Ley Sinde: en octubre se empezarán a tramitar los primeros cierres de páginas web

E.P El ministerio de Cultura archivará en un plazo de 48 horas las denuncias contra las webs vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual que "voluntariamente" interrumpan el servicio o retiren dichos contenidos, si bien se podrá reabrir el expediente archivado si se reanuda la actividad vulneradora. Las primeras denuncias de páginas web se empezarán a tramitar entre octubre y noviembre.

Así consta en el borrador del Real Decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual al que ha tenido acceso Europa Press y que establece las fases y tiempos para llevar a cabo el procedimiento contra las páginas que permitan las descargas no autorizadas.

Transcurrido el plazo de 48 horas sin que se haya producido voluntariamente la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos, el órgano instructor practicará en el plazo de dos días las pruebas pertinentes, elaborará una propuesta de resolución y notificará dicha propuesta a los interesados para que presenten sus conclusiones en el plazo máximo de cinco días.

Otros plazos
Asimismo, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual dictará resolución en el plazo máximo de los tres días siguientes, declarando la existencia o inexistencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual.

Además ordenará al referido responsable la interrupción de la prestación del servicio o la retirada de los contenidos que vulneren los citados derechos, debiendo aquel dar cumplimiento a la misma en un plazo de 24 horas desde su notificación.

La resolución contemplará, asimismo, para el caso de incumplimiento dentro de ese plazo, las medidas de ejecución forzosa dirigidas a los servicios de intermediación de la sociedad de la información que deberán dar cumplimiento a este requerimiento de colaboración en un plazo de 72 horas desde la notificación.

Si la resolución que declara la vulneración de los derechos de propiedad intelectual no hubiera sido cumplida voluntariamente en plazo por el interesado, la Sección se dirigirá al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente y se notificará "de forma inmediata" a las partes.

Fuera de la UE

El texto del borrador recuerda también que se pueden retirar contenidos de prestadores de fuera de la Unión Europea. Así, los órganos competentes pueden dirigirse directamente a un prestador de servicios para ordenarle que "retire determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, o impida el acceso desde territorio español a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya sido decidida, en caso de prestadores establecidos fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo".

Cuando las medidas de retirada de contenidos, impedimento del acceso desde España o interrupción de la prestación del servicio, afecten a los derechos y libertades de expresión e información, "deberán ser decididas por los órganos jurisdiccionales competentes".

La Comisión de Propiedad Intelectual decidirá, en cada caso, si procede la retirada de contenidos o el cierre de la página. Y la ejecución forzosa de esas medidas deberá contar, siempre, con autorización judicial. En todo caso, asegura, que el procedimiento permite en todo momento "la retirada voluntaria" de los contenidos que no cuenten con autorización del titular.

La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros titulares nombrados mediante orden del titular del Ministerio de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Cultura, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual.

Según la explica la Coalición de Creadores al abrirse este martes el periodo de consultas sobre el texto del borrador, hasta mediados de agosto o principios de septiembre no se podrá constituir la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que significa que hasta noviembre o diciembre no podrán a empezar a tramitarse las primeras denuncias. "Es otro año perdido", subrayan.