Cepesca aboga por una gestión basada en derechos trasferibles de pesca en toda la Unión Europea

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) considera que la futura gestión de la pesca debe estar basada en un sistema de derechos transferibles en toda la Unión Europea y en función de las peculiaridades de las diferentes pesquerías estos derechos podrían estar basados en esfuerzo de pesca o en cuotas. Así lo recoge el documento con la posición de la Confederación sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), aprobado ayer por su Junta Directiva y que ha sido remitido a la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, para que sea tenido en cuenta de cara a la propuesta de reforma que elabora esta Institución comunitaria.
El posicionamiento de Cepesca respecto de la reforma de la PPC apunta que con derechos de pesca surge entre los pescadores un sentimiento de conservación y de responsabilidad muy necesarios para la gestión de cualquier pesquería. Permite además, a las empresas pesqueras, una planificación a largo plazo, programando sus actividades a lo largo del año en función de sus propios intereses, pudiendo ajustar su oferta a las necesidades del mercado y del caladero. Este sistema también facilita el ajuste de la capacidad de la flota a los recursos existentes al eliminar la sobrecapacidad en las pesquerías en las que exista; disminuye la carrera para pescar, favorece la seguridad de las tripulaciones, al evitar la pesca en situaciones más peligrosas, y reduce los descartes.
Si bien está demostrado que un sistema de gestión basado en derechos se puede aplicar a todo tipo de buques, dado el rechazo que se constata en la flota artesanal europea, desde Cepesca, para evitar los riesgos que se advierten por parte de algunos, como concentración en grandes empresas de los derechos de las pequeñas empresas, se propone la necesidad de adoptar unas medidas de salvaguarda claras que les permitan trabajar con la necesaria seguridad jurídica.
El documento señala que la pesca es una actividad económica y empresarial que necesita seguridad jurídica, seguridad que se puede lograr con unas normas claras, sencillas, fácilmente aplicables y uniformes en toda la Unión Europea.
Para Cepesca, en la actividad pesquera también se deben aplicar las normas del Mercado Interior y el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad. Por otro lado, estima que la investigación aplicada y las evaluaciones científicas tienen que ser un pilar básico de la nueva PPC.
La Junta directiva de Cepesca ha coincidido en que el principio de estabilidad relativa hoy en día es un obstáculo para conseguir una gestión adecuada de las pesquerías y, por tanto, debería ser eliminada o, en el peor de los casos, actualizada en la reforma que se plantee.
Tanto la flota artesanal como la flota de altura son igual de importantes. Ambas deben estar bien gestionadas. Sin distorsionar la competencia y atendiendo a sus particularidades y especificidades, la flota artesanal podría tener un tratamiento diferenciado del resto.
La dimensión exterior debe seguir basándose en unos Acuerdos de Asociación Pesquera mejorados y en un papel de liderazgo de la Unión en las Organizaciones Regionales de Pesca. Cepesca considera que la Unión debería poner todos los medios necesarios para terminar con la piratería en el Océano Índico.
Las prioridades principales de la futura financiación pública deben basarse en los objetivos de la PPC de garantizar el desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos y la viabilidad de la flota comunitaria y de los trabajadores del mar. Cepesca considera que el objetivo debe seguir siendo conseguir el desarrollo sostenible, existiendo un equilibrio claro entre las cuestiones económicas, sociales y medioambientales, sin priorizar unas sobre otras. Necesitamos empresas rentables, que puedan ofrecer las mejores condiciones laborales a los tripulantes y que puedan ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Es fundamental que en la nueva PPC el proceso de toma de decisiones siga un enfoque de “abajo – arriba”, más cercano a las comunidades pesqueras y con unos instrumentos que permitan a las administraciones, científicos y sector poder acercar posturas y consensuar medidas. El sector extractivo ha de asumir una mayor responsabilidad en las decisiones de política de gestión de los recursos.
El sector de captura ha de ser apoyado y dotado de mecanismos apropiados para su desarrollo e integración vertical, de modo que se garantice su participación en la cadena de comercialización y acceso a los mercados, posibilitando que la frase “de la captura a la mesa” no sea un eslogan más.