Andrés Hermida: España defiende una implantación progresiva de la política de descartes para modular el impacto socioeconómico en las pesquerías afectadas
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha subrayado que España defiende un enfoque progresivo para la implantación de la política de descartes, con el fin de modular el impacto socioeconómico en todas las especies y pesquerías afectadas, intentando que las adaptación al nuevo sistema sea lo más racional posible.
Esto nos obliga, ha añadido, a trabajar de manera firme, sin prisas pero sin pausa, con el objetivo de ver cumplido este objetivo cuando vayamos alcanzando los hitos establecidos en la Política Pesquera Común, para la aplicación de esta norma.
Así lo planteó en la inauguración de la Jornada sobre “Aplicación de la obligación de Desembarque”, organizada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo. Allí recordó que, a partir del próximo 1 de enero de 2016, entrará en vigor la prohibición de descartes para algunas especies demersales, que afecta en España a ambas merluzas.
Mesa estatal de descartes
Por esta razón, señaló Hermida, se está impulsando desde la Secretaría General de Pesca, la mesa estatal de descartes. Una iniciativa pionera en materia de gestión pesquera, en la que participan científicos, ONGs , el propio sector pesquero y las administraciones, y en la que se abordarán los planes de descartes para las distintas especies y pesquerías al ritmo que se vayan viendo afectadas.
Sus trabajos, explicó el secretario general, se están centrando en buscar soluciones para cada casuística: especies no deseadas de escaso interés comercial, ejemplares por debajo de la talla mínima o especies con cuota agotada, para la puesta en marcha de esta medida.
También destacó el trabajo a desarrollar por las Administraciones, ya que los Estados miembros deberán presentar, en tiempo y forma, los planes de descartes para su aprobación por la Comisión. Unos planes, indicó, que se están elaborando de manera armonizada por los países ribereños de determinadas zonas, dentro del enfoque de racionalización, que permite a los Estados miembros proponer a la Comisión medidas concretas para las pesquerías de aquellas zonas en las que, bien por cercanía o por actividad de la flota, suscitan mayor interés.
Este enfoque regional, subrayó Hermida, nos va a permitir proponer medidas adaptadas a la realidad de nuestra actividad pesquera en una determinada zona, de modo que se puedan recoger así sus particularidades.
“Unos retos en definitiva que debemos ver más como una oportunidad que como una dificultad, a pesar de que supongan un importante esfuerzo y sobre todo un ejercicio de cambio”, señaló Hermida.
Más cuotas para 2016
En su intervención, el secretario general quiso también destacar los resultados de la reunión celebrada el pasado miércoles en Bruselas, en la que se decidieron las posibilidades de pesca para 2016. Unas negociaciones, explicó, que se cerraron con más cuotas y, por tanto, más beneficios para los pescadores españoles.
En este ámbito ha resaltado el máximo histórico conseguido en la cuota de merluza del norte, con 27.764 tn. (30.440 tn incluidos los top ups) para España, o el incremento de la cuota de gallo en un 5 por ciento y el mantenimiento de la del rape, a pesar de la difícil situación de partida.
También planteó la mejora de la situación de los stocks de anchoa, cigala y jurel de la zona VIIIc y 2A14, o la modulación de propuestas de reducción para las poblaciones ibéricas y de la caballa, en base al retraso del alcance del rendimiento Máximo Sostenible al 2018 y a la aplicación de un Plan de gestión a largo plazo.
Finalmente hizo referencia a la cuota adicional, o top ups, aplicada a especies sujetas a la obligación de desembarque en 2016, que afecta a las merluzas norte y sur en España, donde se lograron elevar las propuestas de la Comisión, hasta cifras que, aún pudiendo ser superiores, son más coherentes con la realidad de estas pesquerías, concluyó Hermida.
