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El sector naviero arremete contra la tarifa plana discriminatoria

Redacción ProfesionalesHoy19/05/2016

La movilidad es una necesidad fundamental de los ciudadanos residentes en los territorios insulares, además de un derecho reconocido en la Constitución española. Para garantizar el ejercicio este derecho, cada año los presupuestos generales del Estado y los de las comunidades autónomas insulares prevén unas importantes cantidades para subvencionar parcialmente el transporte de los residentes insulares con la Península y entre las islas.

Estas subvenciones, aunque vayan dirigidas a los ciudadanos y no a las empresas transportistas, pueden distorsionar la competencia si se otorgan de forma que favorezcan a unos modos de transporte respecto de otros. El sistema actual de subvención discrimina negativamente en varios aspectos muy importantes al transporte marítimo y a los ciudadanos que lo utilizan. Y apoyan más al transporte aéreo, modo de transporte menos sostenible y que más dinero cuesta al Estado. De este modo, extraemos que mientras Europa apuesta por el transporte marítimo, como modo de transporte más sostenible, España fomenta el aéreo, que produce 30 veces más emisiones de dióxido de carbono por pasajero.

Lo peor es que la situación actual, lejos de resolverse, podría estar a punto de empeorar: tanto en Baleares como en Canarias, los gobiernos autonómicos, al parecer con el apoyo del ministerio de Fomento, pretenden que se establezca una llamada “tarifa plana” para todos los pasajeros que se muevan en el tráfico aéreo interinsular.

Probablemente lo más justo no sería una tarifa plana, sino una subvención plana: que el ciudadano recibiese un importe fijo por viaje interinsular, que pudiese emplear en aquel modo de transporte, compañía y acomodación que considerase más adecuada a sus necesidades en cada momento. En algún caso se elegiría el modo más rápido, en otro el más barato, en otro el que permitiese transportar un coche… siempre según la necesidad o la preferencia personal de cada ciudadano y no porque el propio sistema de subvención sesgue dichas preferencias en uno u otro sentido.

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