España necesita tres millones de puntos de carga privados para alcanzar sus objetivos de movilidad sostenible

“Las infraestructuras de carga privadas deben ser la base para impulsar la electromovilidad en España, que actualmente se encuentra a la cola de Europa con 1,6 cargadores por cada 100 kilómetros de carretera según indican la OCU y la Asociación europea de fabricantes de automóviles (ACEA)”, expone Henrik Bergman, director regional de Charge Amps en España y Portugal. “Estos datos varían dependiendo de la región, con una disponibilidad mucho mayor de puntos de carga en ciudades como Barcelona o Madrid”.

Las cifras actuales sitúan a España en 19ª posición a nivel europeo. El ranking lo lidera Países Bajos con 64,1 cargadores por cada 100 kilómetros, mientras Alemania (25,8) Portugal (24,9) o Italia (9,2) superan por mucho las cifras de España. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marcó como objetivo para 2022 alcanzar los 45.000 puntos de recarga en España y superar los 100.000 en 2023, una realidad que solamente se alcanzará impulsando las instalaciones privadas tanto residenciales como no residenciales, señalaron en una nota de prensa fuentes de Charge Amps.

Los cinco millones de vehículos eléctricos que, según el PNIEC, circularán en España en 2030 incluyen coches, furgonetas, motocicletas y autobuses. Todos ellos necesitarán un mínimo de 3,3 millones de cargadores para dar servicio a los conductores y garantizar que siempre podrán disponer de sus vehículos. Más de tres millones deberán ser privados, situados en hogares (1,25 millones), lugares de trabajo (1,4 millones) y cocheras (350.000).

“Es crucial desarrollar una red de cargadores funcional basada en el uso real que les darán los conductores. Los vehículos pasan la mayor parte del tiempo aparcados en casa o en el trabajo, con lo que es esencial disponer de puntos de recarga en ambos espacios”, apunta Henrik Bergman. “En este sentido y de forma complementaria, el 1 de enero de 2023 entrará en vigor el real decreto-ley 29/2021, que establece la obligatoriedad de disponer de un punto de carga en todos los aparcamientos privados no residenciales con más de veinte plazas, y disponer de puntos extra por cada cuarenta plazas”.

La nueva legislación es un primer paso que afecta directamente a hoteles, supermercados, restaurantes, oficinas o centros comerciales, así como edificios públicos y administrativos. Además, desde las mismas administraciones se trabaja para apoyar la instalación de puntos de carga privados mediante ayudas directas. Tanto los particulares como las empresas pueden cubrir hasta el 80% del coste de la estación de carga y de la instalación con las ayudas concedidas por el Plan Moves III.

Ante esta perspectiva es necesario asumir que los puntos de carga públicos deben tener una función complementaria, tal y como se indica en el estudio de ECODES. En la actualidad se calcula que existen unos 17.000 cargadores públicos en España, una cifra que deberá ampliarse hasta los 300.000 de cara a 2030 con tal de cubrir la demanda. La nueva normativa obligará a gasolineras y estaciones de servicio a adaptar sus servicios para ofrecer puntos de recarga a lo largo de 2023.

“Entendemos que las instalaciones públicas son un apoyo a la red privada, pero son estas instalaciones privadas las que pueden dar un gran impulso a la electromovilidad en España. Para potenciar la instalación de puntos de carga privados es necesario facilitar los trámites actuales de obtención de las subvenciones existentes, tanto para particulares como empresas. Y seguir desarrollando las normativas para que las empresas puedan facilitar ese paso a la electromovilidad de sus empleados. Son áreas, entre otras, que pueden ayudarnos a alcanzar las cifras objetivo a finales de la década”, concluye Bergman.