Almunia insiste en que habrá que devolver las ayudas

No sabemos muy bien dónde ha quedado aquel "margen" del que hablaba Almunia la pasada semana, pero lo cierto que la reunión del comisario con la comitiva española resultó verdaderamente "frustrante" para el naval español. Según explican desde PYMAR en un comunicado, la propuesta de Almunia "solo maquilla el borrador anterior y aparentar un gesto hacia la industria naval. Pero solo en apariencia". En realidad, las consecuencias de esa decisión serían las mismas: la desaparición de los astilleros y, con ellos, los 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de ellos.

A pesar de que el comisario ha dado a entender a representantes sindicales en San Sebastián que los astilleros “no corren peligro”, su propuesta condena al sector naval español a su fin porque les ahoga financieramente y les deja sin futuro.

Si la devolución se dirige contra los inversores, atacará a una de las tres partes que sustentan la construcción naval, sin la cual esta industria es inviable. Como primer efecto, los bancos que han retenido pagos a astilleros por la incertidumbre creada por la CE, los bloquearán definitivamente, provocando la insolvencia de éstos.

Además, con independencia de que la decisión de Bruselas no permita a los inversores dirigir la reclamación contra terceros, los bancos e inversores afectados iniciarán una interminable cadena de pleitos contra los astilleros. Negarán el crédito y los avales al estigmatizado sector naval español, que se verá abocado al cierre.

Sin duda, los bancos pagarán lo que les exija la CE y, automáticamente, recurrirán la decisión en Luxemburgo. Para cuando ese tribunal dicte una sentencia definitiva ya será tarde para el sector naval. Las entidades financieras encontrarán otros sectores en los que invertir lejos del naval y de cualquier negocio sujeto a riesgo regulatorio ante la inseguridad jurídica creada por la CE, explican desde Pymar.

En realidad, esta situación “tiene fácil solución: basta con que la CE no discrimine a España y sus servicios jurídicos aprecien, de una vez por todas, los sólidos argumentos jurídicos que hicieron a todos los agentes confiar en las instituciones españolas y europeas durante nueve años de aplicación del sistema de ‘tax lease’ y no se discrimine a España respecto al trato recibido por Francia de la CE en el año 2006”.

Por eso, los astilleros confían en que el presidente de la CE, Durao Barroso, intervenga en este asunto y “haga un ejercicio de sentido común y del espíritu constructivo que los países integrantes de la UE esperan de sus instituciones”.

La política de competencia europea debe tener como objetivo restituir la situación previa a la supuesta ‘distorsión’ de la competencia. El ‘tax lease’ español no distorsionó el mercado naval europeo, únicamente permitió al sector naval español competir en igualdad de condiciones que el resto de astilleros europeos. Tras dos años de imposibilidad para contratar, con la propuesta de la CE, no se recupera la situación del mercado previa al 2005, sino que se consolida el fin de los astilleros y de la industria auxiliar en España.