Atuc propone crear un Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible

Este criterio vinculado al crecimiento económico forma parte de la fórmula de financiación propuesta por la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc). La patronal también aboga por relacionar los fondos destinados a financiar el transporte público al número de usuarios, que “el año pasado crecieron igual que la economía, según las estimaciones del mencionado colectivo incluidas en una nota de prensa, en la que denuncia que “las subvenciones permanecieron congeladas”.

En la propuesta que realiza Atuc, el tercer factor de los que dependería la cuantía presupuestada para financiar el transporte público lo marcarían las exigencias medioambientales para cumplir con los objetivos comunitarios.

En este contexto, “las restricciones al tráfico privado en casi 150 centros urbanos -tal y como recoge el anteproyecto de ley contra el Cambio Climático- aumentarán los costes operativos si se quiere mantener la calidad del servicio prestado”. Desde Atuc se apunta que “los operadores necesitan saber con suficiente antelación los recursos con los que contarán para acometer sus inversiones a medio y largo plazo.”

La Ley de Financiación del transporte público, que deberá aprobarse durante el primer trimestre de 2019, recoge como propuesta destacada la creación de un Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible. Este fondo sustituiría paulatinamente al actual mecanismo de financiación, basado en las subvenciones del Estado y en los contratos-programa, evitando así “la instrumentalización política de los fondos y garantizando un reparto equitativo y, sobre todo, previsible de las ayudas para reforzar el sistema.”

Atuc propone que el mencionado fondo estuviera dotado con la aportación que anualmente establezcan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y coordinado por una Comisión Gestora, un órgano colegiado adscrito a la Administración General del Estado. Esta comisión “permitiría una mayor integración entre las distintas modalidades de transporte público e incrementaría la eficacia a la hora de asignar responsabilidades y competencias.”

De hecho, añaden desde Atuc, su representación recaería en cinco vocales de la Administración General del Estado (dos designados por el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, dos por el Ministerio de Fomento y uno por el Ministerio para la Transición Ecológica), tres representantes elegidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y dos vocales en representación, respectivamente, de los consorcios ya existentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, “siempre y cuando decidieran adherirse al régimen general de financiación establecido en esta Ley y dejaran de financiarse mediante los llamados contratos-programa, también en vigor en Canarias y Valencia.”