Bruselas ratifica la devolución de las ayudas
No ha sido una sorpresa, durante toda la semana se ha venido comentando en los mentideros de Bruselas que el sector naval sería condenado a la devolución de las ayudas por la ilegalidad del antiguo sistema de financiación denunciando por Holanda hace casi dos años, sin embargo, la retaficicación de la decisión por parte de la Comisión Europea, aunque esperada, ha sentado como un jarro de agua fría sobre el sector, y es que Almunida ha confirmado que deberán devolver las ayudas entregadas desde abril de 2007, con una salvedad, la devolución no correrá por parte de los astilleros y los armadores, sino por parte de los inversores. A este respecto, el comisario Almunia especificaba que "no se trata de una decisión sobre los astilleros españoles. El futuro de los astilleros, de la industria auxiliar y de sus trabajadores dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores".
Aunque el comisario de competencia no se ha pronunciado sobre el monto total de las devoluciones, el sector estimaba que se aproximarían a los 2.000 millones de euros, aunque la cantidad exacta a devolver a las arcas españolas y los plazos en los que tengan que realizarse tendrán que ser decidida por el ministerio de Hacienda español.
Decisión injusta y discriminatoria
En una rueda de prensa posterior, la patronal de los astilleros, PYMAR, se agarraba a este aspecto como elemento esperanzador en todo este asunto que afecta a más de 87.000 profesionales del naval. Almudena López del Pozo, consejera delegada de la entidad, instaba al gobierno a que "haga las cosas lo mejor posible a la hora de decidir qué ayudas, cuándo y cómo se devuelven".
Por su parte, Álvaro Platero, presidente de PYMAR, calificaba la decisión de "injusta y discriminatoria", "injusta porque tenemos elementos jurídicos suficientemente sólidos para que no haya que devolver esas ayudas hasta 2011, y discriminatoria porque tenemos el precedente de Francia".
Sin embargo, desde la patronal veían como positiva la unidad que ha generado todo este problema entre las diferentes instituciones, los sindicatos y los astilleros con independencia del signo político y expresaban la posibilidad de ejecutar las acciones legales que estimen oportuno una vez que se haya analizado la decisión a fondo.
