El PE rechaza la prórroga del acuerdo de pesca con Marruecos
El Parlamento Europeo rechazó ayer la extensión, hasta febrero de 2012, del acuerdo de pesca actual entre la UE y Marruecos y ha pedido a la Comisión que negocie un nuevo acuerdo más beneficioso económica y ecológicamente y que tenga en cuenta los intereses de la población saharaui. El voto del Parlamento Europeo implica el cese inmediato del protocolo vigente, que se aplicaba de forma provisional desde el 28 de febrero de 2011.
La prolongación del protocolo pesquero con Marruecos ha sido rechazado por 296 votos a favor, 326 en contra y 58 abstenciones, en consonancia con la posición del ponente, el liberal finlandés Carl Haglund, quien se opuso a la prórroga por motivos económicos, ecológicos y jurídicos.
"No se puede considerar este voto como un movimiento hostil hacia nuestros socios, sino que indica que nos tomamos en serio un tema muy importante", recalcó Haglund en un debate celebrado el lunes. El ponente dejó claro que está a favor de un futuro acuerdo de pesca con Marruecos, pero uno mejor. "No hay dudas de que (un buen acuerdo) es algo que todos queremos", señaló.
Haglund se opuso a la extensión de un año del protocolo actual argumentando su baja relación coste/beneficio, la sobreexplotación de varias especies demersales, como el pulpo, el calamar o el langostino, la escasa contribución de los fondos europeos al desarrollo del sector pesquero local y la falta de pruebas sobre si el acuerdo beneficia a la población del Sáhara Occidental.
Esta decisión deja en una absoluta inseguridad jurídica a los cerca de 70 buques pesqueros españoles que ya tenían abonadas sus licencias, cánones y observadores para faenar en el caladero Marroquí hasta el 27 de febrero de 2012.
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, considera que este rechazo “es un grave error y una malísima noticia. Ha sido una decisión puramente política que nada tiene que ver con las relaciones pesqueras entre la UE y Marruecos y que deja tirados a más de 700 tripulantes embarcados en los cerca de 70 barcos españoles, sobretodo de Andalucía y Canarias, además de a otros 40 buques de otros 10 Estados miembros de la UE. Por ello, es imprescindible que tanto la Comisión Europea como el gobierno español reaccionen inmediatamente poniendo en marcha los mecanismos necesarios para paliar las gravísimas consecuencias socioeconómicas que se van a producir. Así mismo, instamos a la Comisión Europea a que tenga en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo aprobada hoy en la que le solicita que negocie un nuevo protocolo que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental y que beneficie a ambas partes”.
