España registra retrasos en la implementación de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos
El IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica revela que España tarda hasta tres veces más que otros países europeos en poner en funcionamiento puntos de recarga para vehículos eléctricos, con plazos de hasta 36 meses. La concentración del mercado, la falta de interoperabilidad y la carencia de información dificultan el desarrollo de una red eficiente y accesible.
España ha experimentado un crecimiento significativo en su infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos, instalando casi un tercio de los puntos operativos en 2023. Este avance ha permitido una mejor relación entre vehículos y puntos de carga, alcanzando los 15 vehículos eléctricos (BEV y PHEV) por cargador, una mejora del 25% respecto a 2022, según el IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España. Sin embargo, el despliegue de esta infraestructura se encuentra ante importantes retos que ralentizan su expansión y su capacidad de satisfacer la creciente demanda de movilidad eléctrica.
A finales del primer semestre de 2024, España contaba con 34.105 puntos de recarga públicos operativos, pero más de 7.000 puntos adicionales están pendientes de puesta en funcionamiento debido a los largos procesos administrativos, que pueden extenderse hasta 36 meses. Esta situación contrasta con países como Francia o Bélgica, donde estos plazos son de tres a cuatro veces más rápidos, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé alcanzar los 340.000 puntos de recarga para 2030.
Fuente: IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España.
El informe también destaca la alta concentración del mercado: el 96% de los puntos de recarga están gestionados por solo 10 de las 80 empresas operadoras en España, siendo cinco de ellas responsables del 81% de la infraestructura. Esta concentración limita la competencia y dificulta la creación de una red de recarga pública accesible y competitiva.
Además, el 40,9% de los puntos de recarga carecen de información en el Punto de Acceso Nacional, un requisito que persigue facilitar el acceso de los usuarios a datos sobre la ubicación y disponibilidad de los puntos. Esta carencia de datos limita la capacidad de los usuarios para planificar y acceder eficientemente a los servicios de recarga.
Otro obstáculo señalado en el informe es la falta de interoperabilidad entre operadores, una exigencia europea que permite a los usuarios acceder a los puntos de recarga independientemente del proveedor. La falta de esta funcionalidad obliga a los usuarios a utilizar diferentes aplicaciones y sistemas de pago, encareciendo el servicio y creando barreras para la expansión del vehículo eléctrico en España.
Para superar estos desafíos, el informe sugiere simplificar los trámites administrativos, aumentar la transparencia y fomentar la competencia. La directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, May López, señala la necesidad de reducir los plazos y asegurar una infraestructura integrada, promoviendo una red de recarga pública que responda a la creciente demanda y coloque al usuario en el centro de la estrategia.
