El nuevo impuesto medioambiental amenaza las inversiones en la red de fibra y 5G en Cataluña

La patronal del sector tecnológico DigitalES, que reúne a las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones del país, se ha pronunciado respecto al Proyecto de Ley del Govern que establece un impuesto propio de la Generalitat de Cataluña sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y que grava las actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, así como, los elementos fijos de transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones.

Para la patronal tecnológica, la nueva figura recaudatoria resulta “innecesaria” para una actividad no contaminante y que no genera daño medioambiental, como es el de las comunicaciones. Alicia Richart, directora general de la asociación empresarial, ha señalado que “la instalación de redes o la actividad que implica no genera daño medioambiental. La exigencia de este impuesto condicionado al impacto visual de las redes resulta contradictoria con los objetivos públicos de despliegue y desarrollo de la sociedad digital”.

La patronal señala que un impuesto de nueva creación genera inseguridad jurídica e incrementa la incertidumbre, “provocando desconfianza sobre la conveniencia de realizar inversiones en el futuro”. El aumento de la presión fiscal sobre un sector “hipergravado” es, a juicio de Alicia Richart, una de las mayores amenazas para “el desarrollo digital del mercado y compromete el nivel de desarrollo tecnológico necesario para hacer a las empresas catalanas más competitivas”.

En este escenario, DigitalES señala que este nuevo impuesto “supondrá una reducción de las inversiones equivalente al impacto del impuesto, tanto en el despliegue de fibra óptica como de tecnología móvil 5G, debilitando la posición de esta CCAA respecto a otras”. Además, este impuesto “repercutirá en el precio de venta de los productos y servicios y en posibles ajustes en los costes laborales”.

La actividad del sector de telecomunicaciones generó 7.950 millones de euros en Cataluña, lo que representa un 3,5% de su Producto Interior Bruto en el año 2017, según un estudio elaborado por la consultora Deloitte. Actualmente los operadores emplean en Cataluña a más de 4.100 trabajadores.

DigitalES ha destacado que las telecomunicaciones tienen un impacto positivo en el medio ambiente, por la reducción de los desplazamientos de la población debido a la posibilidad de la gestión remota.

Según el mismo informe entre los años 1998 y 2016, España ha recibido una inversión acumulada de más de 126.600 millones de euros por parte del sector de las telecomunicaciones, lo cual representa un 14 % de media sobre los ingresos del sector TIC durante este mismo período. Las inversiones de los operadores han convertido a España en líder europeo de fibra óptica, con una cobertura del 71% de los hogares, y una cobertura del 97% en tecnología 4G.

En concreto en Cataluña, en el año 2016 se alcanzaron 6,6 millones de líneas de telefonía móvil, lo que supone una penetración de esta tecnología de casi el 90%. El informe de la consultora destaca que la expansión acelerada de las nuevas tecnologías en este periodo, gracias a las inversiones realizadas, han permitido que el 85,2% de las empresas catalanas tengan página web, una cifra superior a la media nacional que se encuentra en el 77,7% de empresas.

Para Alicia Richart “resulta contradictorio que se quiera impulsar a Barcelona y a Cataluña como unos de los hubs tecnológicos y de innovación de start ups más importantes de Europa, y a la vez se establezcan trabas impositivas a las infraestructuras tecnológicas que facilitan el crecimiento de estos ecosistemas”.

DigitalES ha destacado que las telecomunicaciones tienen un impacto positivo en el medio ambiente, por la reducción de los desplazamientos de la población debido a la posibilidad de la gestión remota. También permite la optimización de procesos en la agricultura, la fabricación, en la gestión de ciudades (smart cities) y sobre todo en la optimización de rutas logísticas.

Para la patronal, en un mundo cada vez más conectado, la digitalización es una excelente palanca para acelerar muchos de los cambios necesarios para frenar el cambio climático. “La fibra y el 5G permitirán duplicar la velocidad y la capacidad de la red cada año reduciendo el consumo de energía gracias a la eficiencia y a las renovables”, señala Richart.

En este sentido, las tecnologías digitales pueden ayudar a reducir las emisiones globales de carbono hasta en un 15% (otros estudios hablan de un 25%), o un tercio de la reducción del 50% requerida para 2030, a través de soluciones en energía, fabricación (manufacturing), agricultura y uso del suelo, edificios, servicios, transporte y gestión del tráfico.

Los operadores españoles llevan años aplicando políticas medioambientales centradas en reducir las emisiones de CO₂, integrar la economía circular en sus procesos y actividades, y usar lo digital para impulsar la eficiencia energética. Algunas empresas consumen ya un 100% de electricidad de origen renovable en España, y otras tienen este objetivo a corto plazo.

“A través de la digitalización, el big data, la internet de las cosas y la inteligencia artificial ayudamos a descarbonizar la economía, con soluciones que favorecen la sostenibilidad de sectores como el transporte, la industria, la agricultura, la construcción y la energía”, indican desde la patronal. Añaden que la FTTH (Fibra hasta el hogar) es un 85% más eficiente energéticamente en el acceso del cliente que la red de cobre.

“No se puede gravar igual o incluso en mayor medida el impacto medioambiental de la actividad de telecomunicaciones (700 euros por km de línea de telecomunicaciones y antena) que el impacto de otras actividades que efectivamente sí pueden incidir en el medioambiente”, reclama Richart.

Finalmente, la patronal aboga por un escenario regulatorio que incentive las inversiones necesarias que se requieren para acometer un despliegue como el del 5G. Para DigitalES la vitalidad e innovación constante de un sector intensivo en inversiones lo convierte en “una fuente sostenible de creación de empleo y en un potente motor económico que España y Cataluña no pueden permitirse descuidar”.