El futuro de la defensa en el sector marítimo

Cuando hablamos de la defensa del sector es inevitable que, en realidad, estemos pensando en la seguridad marítima, concepto que recoge la protección ‘policial’ (pudiéramos decir) de nuestras fronteras e infraestructuras marítimas, lo que engloba, entre otras tareas, la lucha contra el contrabando, la inmigración ilegal, el expolio de nuestro patrimonio submarino, el sabotaje, la piratería, el narcotráfico, la contaminación, la pesca ilegal o eventualmente el terrorismo, así como el salvamento marítimo.

De todo ello se encargan agencias varias que dependen de diversos ministerios, que se solapan en algunas de sus funciones y que carecen de una coordinación eficiente. Con independencia de la solución que se acabe planteando para solucionar un problema creado artificialmente en un momento histórico determinado, lo cierto es que todo cuanto antecede está relacionado con la marcha de un país en ausencia de conflicto armado, fundamentalmente. Proteger esa cotidianeidad es lo que se entiende por seguridad marítima.

La defensa (marítima) es otra cosa: depende únicamente del Ministerio de Defensa (a cargo principalmente de la Armada) y tiene que ver con prepararse para la guerra, evitándola en consecuencia en caso de crisis, mediante la disuasión. La defensa es una actividad paralela a la seguridad; e independiente, en consecuencia. La defensa no es parte de un concepto más amplio llamado seguridad que la incluya. Son cosas diferentes... en época de paz.

Pero si cambian las tornas y entramos desgraciadamente en guerra, la defensa se convierte en el Todo, y los recursos destinados hasta entonces a la seguridad pasan a formar parte de las herramientas a disposición de la Armada. La ruptura de las hostilidades provoca esa asimetría unidireccional, que convierte la seguridad en parte de la defensa en caso de conflagración, pero no a la defensa en parte de la seguridad en periodo de paz... contrariamente a lo que nos quieren hacer creer quienes quieren modificar la realidad mediante el uso de eufemismos.

Pues bien, para acabar de aclarar la terminología que evita confundir realidades tan diferentes, baste apuntar que el conjunto de todas aquellas actividades marítimas, que son susceptibles de ser protegidas con las herramientas de la seguridad, constituyen ‘lo marítimo’, mientras que si hablamos estrictamente de defensa, lo estamos haciendo de ‘lo naval’ (con todos los matices y excepciones que se quiera, claro).

Con todo cuanto antecede, parece sensato pensar que exista una única agencia que aglutine todos los servicios del Estado en la mar en el ámbito de la seguridad marítima, con eventuales aportaciones puntuales de diversos ministerios en función de la actividad a realizar (Interior, Hacienda, Cultura, Agricultura, Transportes, Inmigración, Defensa, Industria, Medio Ambiente, etc.), tal como se ha venido demandando en diversos foros especializados durante décadas.

Evidentemente, la solución más obvia es la creación de un servicio guardacostas específico con una mentalidad marítima de origen, para evitar muchos de los problemas que muestran, desde ese punto de vista, las agencias que ahora existen.

De la misma forma que sería deseable unificar los recursos aéreos y marítimos de los diversos servicios marítimos de la Guardia Civil, Aduanas, Salvamento Marítimo y demás, por mera eficiencia (y sentido estratégico), cabría imaginar que no estaría de más coordinar en una misma estructura ministerial las diversas áreas que tienen que ver con la mar (ahora desperdigadas por una pléyade de departamentos), de la que el servicio guardacostas sería su herramienta más prominente.

Así, un eventual Ministerio del Mar debería agrupar las competencias sobre costas, puertos del Estado, construcción naval, medio ambiente y biodiversidad marina, arqueología subacuática y protección de pecios, oceanografía y ciencia, marina mercante, deportes náuticos y marina de recreo, pesca, alimentación derivada, cultivos marinos, exploración de recursos submarinos, desarrollo de tecnología offshore y naval, salvamento marítimo y las agencias policiales y de seguridad en la mar.

Parece sensato que un ente específico semejante defina la estrategia marítima nacional en el seno del Consejo de Ministros y en colaboración con la Unión Europea, potenciando nuestra presencia en la mar.

No se puede hablar de ‘defensa del sector marítimo’ sin asumir que es exactamente lo mismo que hacerlo, simplemente, de la defensa de España, si bien particularizando el entorno en el que en este caso tendría lugar, donde el protagonismo de la Armada es evidente, si bien comparte responsabilidad con los ejércitos y especialmente con la fuerza aérea.

Pues bien, podemos concebir la defensa naval como una actividad que ha de ser capaz de desplegarse en cuatro escenarios en función de la amenaza que nos afecte, empezando por la propia seguridad marítima, de la que ya hemos hablado, y que la Armada puede extender a cualquier lugar del mundo, más allá de nuestra ZEE o incluso de nuestro mar presencial (piénsese en las habituales misiones en el Golfo de Guinea o en el Índico Occidental).

El resto de las misiones, más militares, pueden resumirse en tres:

- La defensa de nuestras costas mediante la inhabilitación de nuestros accesos marítimos al enemigo (A2/AD: Anti Access / Area Denial), para lo que más allá de submarinos o corbetas, es imprescindible el uso de aviación basada en tierra,

- La protección al tráfico mediante la escolta en las rutas más críticas, así como el eventual ataque al comercio enemigo,

- La proyección del poder naval sobre tierra, mediante bloqueos navales, bombardeos o incluso incursiones anfibias.

Nada nuevo para nuestra nación, como se ve, habida cuenta de que si la Monarquía Hispánica fue capaz de sostener sin mácula durante tres largos siglos la mayor talasocracia que había visto el mundo hasta la fecha, fue por preocuparse de disponer de armadas guardacostas y escuadras de galeras repartidas por el mundo para proteger sus costas, basadas en puertos estratégicos bien protegidos (con fortalezas artilladas inexpugnables servidas por tropas y milicias), de sistemas de escolta de las líneas transoceánicas de comercio (como la Carrera de Indias) y de escuadras combinadas en la Armada de la Mar Océano (ya en el siglo XVIII Real Armada) capaces de proyectar el poder naval sobre tierra de la mano de los tercios (posteriormente de los batallones de marina).

Para conseguir todo eso, y dado el actual contexto de bonanza presupuestaria por las razones por todos conocidas, la Armada ha dado a conocer las líneas generales de su desarrollo para adaptarse a los tiempos y de cara a disponer en unos años de un tamaño más acorde con las necesidades de España, tras dos décadas de insuficiente financiación.

Cabe decir que, por lo que ha transcendido, la institución plantea de forma muy clara las soluciones que pretende aplicar para dar respuesta desde su ámbito a la situación que se nos plantea en la actualidad y que en los últimos meses se ha intensificado respecto al panorama del que ya advertía la última revisión de la Estrategia de Seguridad (...) Nacional.

La Armada pretende reforzar sus medios buscando la excelencia en todos los cometidos que se han mencionado, pero incide, especialmente, en la proyección de la fuerza naval sobre tierra, quizá manteniendo la tradición que siempre distinguió nuestra marina. Esa querencia es, sin duda, y siempre al alimón con la diplomacia, la fórmula más clara de nuestra disuasión fuera del alcance de la aviación basada en tierra (esto es, en ultramar), donde descansan muchos de nuestros intereses nacionales de todo tipo, en zonas, en general, accesibles desde la mar.

Reconstruir la escuadra (como dirían nuestros ancestros de hace un siglo) cuando se la ha dejado abandonada tanto tiempo es una labor a largo plazo y requiere de fondos ingentes y constantes durante todo ese tiempo, que se mide en lustros. Tenemos los mimbres, porque el personal de la Armada ha sabido mantenerse el día y conservar la tecnología, la organización y el saber hacer en todos y cada una de las áreas operativas y de conocimiento que le son propias a una marina con pretensiones hemisféricas.

Hoy en día se ha asumido (con casi diez años de retraso respecto al compromiso de Cardiff, también es verdad) la necesidad de dedicar un mínimo del 2% del PIB a Defensa, e incluso se habla en Europa de aspirar al 3%, lo que siendo realistas es muy improbable que ocurra en España por mucha picaresca de la que hagamos gala. La defensa de nuestras libertades tiene un precio, no obstante, y estamos más dispuestos a asumirlo que nunca. En ese contexto es realmente inexplicable que no se pacte una Ley de Financiación de la Defensa a largo plazo que garantice la existencia de fondos para la Armada y para el resto de las FF.AA. en los próximos treinta años, y que goce un consenso parlamentario apabullante.

Permítasenos, desde esta tribuna, exhortar a nuestros parlamentarios a unir fuerzas al menos en ese esfuerzo para bien de todos, como única manera de garantizar la defensa de nuestras libertades y de nuestra soberanía estratégica sin tener que depender de terceros.