El transporte público cifra en 500 millones la aportación de los impuestos de hidrocarburos para su financiación e inversiones

Como una de las soluciones más efectivas para reducir la contaminación, el transporte público es clave para luchar contra el cambio climático y lograr así el objetivo de disminuir para 2050 los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en torno al 90% (a partir de la cifra de 1990), afirman desde la Asociación del Transporte Urbano Colectivo, Atuc.

El papel que el transporte público puede desempeñar en la mejora de la calidad del aire en las ciudades es el principal motivo por el que el citado colectivo empresarial reclama que, “en la revisión de los ahora cuestionados impuestos medioambientales, se destine una parte para financiar e invertir en el transporte público”, una aportación que Atuc cifra en 500 millones de euros anuales.

Esta cifra, informaron fuentes de Atuc, procede “del total de recaudación neta conseguida del aumento del impuesto a los hidrocarburos, que podría ascender a 1.700 millones de euros al año una vez descontada la devolución del gasóleo profesional”.

De hecho, señalan desde la patronal del transporte colectivo, el fin del impuesto es “modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan”, por lo cual el gravamen “no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución: el transporte urbano colectivo”.

Otra parte, añaden desde Atuc, “se destinaría a inversión, tanto para renovación de flota como para mejorar la calidad en la prestación del servicio”, particularmente la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje. En España la velocidad comercial media de un autobús urbano es de 15 kilómetros, que es un 60% inferior a la de ciudades como Helsinki, Oslo o Ámsterdam. Incrementa esa velocidad es “una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales”.

La modificación de la presión impositiva que se aplica en determinados sectores económicos es una de las tres bases sobre las que se debería apoyar el salto a otros medios de transporte, más sostenibles que el vehículo particular, señalan desde Atuc. Las otras dos son la próxima Ley del Cambio Climático y los planes urbanos de movilidad. Uno de los objetivos que comparten estos tres ejes de actuación es la reducción de la contaminación que se respira en las grandes concentraciones urbanas españolas, una contaminación que “provoca la muerte en nuestro país de más de 25.000 personas” al año.

En cuanto a la Ley del Cambio Climático, que en la actualidad se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, la entidad estima “necesario” que incluya un apartado “dedicado íntegramente al transporte público, a su desarrollo y a la financiación que lo hará posible”.

“Se requiere”, continúan desde Atuc, “que haya uno o varios artículos de la nueva ley destinados a la promoción coordinada de todas las administraciones públicas con competencias en materia de transporte, con medidas y acciones hacia un nuevo modelo de transporte urbano”. El fin perseguido ya se ha apuntado: fomentar el uso generalizado de medios de transporte sostenibles y desincentivar el del vehículo privado.

“Además, esta ley debería incluir un artículo específico para asegurar una financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de los impuestos a los hidrocarburos”, una vía de financiación que ya se utiliza en países, como Alemania, en el que está vigente un impuesto ‘Mineralösteuer’, que es un ‘céntimo verde’ que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”.

Como tercer gran eje de actuación, se encuentran los planes de movilidad urbanos, especialmente de las grandes ciudades. Desde Atuc se propone que los planes de movilidad incluyan las áreas metropolitanas de las ciudades y, también, estar coordinados con los municipios de alrededor. La promoción de la integración modal, incluyendo otros medios sostenibles como el uso compartido de vehículos o la bicicleta, son otras medidas sugeridas por la patronal.

Todo ello, resume Atuc, “requiere unas necesidades de financiación e inversión públicas que deben estar garantizadas dentro de una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, de la que España carece siendo una excepción en Europa, que debe servir de marco de actuación, más aún si se pretende que el transporte público ejerza de solución contra el cambio climático por su efecto descontaminante”.

En este sentido, el modelo propuesto por Atuc apuesta por aumentar el peso de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas hasta el 30%, mientras que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios del 45%. “De esta manera, se equilibraría el reparto entre las tres ramas de la administración y se liberarían recursos a los ayuntamientos que podrían destinarlos a usos sociales, ambientales”, entre otros.