Los atuneros españoles piden igualdad de condiciones que el resto de flota comunitaria

Las asociaciones de atuneros españolas Anabac (Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores) y la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) han solicitado al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodriguez Zapatero, que, con carácter de urgencia, coordine las actuaciones de los miembros del Ejecutivo pertinentes, para que se permita el embarque a bordo de los buques atuneros españoles de infantes de marina.
En una carta remitida al jefe de Gobierno, los atuneros señalan que esta medida es más eficaz y posiblemente más económica que las adoptadas hasta ahora por España para frenar los actos de piratería en el Índico y muestran su disposición a costear el coste extra de esta medida, tal y como han hecho los armadores franceses.
Aunque agradecen la respuesta que España ha dado desde un principio a los problemas de piratería con los que la flota atunera a tenido que enfrentarse en el Índico, el papel de liderazgo a nivel internacional para promover la puesta en marcha de la Operación Atalanta, la labor diplomática en el seno de las Naciones Unidas y el despliegue de medios mantenido en la zona pese a su alto coste financiero, denuncian que se sienten un “blanco fácil” y en situación de franca desventaja con la flota francesa, ya que los medios desplazados al Océano Índico por España se muestran ineficaces ante las nuevas estrategias piratas, la Operación Atalanta no ha establecido una base en Mombasa, como se le ha venido reclamando, y la seguridad a bordo, tal y como recomiendan en Atalanta, se garantiza mejor con infantes de marina.
En la carta explican a Zapatero que los piratas adaptan sus estrategias a las nuevas circunstancias y que, desde que las operaciones de Atalanta se centraron el Golfo de Adén para la protección del Programa de Alimentos de Naciones Unidas a Somalia y la creación de un corredor de seguridad en el Golfo de Adén para el tráfico marítimo, las actuaciones de piratería se han extendido en el Océano Índico y llegan hasta las 900 millas de la costa somalí, teniendo mucha más incidencia sobre la zona de pesca la de flota atunera comunitaria.
Añaden que la opción de contratar agentes privados para garantizar la seguridad de los 1.500 tripulantes a bordo de los 15 atuneros congeladores de pabellón español y otros tantos de interés nacional, no es operativa debido a la restricción que impone la legislación española respecto al tipo de armamento permitido que no se aju
En este sentido entienden que la opción de la seguridad privada no es deseable en ningún caso, primero porque los mandos de la Operación Atalanta en Northwood lo desaconsejan y segundo porque supone trasladar la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en territorio español ante unos crímenes de derecho internacional tipificados al armador, y sobre los que la propia Naciones Unidas ha urgido a los Estados a adoptar medidas de protección. Máxime cuando en el caso de darse un enfrentamiento armado la situación puede volverse extremadamente grave.
La primera mitad del año la flota atunera nacional del Índico ha tenido que mantenerse a refugio en el canal de Mozambique para evitar la actividad pirata. En la actualidad estamos a la puerta de un repunte de los actos de piratería, ya que desde junio las condiciones de navegación eran muy duras para los esquifes que usan los piratas debido al efecto de los vientos monzónicos que soplan en esta estación, pero el monzón ha terminado y las condiciones vuelven a ser favorables para la navegación.