Desafíos que afronta el agua

Dar al agua la calidad necesaria para los distintos usos es labor de los gestores que exige de los medios necesarios y requiere de la adecuada investigación y, todo ello, cuesta dinero. Conjunto de actividades que los políticos no afrontan con la debida responsabilidad, de ahí los graves problemas que se producen, entre otros casos, en tiempos de sequía y de inundación y es que esa falta de responsabilidad se traduce en imprevisión y en improvisación, con el consiguiente despilfarro de dinero al ejecutarse actuaciones que transcurrida la crisis, en su mayoría carecen de utilidad, y todo a causa de la ausencia de una buena planificación realizada con criterios científicos y técnicos que no existe como tal a causa de las conveniencias políticas.

El agua es escasa a nivel mundial, apenas el 3% de la que existe es dulce. En escasas ocasiones se puede consumir sin un tratamiento previo y una vez utilizada se ha de devolver a la naturaleza después de ser tratada. Para completar este escenario tenemos que hablar del saneamiento o conjunto de conducciones que sirven para transportar el agua ya utilizada hasta las depuradoras o, en su caso, directamente al medio natural, lo que en estos tiempos es una barbaridad.

Dar al agua la calidad necesaria para los distintos usos es labor de los gestores que exige de los medios necesarios y requiere de la adecuada investigación

Este conjunto de actividades necesita dinero para su desarrollo así como también lo requieren la investigación, las campañas educativas dirigidas a la ciudadanos y las labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones, lo que nos lleva al precio del agua, que la mayor parte de las veces es de índole política y, por tanto, no responde a la realidad, incumpliéndose así de forma flagrante la Directiva Marco de Agua que dice que el precio debe incluir todos los gastos, incluyendo los de primera instalación o coste de la infraestructura. No responde al real porque no incluye todos los gastos, lo que da lugar a un déficit monetario que pone en grave riesgo la salud del agua y el mantenimiento y conservación de las instalaciones. Y no responde a lo real porque los políticos intuyen que aumentarlo supone un riesgo para sus votos, lo que es censurable.

Como es natural el agua no se circunscribe solo al ciclo urbano del agua, que también incluye otras actividades y usos que demandan sus propias infraestructuras.

Ahora conviene introducirnos en los problemas que conllevan la ejecución de estas actividades, desarrolladas en su mayoría por el ámbito empresarial.

De la importancia de estas actividades en la economía de España da cumplida cuenta el hecho de que el agua interviene en mayor o menor grado en todos los sectores económicos. Pongamos el caso de la industria en general y del turismo en particular, cuyo desarrollo sin agua de calidad y en cantidad suficiente sería imposible.

El sector de la construcción en general y el del agua urbana en particular sufren directamente los avatares propios de los acontecimientos que afectan a la economía en lo que respecta a la subida de precios y al desabastecimiento de productos, que en definitiva se traduce también en subidas de precios. Es el caso de los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID 19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania, a los que se suman los más recientes de la guerra en Gaza y la crisis del Mar Rojo.

La subida o bajada de precios, propia del discurrir del tiempo, motivó la irrupción en el derecho de contratación del mecanismo de la revisión de precios para compensar esos vaivenes y conservar el equilibrio económico de los contratos. Así funcionó durante muchos años, revisando las certificaciones mensuales de obra (pagos a cuenta) y haciendo las cuentas definitivas en la liquidación del contrato, lo que como es natural podía dar lugar a una revisión negativa. Cambia la ley y en la práctica desaparece la revisión de precios. Se producen las crisis mencionadas y la administración concede el ‘beneficio’ de una revisión de precios para los contratos de obra, que no para los de servicios (entre los que se incluyen los de conservación y mantenimiento), con un límite cuantitativo y en la que no se tiene en cuenta el coste de la energía (en el caso de una EDAR en explotación supone el 40% de los costes estructurales), cuyo precio había subido extraordinariamente. Esto supone una ilegalidad porque se rompe el equilibrio económico del contrato reconocido por la ley y la jurisprudencia.

Es un hecho que los precios suben y bajan, por eso es necesario volver a la revisión de precios tal y como se concibió esta institución en sus orígenes y hacerlo sin demora para restituir la legalidad perdida.

Es una necesidad sentida, sobre todo ahora en que el mundo de la digitalización está en auge, la de agilizar los procedimientos administrativos, ya que entre la concepción de una actuación y su terminación pueden pasar años. Si partimos del anuncio de la licitación, la duración del proceso hasta la adjudicación es frecuente que dure más de seis meses y llegar al año. A esto hay que sumar las incidencias propias del desarrollo del contrato. Algo se debe de hacer para cambiar la situación. Ya en la memoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se explicita la necesidad del cambio. El resultado por ahora es que el propio Plan acorta algunos plazos, pero por lo demás todo sigue igual.

Javier Romero de Córdoba propone agilizar los procedimientos administrativos, "ya que entre la concepción de una actuación y su terminación pueden pasar años".

Se entiende que la decisión de materializar las actuaciones esta precedida por la necesidad, por lo que es importante tenerlas concluidas en el plazo más breve posible, por eso no se entiende que, en los contratos de obra, los más frecuentes, en los que se licita un proyecto tal cual, se introduzcan cláusulas tales como ‘comprobación de los cálculos’ que denotan que el proyecto está cojo, por no decir inconcluso, lo que sin duda retrasará la ejecución y supone un gasto adicional para el contratista en favor de la administración. Y es que a los proyectos hay que dedicarles tiempo y dinero para que puedan resultar directamente constructivos y de esta manera no surjan incidencias adicionales que por imprevisión retrasan el fin de las obras.

En estos contratos el licitador presenta la memoria, en la que expone como desarrollará el proyecto y los medios que empleará, la documentación requerida y demás exigencias del pliego. Los técnicos del órgano de contratación estudian toda la documentación técnica y valoran las ofertas presentadas. Concluido este proceso tiene lugar la apertura de las ofertas económicas que también se valoran. La suma de puntos de ambas ofertas da la nota alcanzada por cada uno de los licitadores y desvela la más alta de todas, que se alza con la adjudicación.

La realidad nos muestra que las inversiones en España no son sostenidas ni sostenibles en el tiempo, su representación gráfica es una línea quebrada, de ahí su irregularidad. Eso hace que ante la habitual escasez de licitaciones se ofrezcan precios que, de entrada, hacen dudar que se pueda conseguir la actuación con la calidad necesaria; la que la ley exige. Esta busca la mejor relación calidad precio, que se obtiene ponderando las ofertas técnica y económica, por eso una mala oferta técnica acompañada de una oferta económica nada razonable no puede resultar adjudicataria del contrato. Para evitarlo, lo razonable es sentar umbrales de calidad técnica de modo que toda memoria técnica que no alcance un límite (puntuación) mínimo de calidad resulte excluida. Y para hacer desistir de las bajas exorbitantes se deben imponer umbrales de saciedad, mediante el empleo de curvas para la valoración económica de las ofertas, que a partir de determinada baja el rendimiento en puntos no compense superarla. En todo caso, los órganos de contratación han de aplicar con la máxima responsabilidad y rigor la presunción de temeridad. Un paso importante en este afán de conseguir lo mejor es que los pliegos den más valor a lo técnico que a lo económico, o por lo menos el mismo, lo que ahora no ocurre.

Tenemos un déficit de inversión en agua de 35.000 millones de euros, que, con los presupuestos, planes hidrológicos de cuenca y fondos de recuperación, transformación y resiliencia no alcanza para enjugarlo y, por tanto, la propia dinámica de los acontecimientos llevará a que aumente, por eso se debe dar paso franco a la colaboración público-privada, estableciendo su regulación total y cambiando para ello lo menester en la Ley de Desindexación y su reglamento.

El mundo del agua es así. Llevamos años haciendo las mismas reivindicaciones y todo sigue igual. Con la revisión de precios actual que no recoge entre otros la energía, las empresas han trabajado a pérdidas y los operadores solventaron de forma gallarda las dificultades para que el agua no faltara en los hogares durante la pandemia. Las cosas necesariamente han de cambiar, pues está en riesgo el ciclo integral del agua urbana. La solución está en manos de los poderes públicos que parecen no saber, pero saben, que están bajo una espada de Damocles, pero, mientras todo funcione, de qué preocuparse.