Aedive solicita “coherencia entre los objetivos de descarbonización del transporte y la política fiscal”

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha remitido recientemente una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda en la que solicita “que haya coherencia entre los objetivos de descarbonización del Transporte establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la política fiscal”. En opinión del clúster la segunda “debería facilitar dichos objetivos y no gravar los puntos de recarga de vehículo eléctrico con dos cuotas, una municipal y una nacional, tal y como figura actualmente en los Presupuestos Generales del Estado para 2021”.

“Este gravamen puede suponer una barrera para el despliegue de una red de recarga de vehículos eléctricos y, por tanto, dificultar el objetivo que el Gobierno expresó a finales de 2020 de implementar 100.000 puntos de recarga en cuatro años, como parte de su estrategia para electrificar el parque móvil en España y lograr cinco millones de vehículos eléctricos en 2030”, declaró el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.

El epígrafe 664.2 del Artículo 67 del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en su TÍTULO VI (Normas Tributarias) CAPÍTULO I - Impuestos Directos, señala para los puntos de recarga de vehículos eléctricos una cuota mínima municipal de 13,56 euros por cada punto de recarga, a satisfacer por el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado, y una cuota nacional de 13,56 euros por cada punto de recarga, a satisfacer por el propietario de los puntos de recarga.

Este epígrafe, añaden desde Aedive, “replica la misma situación que se plantea para máquinas expendedoras, por las que tanto el dueño del establecimiento como el de la máquina pagan una cuota, pero porque en esa actividad ambos actores se reparten las ganancias de la máquina, cosa que no sucede con los puntos de recarga”.

Desde Aedive se solicita a la Secretaría de Estado de Hacienda que se elimine la cuota municipal para el dueño del establecimiento, “ya que no solo no tiene ningún sentido, sino que, además, puede suponer un foco de conflicto con los ayuntamientos”.

Asimismo, Aedive demanda que la cuota nacional sea a coste cero, “al menos durante los primeros tres o cinco años, con el fin de incentivar la actividad y posteriormente, adecuar la cuota al epígrafe genérico de venta de energía de modo progresivo (cuota menor para uno-cinco puntos que para mil), ya que ahora se paga cien veces más en el IAE por suministrar energía en un punto de recarga de un parking que por suministrar electricidad al parking entero.

En opinión de Aedive, “en un momento como el actual y cuando ya se estaban empezando a superar los efectos de una regulación como el RD 647/2011, que lastró el despliegue de infraestructuras de recarga durante ocho años con la creación de la figura del gestor de carga, una nueva medida impositiva que grave estas infraestructuras se aleja de los objetivos e impulso que está acometiendo desde su creación el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico”.

Por otra parte, continúan desde el colectivo presidido por Arturo Pérez de Lucia, el despliegue de infraestructuras de recarga, su instalación, operación y mantenimiento “es una actividad que, lejos de suponer beneficios económicos para quienes la desarrollan, implica un esfuerzo inversor importante, que las empresas del sector asumen como apuesta de futuro en la estrategia para electrificar la movilidad”.

“Si queremos seguir la estela de los países más desarrollados en movilidad eléctrica y la apuesta del Gobierno por impulsar su crecimiento, debería de haber estrategias coordinadas entre todos los ministerios y establecerse un criterio común para ayudar a cumplir los objetivos marcados por el Ejecutivo en movilidad eléctrica”, apuntó el representante de Aedive.

La asociación destaca la necesidad de incidir en otros aspectos fiscales vinculados a la movilidad eléctrica como la reducción del IVA en la compra de vehículos eléctricos o que las ayudas a la compra del Plan Moves no tributen como rendimientos del trabajo, además de que la central de compras del Estado, dependiente de Hacienda, actualice sus procedimientos para que en futuras compras de flota por parte del Estado haya coherencia con el espíritu del PNIEC y de los objetivos del Gobierno en la electrificación de la movilidad en España.

Aedive también recuerda que los operadores de recarga “se siguen enfrentando a las barreras administrativas para la concesión de permisos y licencias que lastran la implementación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y que esa debiera de ser la prioridad del Gobierno, en estos momentos, en lo que atañe a las infraestructuras de carga para la movilidad eléctrica”.