El Gobierno aprueba una ley de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico del COVID-19
El Consejo de Ministros aprobó el martes 17 de marzo un Real Decreto-ley movilizar 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para hacer frente al impacto económico del COVID-19 y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.
Uno de los bloques de medidas se dirige especialmente a reforzar la protección del empleo para evitar que una crisis temporal como la causada por el Covid-19 tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. Para ello el Gobierno ha acordado que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan y se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTEs causados por la crisis del COVID-19 serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.
Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
También ha tomado medidas para asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que deberá permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.
Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas a mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público, estableciendo un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.
Y para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.
