Retos para la gestión de residuos en la nueva Economía Circular

El 2018 puede ser el año en el que los principios de la Economía Circular tomen forma y tengan implicaciones directas en el sector de la gestión de residuos industriales y peligrosos. A nivel europeo, el paquete legislativo de Economía Circular (PEC) debe comenzar a concretarse para su posterior aplicación en los Estados miembros.

Este paquete legislativo establece nuevos objetivos, figuras y disposiciones para reducir la producción de residuos, el aprovechamiento de los subproductos, la reintroducción como productos de residuos ya tratados en el ciclo productivo, así como la reducción de forma significativa del depósito de residuos en vertedero.

Luis Palomino, secretario general de Asegre.

Por todo ello, el Consejo y el Parlamento Europeo ya han acordado una serie de propuestas que se espera sean aprobadas durante el primer semestre de este año. En ellas se establecen objetivos obligatorios de reducción y normas actualizadas para reducir la generación de residuos, garantizar un mejor control de la gestión de residuos, fomentar la reutilización de los productos y mejorar el reciclado en todos los países de la UE.

Con este acuerdo, los Estados miembros se comprometen claramente con unos objetivos de la Unión Europea en materia de reutilización, reciclado y depósito de residuos en vertederos y normas para mejorar la gestión de distintos flujos de residuos. Todo ello con el objetivo de aumentar la preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales hasta el 65% en 2035, partiendo del 44% actual. Esto tiene implicaciones para el desarrollo de la directiva de vertederos, ya que para 2035 se busca depositar una cantidad inferior al 10% de los residuos municipales que se produzcan. Los principales elementos del texto acordado son los siguientes:

• Definiciones más claras para los principales conceptos en materia de residuos.
• Nuevos objetivos obligatorios a nivel de la UE para la reducción de residuos que deberán haberse alcanzado en 2025 y 2030, y en 2035.
• Métodos y normas más estrictos para calcular los avances hacia esos objetivos.
• Nuevos requisitos para la recogida selectiva de residuos, el refuerzo de la aplicación de la jerarquía de residuos a través de instrumentos económicos y medidas adicionales para que los Estados miembros eviten la generación de residuos.
• Requisitos mínimos aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Los productores sujetos a estos regímenes son responsables de la recogida, clasificación y tratamiento de los productos usados para su reciclado. Los productores estarán obligados a pagar una contribución financiera con ese fin, que se calculará sobre la base de los costes del tratamiento.

Esta transacción provisional es el resultado de largas negociaciones con el Parlamento desde mayo de 2017 y modifica estas seis directivas: directiva marco sobre residuos, directiva sobre los residuos de envases, directiva sobre vertederos y las directivas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sobre los vehículos al final de su vida útil; así como sobre las pilas y acumuladores y los residuos de pilas y acumuladores.

Estos ambiciosos objetivos del paquete de Economía Circular se irán reflejando en la legislación española, si bien será un proceso largo y complejo en el que todos los sectores implicados tendrán una participación activa. Por el momento, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha puesto a disposición del público el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular y ha abierto un plazo para remitir observaciones que finaliza a mediados de marzo.

A nivel europeo, el paquete legislativo de Economía Circular (PEC) debe comenzar a concretarse para su posterior aplicación en los Estados miembros.

De este documento se puede destacar que gran parte del presupuesto será para actuaciones de reutilización de aguas. La estrategia también contempla la actualización del real decreto sobre los residuos de construcción y demolición con el objetivo de incrementar el uso de estos residuos en la obra pública. También es de gran importancia para el sector el hecho de que se marque la armonización fiscal en todo el país como uno de los objetivos para fomentar la igualdad de cumplimiento de las metas medioambientales.

La disparidad fiscal que existe actualmente entre las Comunidades Autónomas está generando un grave perjuicio al sector por afectar a la unidad de mercado y dificultar el cumplimiento de objetivos. De ahí que la estrategia española señale la necesidad de que haya una fiscalidad en materia de residuos ordenada, coordinada y armonizada entre las CCAA para que se aplique el principio de jerarquía de residuos con rigurosidad y evitar traslados entre territorios por este motivo.

En este sentido, según apunta la Estrategia Española de Economía Circular, el Gobierno ha creado dos Comisiones de expertos para la revisión y análisis del actual sistema de financiación autonómica y local, con el objetivo de dar un fuerte impulso al proceso de actualización de los vigentes sistemas de financiación

El cumplimiento de estos objetivos relacionados con la apuesta por la Economía Circular, supondrá la realización de nuevas inversiones por parte de los gestores de forma que logren tratamientos de mayor valor añadido y más capacidad de recuperación de los residuos. Sin embargo, para que estas inversiones ofrezcan una rentabilidad, la unidad de mercado que se marca en la estrategia española resulta indispensable y, en esta unidad, se incluye también esa armonización fiscal analizada anteriormente.

Además, dentro de esa unidad de mercado, es esencial mejorar la deficiente clasificación de los residuos, y homogeneizar los criterios de gestión, las autorizaciones de las instalaciones y la asignación de las operaciones de tratamiento que no son equivalentes en todo el territorio nacional. Además, resulta necesario mejorar la trazabilidad para que cada residuo reciba el tratamiento adecuado a sus características, con la mejor tecnología disponible, y en una instalación autorizada para ello. Todas estas cuestiones son fundamentales para uno de los sectores que de una forma más tangible llevan a la práctica los principios de la Economía Circular.

Resulta importante destacar que, el 31 octubre de 2018, buena parte de las instalaciones finales de tratamiento de residuos peligrosos deberán presentar las garantías financieras que cubran sus riesgos medioambientales, calculadas de acuerdo a la metodología que establece el Gobierno español y que incluye un análisis de riesgos ambientales. Estas son las actividades que deberán disponer de la garantía financiera antes del 31 de octubre:

• Operadores sujetos al ámbito de aplicación del Real Decreto 840/2015 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso).
• Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal o igual a 50 MW: instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa; e instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad principal.
• Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades: tratamiento químico, tratamiento físico-químico, recuperación o regeneración de disolventes, reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos, regeneración de ácidos o de bases, valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación, y valorización de componentes procedentes de catalizadores.
• Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración de residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.

Y antes del 31 de octubre de 2019 deberán presentar estas garantías financieras obligatorias los vertederos de todo tipo, con excepción de los autorizados para residuos inertes.

La garantía financiera podrá constituirse a través de las siguientes modalidades: póliza de seguro suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España; aval concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar en España; o reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad hoc con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público. Estas modalidades podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía, como en los hechos garantizados.

Ante la avalancha de objetivos relacionados con la Economía Circular, nuestro país se encuentra en una situación vulnerable que puede acarrear perder la oportunidad económica que suponen todos estos planes, además de arriesgarse a recibir futuras sanciones europeas por incumplimiento de los objetivos marcados. Desde Asegre consideramos que muchos de los problemas actuales se podrían resolver mediante la modificación del régimen de responsabilidad del productor para que se comparta a lo largo de la cadena de gestión. Así lo recomienda el estudio sobre la gestión de los residuos peligrosos en la Unión Europea, realizado a lo largo de 2017 por la consultora Bipro-Ramboll para la Comisión. Este asunto ya se ha regulado en países como Francia, Alemania y Reino Unido y tiene como consecuencia una autorregulación del sector, ya que el productor buscaría los mejores tratamientos existentes para sus residuos.

Y estos tratamientos van a mejorar sustancialmente ya que, a partir de junio de 2018, se publicará la decisión europea con las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles para las actividades de tratamiento de residuos. De esta forma, se establecerán los valores límite de emisión y las técnicas para alcanzarlos. Se trata de un proceso de revisión que ha durado cuatro años y que supondrá un gran esfuerzo para las instalaciones de tratamiento de residuos al tener que adecuarse a dichos valores de emisión. Pero este esfuerzo debe realizarse de manera armonizada para que los residuos sean tratados en instalaciones autorizadas según estas técnicas y valores de emisión, en lugar de tratamientos que no ofrecen las garantías necesarias y que supongan diluciones o valorizaciones ficticias.

Nuestra asociación, como representante de los gestores de residuos peligrosos y de eliminación de residuos industriales no peligrosos, comparte la necesidad que marcan las instituciones europeas y españolas de avanzar hacia una gestión de mayor calidad, así como de poner en valor la capacidad de este sector a la hora de evitar emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la reutilización y reciclaje de los residuos.