José Miguel Corvinos analiza con el sector iniciativas para una adecuada implementación de la prohibición de descartes
El director general de recursos pesqueros y acuicultura, José Miguel Corvinos, presidió ayer la primera reunión de la Mesa Estatal para la eliminación de descartes, convocada para coordinar iniciativas que permitan una adecuada implantación progresiva de la prohibición de descartes pesqueros hasta 2019, año en el que será obligatorio el desembarque de todas las capturas de especies sometidas a TAC (Total Admisible de Capturas) y cuotas en el Atlántico, o a tallas mínimas en el Mediterráneo.
La prohibición de descartes pesqueros es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector pesquero español, dentro de las nuevas obligaciones establecidas en la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC). Por este motivo, el Gobierno ha considerado conveniente la creación de este foro, que cuenta con la participación de todos los implicados en esta nueva obligación: sector pesquero, institutos científicos, Organizaciones no Gubernamentales y la Administración central y autonómica.
A lo largo de este encuentro se presentó el estado de situación de la obligación de desembarque en lo que se refiere a especies pelágicas y demersales en aguas suroccidentales, noroccidentales y Mediterráneo. En este contexto, científicos del Instituto Español de Oceanografía y de la asesoría científica AZTI, han presentado sus programas de trabajo relacionados con la obligación de desembarque.
Con la reunión de ayer se inauguran los trabajos de este nuevo foro de debate, que se complementará con la creación de grupos de trabajo para aguas suroccidentales, aguas noroccidentales y mediterráneo. A ello se sumarán otros grupos específicos que se consideren necesarios para la mejor aplicación de la medida.
El objetivo es que, tanto la Mesa Estatal como los distintos grupos de trabajo funcionen de la manera más ágil, transparente y operativa posible, con la idea de reforzar al máximo y con el mayor fundamento científico posible, la posición negociadora de España en la Unión Europea, en el contexto de la aplicación de la obligación de desembarque.
