DE NUEVO, POR LA PUERTA DE ATRÁS
Por: Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española
Es un hecho constatado que, salvo rara excepción, el devenir del sector marítimo español, desde el año 1978, se ha venido dilucidando por la puerta de atrás. Hablo de rara excepción, haciendo referencia expresa a la reconversión industrial de los años ochenta que se llevó por delante, entre otros, al sector de la construcción naval española. Hubiera sido entendible por los españoles que las negociaciones de entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea se acabasen saldando con un acuerdo por el que España, en términos generales, renunciaba al sector industrial en favor de su sector terciario. Sin embargo, los gobiernos de la época se limitaron a capear el temporal de las protestas en la calle negociando con los sindicatos generosas jubilaciones anticipadas y planes de pensiones a medida. Todo ello en detrimento de una economía española ahogada por el exceso de gasto público. En realidad, poco importaba porque, como se defendió desde el Gobierno, el dinero público “no era de nadie”.
Hace pocas fechas, el Gobierno en funciones ha firmado la orden de ejecución de cinco fragatas F-110. Una orden que debería haber sido firmada tiempo atrás por el gobierno anterior. Como era de esperar, la noticia ha pasado casi desapercibida en la prensa generalista. Y ello, porque nuestros políticos no se sienten cómodos hablando de gastos en la defensa del país. Clara demostración de la debilidad de nuestro modelo político, no es otra que comprobar la imposibilidad de consenso alguno entre gobierno y oposición en la necesidad de sostener financieramente unas fuerzas armadas dignas y adaptadas al marco geopolítico que preside nuestra realidad. En países como el Reino Unido, Francia o Italia, por citar algunos países de nuestro entorno, existe un tradicional consenso sobre la necesidad de mantener unos niveles aceptables de gasto en defensa, gobierne el partido que gobierne. Desgraciadamente, aquí, tanto conservadores como socialistas, son incapaces de explicar que la defensa nacional se inicia fuera de nuestras fronteras, y que, por ello, se hace preciso contar con una Armada moderna y potente. Tampoco han sido capaces de explicar que el desarrollo de tecnologías militares propias implica ventajosas inercias comerciales que favorecen la exportación y, por ende, el empleo, el consumo y la actividad económica.
En vez de acudir a este tipo de argumentos, los gobiernos españoles han preferido justificar los gastos militares en base a argumentaciones de carácter social vinculadas al empleo. De este modo, la justificación política de la firma de la orden de ejecución de las nuevas fragatas ha sido “la creación de un total de 7.000 empleos directos en el plazo de nueve años”. En contraposición a esta visión pequeña de la realidad, los españoles señalan a nuestras fuerzas armadas como la institución más respetada, constatándose así el gap que se vine observando en los últimos años entre la ciudadanía española y nuestra clase política.
También hace unos días, y tengo la sensación de que seguramente por la puerta de atrás, ha sido firmado el real decreto ley sobre reforma de la estiba. La verdad es que no he tenido ocasión de leerlo todavía, pero el hecho de que patronal y sindicatos lo hayan acogido con satisfacción, me hace pensar que esto nos va a costar dinero a todos. ¡Ojalá me equivoque!
