olvidar los aspectos económicos, o lo que es lo mismo, cómo se paga esa puesta del agua a disposición del ciudadano.
España es un país de contrastes por cuanto la distribución del agua en su territorio es irregular, circunstancia que ha promovido que contemos desde tiempos pretéritos con técnicos muy competentes y, de su mano, con un modelo de gestión digno de encomio y paradigma del buen hacer, que ha sido implantado allende nuestras fronteras y que ahora parece que algunos ponen en entredicho sin ofrecer alternativas claras. Sin ninguna duda, toda la experiencia adquirida para lograr el abastecimiento en regiones con déficit de agua y la depuración de las aguas residuales, así como para superar las sequías y prevenir las inundaciones (y todo ello respetando el medio ambiente), ha permitido conformar un cuerpo de doctrina, formar técnicos de excelente competencia y desarrollar técnicas que consiguen superar cualquier reto.
En definitiva, la marca España en agua es indiscutible. La experiencia y aprecio de nuestras empresas es un hecho, la valía de nuestros profesionales es indudable y el buen hacer de los funcionarios está fuera de toda duda. Con respecto a la marca, a las empresas y a los profesionales, los poderes públicos han de potenciar su buen hacer por ser garantía de un adecuado desarrollo del que se ha de beneficiar la sociedad.
Tras discernir sobre las ideas que conforman los aspectos prácticos y básicos del agua, puntos que hay que tener en cuenta para poner a disposición de los usuarios este recurso natural con éxito, parece sensato abordar aspectos singulares de la producción y de la gestión del agua, entendida en el más amplio sentido, para concluir con una enunciación de los problemas que afectan al sector y que es necesario que resuelvan con urgencia los poderes públicos, ya que lo que está en juego es garantizar el abastecimiento y la depuración, o lo que es lo mismo, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado como proclama la Constitución. Por lo tanto, la buena o mala salud del sector tiene una influencia directa en la economía, en el empleo y en la conformación de la sociedad.
España forma parte de la Unión Europea, que consciente de que el recurso agua es escaso y muy vulnerable, ha establecido una política común para garantizar su uso sostenible basada en una serie de principios encabezados por la Directiva Marco del Agua del 2000, que ha sido objeto de modificaciones posteriores y que sitúa para 2015 el hito de conseguir que el agua de todos los países de la UE se encuentre en buen estado.
Entre los principios que sustentan esta norma está la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los medioambientales y los relativos a los propios recursos. Esto supone la quiebra de la política de las subvenciones y el que los “entes” responsables tengan la dotación de los recursos económicos suficientes y necesarios para garantizar el servicio, lo que es tanto como disponer de dinero suficiente para construir, reparar, conservar y mantener las infraestructuras, obtener agua de la calidad que demanda el usuario y depurarla, todo ello de acuerdo con las normas que regulan el sector. Además, la aplicación de este principio supone abandonar las estructuras de las tarifas vigentes, en las que faltan costes y aparecen otros ajenos al servicio.
Este panorama legislativo comunitario se complementa con otras directivas en pos de conseguir el uso eficiente y sostenible del recurso.
La trasposición de esta norma a nuestro derecho interno ha supuesto la publicación de otras, entre las que cabe citar por su trascendencia el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015, que pretende dar respuesta a los objetivos que no se alcanzaron con el anterior Plan y a las nuevas necesidades derivadas de la Directiva Marco del Agua y del Programa Agua (actuaciones para la gestión y utilización del agua), para cuyo cumplimiento la Administración Central ha de colaborar con las Administraciones Territoriales competentes en la materia (Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos). De estas Administraciones, en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, los servicios de tratamiento y distribución de agua potable, alcantarillado y depuración son de competencia municipal, lo que supone un problema, ya que el hecho de que pague el Ayuntamiento en lugar del usuario final desalienta a los licitadores, más cuando se trata de las fórmulas de colaboración público–privada en las que se trata de conseguir la concesión del servicio cuya explotación requiere de una gran inversión —sea en infraestructuras nuevas o por cualquier otra razón—, ya que lo normal es que intervenga un agente que deposita el dinero, pero que al enterarse de que no paga el usuario final, desista del proyecto o encarezca el precio del dinero que invierte, lo que a la larga es un perjuicio para la sociedad, por cuanto el promotor paga más por lo mismo.
Para una buena gestión integral del ciclo del agua, es primordial resolver el problema de las competencias, de forma que en aplicación del principio de solidaridad, todos tengamos el agua de calidad que necesitamos y un entorno limpio gracias a la depuración de las aguas residuales que producimos, y ello a un precio uniforme al menos a escala regional y suficiente para cubrir los costes, para lo que ha de surgir un ente regulador único, que puede ser el Estado con su poder coercitivo, sin perjuicio de que se establezca el marco legal adecuado para la intervención de la iniciativa privada, que ha de comenzar por regular las fórmulas de colaboración público–privadas, una tarea urgente y necesaria. En estos momentos se esta discutiendo el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que sustituirá a la vigente Ley de Bases de Régimen Local y parece que se va a perder la ocasión de racionalizar las competencias (las deja como están), si es que finalmente no da más 'poder' a los entes locales.
Considero que hay que reivindicar el tantas veces citado y llamado por la clase política Pacto Nacional del Agua, imprescindible para hacer realidad el sueño de que el agua esté al servicio de todos, sin parcelas de intereses, que incluso con buena intención resultan antisociales. Este deseo de cambios no estaría completo sin referirnos a la Ley de Aguas, a los Planes Hidrológicos de Cuenca, al Plan Hidrológico Nacional y al Plan Nacional de Calidad de las Aguas que está inconcluso. Hacer funcionar con plenitud la Ley actual o sustituirla por una nueva y conocer las necesidades de las distintas cuencas hidrográficas y a escala nacional, resulta imprescindible para establecer la planificación.
Y, siguiendo con las solicitudes le toca turno a los Presupuestos Generales del Estado. Dicen que corren malos tiempos y es necesaria austeridad pero discrepo, porque ésta siempre es necesaria para que unos no despilfarren lo que otros necesitan. ¿Ha sido culpable la inversión de los actuales malos tiempos? A juzgar por el mal trato que recibe, habría que decir que sí, pero no lo ha sido.
En materia hidráulica aumenta algo la dotación presupuestaria para el año 2014 lo que indica que todo irá mejor, habrá dinero para pagar la deuda, para nuevas infraestructuras, para conservar el patrimonio hidráulico y más, ¿sí? Bueno eso ya se verá, mientras tanto analicemos el fondo del asunto.
Del dinero que dotarán los programas de inversión, una parte corresponde a compromisos fijos, es decir a las anualidades de las obras en construcción, y el resto se puede dedicar a adquirir nuevos compromisos. Pero ¿quedará algo? La experiencia del ejercicio actual, con dotaciones similares, nos dice que no, que la dotación de los programas no era suficiente para cubrir esos compromisos y que para abrir el ejercicio presupuestario ha sido necesario reajustar las anualidades de las obras en curso, cuyo significado práctico es alargarlas y, por tanto, disminuir la cartera de las empresas en el ejercicio, lo que viene a agravar la situación ya que esto se suma al descenso de la inversión. Es ocioso dar cifras, pero en materia de aguas ese descenso supone más del 50%. Hay que dejar claro que los Centros Directivos están desarrollando una buena labor, habida cuenta de los escasos recursos que le proporciona el Gobierno.
Son muchas las consecuencias que se derivan de esta situación. Se están perdiendo empleos, cuando si se reactivará la inversión se crearían de forma inmediata puestos de trabajo, ya que una vez adjudicada la infraestructura, comienza su ejecución y para eso se necesitan trabajadores. Se quiera o no, la situación influye en los técnicos y en la técnica, cuyo buen hacer está aceptado a nivel mundial. Las empresas han de buscar trabajo en el exterior, lo que siempre han hecho, pero hay que reconocer que no es lo mismo hacerlo por vocación que por necesidad.
La escasez de licitaciones está dando lugar a que la competencia entre las empresas españolas en el marcado nacional esté haciendo que se adjudiquen obras con unas bajas insostenibles, que están siendo incentivadas por adjudicaciones en temeridad, lo que la ley denomina como ofertas inclusas en presunta anormalidad. Eso no es bueno porque las bajas son cada vez mayores y se crea un clima de inseguridad jurídica al no ser obligatorio adjudicar en temeridad: unas veces será que sí y otras que no. Las cosas a derecho bien parecen, por tanto hay que buscar fórmulas que eviten el colapso del sistema, porque el promotor puede ver en un momento sus obras paradas y eso nos cuesta dinero a todos.
El Plan Nacional de Calidad de las Aguas está inconcluso y por tanto, no todas nuestras aguas están depuradas, lo que nos va a acarrear sanciones de la Unión Europea. De hecho, ya hay sentencias condenatorias. La gestión de los fondos europeos depende en gran medida de la inversión hasta el punto que el agua va a perder buena parte de los que tenía asignados, si bien es verdad que España no los pierde y que los aprovecharán otras administraciones. Por el momento, según los reguladores, no peligra el servicio de abastecimiento, pero si siguen así las cosas puede peligrar. La inversión en I+D+i se resiente. En definitiva, cuando en nuestra casa no hacemos las pequeñas reparaciones y las que van siendo necesarias, la casa llega un momento en el que se nos arruina y hemos de gastar más dinero que si hubiéramos actuado poco a poco, y encima las cosas no quedan bien. Esto es lo que ocurrirá si todo sigue igual, sin olvidar el lamentable espectáculo que brindan las obras paradas, por las que a la postre habrá que pagar más.
Puede parecer que todo está “manga por hombro”, pero es solo una apariencia ya que gracias a los esfuerzos de todos los agentes que intervienen en el ciclo integral del agua, públicos y privados, el sistema se mantiene en pie. Desde aquí y ahora pedimos las reformas necesarias para que el recurso agua reciba el tratamiento que merece, porque a las personas hay que darles lo mejor y eso es posible; reformas que requieren el esfuerzo de los que deciden, que los demás ¡ya lo creo que nos esforzamos! Tenemos buenos profesionales en lo público y en lo privado, buenas empresas, ilusión y vocación de servicio, lo tenemos todo, así que, por no emplear otra palabra, animamos a las clases dirigentes a que actúen con entusiasmo y energía sin que el “riesgo” les suponga un freno. Sirvan para apuntalar este deseo las palabras de Julio César, según Shakespeare: “…. Bien sabe el peligro que César es más peligroso que él. Somos dos leones nacidos en un mismo día y yo soy el mayor y el más terrible…”.
Sobre Asagua
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) es una organización de empresas comprometidas con un mundo sostenible y convencidas de que proteger y conservar el agua es un objetivo prioritario para nuestra sociedad. Las empresas de Asagua quieren ser un instrumento al servicio de todas las administraciones públicas y del sector privado, para conseguir una gestión más eficiente de los recursos hídricos, y con este fin han decidido unir fuerzas para multiplicar sus capacidades.
