España, a la vanguardia en Administración electrónica

El Informe 'Plan Digital Digital 2025' recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Entre estas medidas propuestas por el Gobierno se encuentra el impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, con la meta para 2025 de alcanzar 50% de los servicios públicos disponibles en app móvil.

Según el informe, España se sitúa entre los países más avanzados en el desarrollo de la Administración electrónica en Europa, avanzando en el índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020 de la Comisión Europea hasta el segundo lugar entre los 28 miembros de la Unión Europea en la clasificación de los países con mejor desarrollo de sus servicios públicos digitales.

Todos los indicadores se mantienen significativamente por encima de la media europea y la puntuación aumenta de los 80,9 puntos en 2019 hasta los 87,3 puntos en 2020. Además, los indicadores muestran un nivel alto de interacción en línea entre las autoridades públicas, la ciudadanía y las empresas. Así, España obtiene muy buenos resultados en el indicador de datos abiertos, ocupando el segundo puesto con el 90% de la puntuación máxima. Y es destacable que el 82% de los usuarios de internet españoles participan activamente en los servicios de administración electrónica, una puntuación muy superior a la media de la Unión Europea que es del 67%.

Esta consideración ha sido conseguida gracias al esfuerzo continuado de las Administraciones Públicas en la adaptación de sus servicios electrónicos con el objetivo de ofrecer cada vez mejores servicios, más adaptados a las demandas de la ciudadanía y las empresas, y más eficientes. En este esfuerzo, la estrategia de España se ha basado en el impulso de los fundamentos que permiten una tramitación electrónica completa, y en el desarrollo de plataformas que pueden ser utilizadas libremente por todas las Administraciones de España, y que están alineadas con los esquemas de interoperabilidad europeos. Algunas iniciativas destacadas en este sentido han sido las de identidad, firma, registros, interconexión de datos, notificaciones, contratación, y factura electrónica, entre otras.

Pero la mera existencia de servicios electrónicos no produce eficiencia ni reducción de cargas administrativas, sino que requiere de una modernización de procesos y adaptación de los canales para lograr un uso masivo eficaz, y seguro por ciudadanía y empresas. Por ello, hay margen para mejorar y atender sus demandas, y cumplir el compromiso de excelencia por parte de las Administraciones Públicas.

Entre los grandes desafíos, según recoge el informe, encontramos los cambios tecnológicos que se están produciendo con la maduración de tecnologías disruptivas, los nuevos paradigmas y la reutilización eficiente de información.

Es fundamental abordar medidas que garanticen la democratización del acceso a estas tecnologías emergentes, asegurando un marco para el despliegue ágil de servicios públicos digitales eficientes, seguros y fáciles de utilizar, todo ello sobre un modelo de infraestructura TI dinámico y flexible. En todos estos procesos de innovación deberá tenerse en cuenta la utilización de software de fuentes abiertas, así como la liberación de esta misma manera de los productos que se generen.

Adicionalmente, la universalización del uso del móvil como dispositivo de acceso preferente a los servicios digitales también está modificando la forma de obtener información y relacionarse con las Administraciones y requiere una adaptación continua a las demandas de ciudanía y empresas que permita que Administración y administrados vayan acompasados.

En este marco se incluye el compromiso de transformación de la relación digital con ciudadanía y empresas mediante la modernización de los servicios digitales prestados por las Administraciones Públicas. Este proceso de transformación se orientará a los siguientes objetivos específicos:

Es fundamental el desarrollo de un modelo de Administración centrada en el ciudadano. A tal efecto, deberán consolidarse progresivamente todas las relaciones de ciudadanía y empresas en un único punto: la carpeta ciudadana; ampliando la proactividad de las Administraciones Públicas mediante sistemas de notificaciones más adaptados a las demandas ciudadanas y de empresas.

En esta estrategia, la Administración General del Estado ha formalizado convenios con diversas entidades representativas empresariales y sociales (Cámara de Comercio de España, CEOE-CEPYME, ATA, y CERMI), con el fin de que estas organizaciones puedan contribuir con su experiencia al proceso de simplificación. Entre los objetivos de los convenios, se encuentra el análisis de las cargas administrativas relacionadas con la administración electrónica, o el desarrollo de la sociedad digital y su incidencia en las relaciones con las Administraciones Públicas. Estas medidas se incorporarán anualmente en el Plan de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas de la Administración General del Estado.

Con el objetivo de optimizar los procesos de mayor impacto y que sean susceptibles de optimización para ciudadanía, grandes empresas y pymes, se abordarán soluciones de forma que la automatización sea un factor estructural para su simplificación y la consecuente reducción de cargas administrativas, y se fomentará el avance en la implementación de nuevos mecanismos de identificación, y en su simplificación.

Por último, es fundamental potenciar una Administración digital con portales renovados y una estrategia ‘click-less’ que facilite el uso por parte de ciudadanía y empresas de los servicios digitales de las Administraciones, garantizando la accesibilidad para todos y permitiendo que los servicios más demandados tengan una orientación ‘omnicanal’.

Como queda reflejado en el estudioHoy día no es suficiente con que los servicios públicos sean accesibles en línea. Además, deben ser fáciles de usar y adaptados, en la medida de lo posible, a las necesidades de cada persona. Garantizando el respeto a la protección de datos personales, se debe minimizar la solicitud de los datos que ya obran en poder de las Administraciones, fomentando la hiperconectividad entre servicios, y se debe permitir personalizar los mecanismos de notificación por los que la ciudadanía opte. Este es el objetivo que guía el diseño de los nuevos servicios públicos digitales de las Administraciones Públicas, incorporando para ello tecnologías de Inteligencia Artificial y de procesamiento del lenguaje natural.

En definitiva, poner el foco en un modelo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal, abierto a la incorporación de nuevos canales y servicios de valor añadido, plenamente adaptativo en base a la experiencia de usuario.

El desarrollo de España Digital 2025 debe facilitar que toda la ciudadanía y territorios del Estado se beneficien de la mejora en la prestación de los servicios públicos derivados de los procesos e iniciativas que se pongan en marcha. De esta forma, se podrá facilitar la vertebración y cohesión territorial, reducir la brecha digital en la oferta de servicios por parte de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales, y facilitar la interoperabilidad de los servicios públicos, y en definitiva, facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios, también para aquellos residentes en las áreas de menor densidad de población.

Además, se impulsará la participación de las distintas Administraciones en el proceso de transformación digital del sector público, especialmente mediante la colaboración a través de las Conferencias Sectoriales, como órganos de cooperación multilateral Digitalización de los servicios prestados por la Administración General del Estado en el territorio. Las Delegaciones del Gobierno, además de garantizar la presencia del Estado en todo el territorio, constituyen un elemento de carácter cohesionador e integrador para garantizar la necesaria unidad de acción del Gobierno en todo el país y el derecho de la ciudadanía a recibir los servicios en condiciones de igualdad.

Igualmente, la transformación digital del sector público ofrece oportunidades para la mejora de los servicios públicos y su adaptación a las necesidades específicas de los ciudadanos y del territorio en el que estos residen, así como a la descentralización de la prestación de los servicios, contribuyendo así a luchar contra el reto de la despoblación.

Con este enfoque, es clave impulsar un plan continuado de digitalización de la Administración General del Estado en el que las Delegaciones del Gobierno, como ventanilla única de una parte esencial de la Administración General del Estado en el territorio, sean un referente.

Las Administraciones Públicas disponen de un extenso parque de equipos informáticos y Centros de Cálculo repartido por múltiples instalaciones. Hoy día se debe avanzar hacia un modelo de infraestructura líquida, que permita la consolidación de estos centros en unos pocos, mejorando el rendimiento de los equipos, facilitando su gestión y aumentando su disponibilidad y seguridad. Simultáneamente, esto permitirá reducir el consumo eléctrico agregado y las emisiones contaminantes de estos Centros de Cálculo (según el World Energy Forum, el sector TIC consume entre el 5% y el 9% de la toda la electricidad mundial y es responsable de más del 2% de todas las emisiones).

Todo ello, con un enfoque hacia el desarrollo de una arquitectura de información que soporte la visión transversal de los datos ‘como servicio’ y que garantice la hiperconectividad de servicios y datos.

El diseño de un marco para fomentar la digitalización inteligente de la Administración es clave para mantener el ritmo de la evolución que presenta la Sociedad Digital. El impulso a la aplicación de servicios de automatización, capacidades de Inteligencia Artificial reutilizables y servicios de gestión inteligentes, facilitará una transformación efectiva de los procesos de articulación y ejecución de las políticas públicas, simplificando y automatizando los procesos que resulten en un mayor bienestar para la ciudadanía y en una mayor eficiencia empresarial.

A tal efecto, se impulsará el desarrollo de servicios de automatización cognitiva ‘as-a-Service’ para la Administración General del Estado, que permita la implementación de modelos de aplicación de Inteligencia Artificial al servicio de la eficiencia de procesos y áreas como la ciberseguridad, y que sea reutilizable en todos los niveles de las Administraciones Públicas.