Bruselas aprueba un régimen español de 500 millones de euros para apoyar el despliegue de redes de retorno de banda ancha en zonas rurales
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español por valor de 500 millones de euros asignado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para apoyar el despliegue de infraestructuras de retorno de banda ancha en las zonas rurales. El régimen de ayudas forma parte de la estrategia de España para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las empresas en el contexto de la digitalización del país. También contribuye a los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transición digital, informaron en una nota de prensa fuentes del Ejecutivo comunitario.
“Este régimen español por valor de 500 millones de euros, financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), apoyará el despliegue de redes de retorno de banda ancha que fomentarán el desarrollo de servicios móviles eficaces en España. Esto ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios móviles de alta calidad, lo que contribuirá al crecimiento económico de España y a la consecución de los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transición digital”, declaró la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de Competencia.
El régimen de ayudas, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2025, se financiará con cargo al MRR, tras la evaluación positiva por parte de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) español y su adopción por el Consejo. “El PRR español contempla importantes proyectos de inversión en el sector de las telecomunicaciones electrónicas, por ejemplo, el despliegue de redes móviles eficaces. El régimen aprobado hoy se refiere al despliegue de redes de retorno de banda ancha”, añadieron las mismas fuentes.
“La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras. Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. La ayuda global por beneficiario no deberá superar el 90% de los costes subvencionables. La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estaciones de base situadas en municipios de menos de diez mil habitantes y que, a 31 de diciembre de 2025, no tendrían, a falta de apoyo, unas infraestructuras que funcionaran satisfactoriamente”, explican desde Bruselas.
Evaluación de la Comisión
La Comisión ha evaluado el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que autoriza las ayudas estatales que faciliten el desarrollo de determinadas actividades o zonas económicas.
La Comisión ha tenido en cuenta que el régimen de ayuda “es necesario y proporcionado para subsanar las deficiencias del mercado, a saber: la falta de conexiones de retorno actuales o planeadas en las zonas contempladas, que suelen ser regiones remotas y escasamente pobladas de España. La existencia de una deficiencia del mercado se ha evaluado mediante una cartografía de la infraestructura de banda ancha actualmente disponible y prevista, así como por medio de una consulta pública llevada a cabo por las autoridades españolas”.
Además, el régimen de ayudas tiene un efecto incentivador, “ya que facilita el despliegue de redes de retorno de alto rendimiento que los operadores privados no estarían dispuestos a desplegar debido a los elevados costes. También mejorará la disponibilidad de servicios móviles innovadores y eficaces en las zonas contempladas en beneficio de los consumidores, las empresas y el sector público. Además, contribuirá a corregir las desigualdades sociales o regionales, especialmente en las zonas rurales”.
Por otra parte, la CE estima que el régimen “cuenta con salvaguardias suficientes para garantizar que los falseamientos indebidos de la competencia sean limitados y que las ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común. En particular, todos los beneficiarios del régimen se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. España también fomentará la reutilización de las infraestructuras existentes. Por último, la medida garantiza un acceso mayorista justo, abierto y no discriminatorio a las redes objeto de las ayudas”.
