El Gobierno aprueba la distribución de 105 millones en la ejecución de políticas de Reto Demográfico

El Consejo de Ministros celebrado el 25 de abril, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó la distribución a las comunidades autónomas de 89 millones de euros para los programas de Capacitación digital y del Fondo de cohesión territorial, dotados con 69 millones y 20,2 millones, respectivamente. Además, también autorizó el lanzamiento de la segunda convocatoria del Programa de ayudas para proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación, dotada con otros 16,2 millones.

Además, el Consejo de Ministros constató un aumento superior al 30% de los recursos a disposición del plan 130 Medidas frente al Reto Demográfico, de modo que superará los 13.000 millones para el período 2021-2023. Finalmente, en la reunión ministerial se dio luz verde a la convocatoria de la segunda edición del Programa Campus Rural, que duplicará la inversión y el número de beneficiarios respecto a la primera, de 2022, enumeraron en una nota de prensa fuentes del Ejecutivo.

Las ayudas para financiar actuaciones de Capacitación digital de la ciudadanía, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuenta con una dotación de 90 millones. El Gobierno aprobó el reparto de 69 millones a las comunidades autónomas, mientras que los restantes 21 millones los gestionará el Miteco “más adelante, de un modo centralizado, por medio de la Secretaría General de Reto Demográfico”.

Este programa del PRTR tiene por finalidad garantizar la inclusión digital de la ciudadanía, con especial atención a las zonas en declive demográfico “y se espera que proporcione formación a casi 300.000 personas. Su distribución se ha diseñado junto con las comunidades autónomas en Comisión Sectorial y atenderá a criterios de densidad de población, económicos y sociales”, añaden las mismas fuentes.

Por otro lado, el programa del Fondo de cohesión territorial, dotado con 20,2 millones, está orientado a financiar proyectos tractores que fomenten el desarrollo económico y social en municipios menores de 20.000 habitantes fuera de las Áreas Urbanas Funcionales. Podrán beneficiarse 6.724 municipios que suman más de nueve millones de habitantes. Su distribución también se ha diseñado junto con las comunidades autónomas en Comisión Sectorial e igualmente atenderá a criterios de densidad de población, económicos y sociales.

El Gobierno también autorizó al Miteco a lanzar una nueva convocatoria del programa de ayudas para proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación destinado a los ayuntamientos y otras entidades locales, como las diputaciones provinciales, los consejos comarcales o los organismos autónomos vinculados a estas entidades.

La anterior convocatoria, en 2022, contó con un presupuesto inicial de 16 millones, que se elevaron hasta los 29,2 millones ante el gran número de peticiones: se registraron más de mil solicitudes y finalmente se seleccionaron 268 proyectos de fomento de la repoblación, bioeconomía, gestión medioambiental y valorización del patrimonio, entre otros ámbitos. En esta ocasión la dotación inicial, que se prevé incrementar durante el ejercicio, asciende a 20,2 millones, de los que se aprobaron 16,2 millones para entidades locales en el Consejo de Ministros del 25 de abril.

Por otra parte, el 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial para la concesión de subvenciones a proyectos transformadores que promocionen la bioeconomía. “Esta nueva convocatoria pretende contribuir a la transición ecológica a través del apoyo a proyectos ligados al ámbito forestal, apoyando la gestión y aprovechamiento sostenible de los montes y contribuyendo a su multifuncionalidad”.

La convocatoria cuenta con 77 millones de euros y permitirá a estas zonas “desarrollar y diversificar aprovechamientos y usos forestales, favorecer paisajes más biodiversos, conectados y resilientes frente a perturbaciones como incendios y desarrollar labores de reactivación de zonas que hayan sufrido incendios forestales”.

En conjunto, el 25 de abril se lanzaron programas con distribución de créditos a las comunidades autónomas o con convocatorias transformadoras por importe de 182 millones; añadiendo los fondos activados, la cantidad destinada a políticas orientadas a revertir el declive demográfico supera los 203 millones.

El Plan 130 medidas frente al reto demográfico, aprobado en marzo de 2021 con una inversión prevista inicialmente de 10.000 millones, ha incrementado los fondos a su disposición en un 30% respecto a las estimaciones y supera ya los 13.350 millones para el período 2021-2023. El Plan aborda el reto demográfico desde una perspectiva multisectorial y se constituye como una de las prioridades dentro de la política aceleradora de cohesión social y territorial.

En 2022, la cifra total de inversión comprometida, repartida en diez ejes de actuación entre los que figuran el impulso a la transición ecológica, el desarrollo e innovación en el territorio o el fomento del emprendimiento y la actividad empresarial, ha ascendido a casi 4.770 millones de euros, de los cuales el 52% fue gestionada por las comunidades autónomas. El Miteco, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 concentran el 70% del presupuesto.

Tras tomar conocimiento de los resultados de la primera edición del Programa Campus Rural, el Consejo de Ministros también aprobó los términos de la convocatoria de la segunda edición. Se trata de una iniciativa que permite a los estudiantes hacer prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes, ofreciéndoles no solo una experiencia profesional, también vital “y que ha despertado un gran interés tanto entre los propios estudiantes como en las universidades y en las entidades públicas y privadas que ofertan prácticas”, aseguran desde el Ejecutivo.

La primera edición, dotada con una inversión de 1,5 millones, contó con la adhesión de 37 universidades públicas y la participación de 400 estudiantes —un 58% de mujeres y un 42% de hombres—, que realizaron prácticas en ámbitos como el sector agroalimentario, la bioeconomía, los servicios de turismo sostenible y los de alta tecnología, entre otros, en más de 280 municipios. En este caso, se duplicará la dotación presupuestaria hasta alcanzar un total de 3,2 millones que podrá beneficiar a un millar de estudiantes.