UITP solicita a Hacienda una Ley de Financiación del sector en España
La Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP) ha solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se desarrolle una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal. Esta norma permitiría “poner orden en los recursos públicos que recibe y que actualmente costean aproximadamente la mitad del sistema”.
“En un escrito formal del secretario general de la UITP, Alain Flausch, se hace hincapié en que España es el único país de Europa que carece de una ley de financiación del transporte público o, lo que es lo mismo, de un marco legal que delimite las obligaciones, competencias y aportaciones de todas las administraciones”, informaron fuentes de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (Atuc).
La UITP respalda a Atuc -en la que se engloban los operadores de transporte público en España- “en una reivindicación ya histórica y que busca resolver el problema de la financiación del transporte público en España”. Esta cuestión “adquiere mayor dimensión en el momento actual de recuperación económica, y por tanto de viajeros, así como de replanteamiento de la movilidad en las ciudades hacia medios más sostenibles”.
¿Qué permitiría la ley?
La Ley de Financiación del Transporte Público permitiría a las administraciones, entre otras cuestiones, “actuar con previsión y saber en qué y cuánto pueden invertir. Con la ventaja, además, de hacerlo con un horizonte temporal de cinco años”.
Al mismo tiempo, Atuc estima necesario “encontrar otros mecanismos que ayuden a costearlo, tal como hacen por ejemplo en la actualidad Francia y Alemania”. En el primer caso, está vigente el llamado “Versement Transport”, un sistema de tasa directa de la que se hacen cargo empresas privadas con plantillas a partir de once empleados y situadas en localidades de al menos 10.000 habitantes.
Alemania, por su parte, tiene establecido un impuesto llamado “Mineralösteuer”, un ‘céntimo verde’ que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público y que responde a la máxima europea de ‘quien contamina, paga’.
La norma solicitada a Hacienda “vendría a resolver la falta de homogeneidad y equilibrio en el reparto de las subvenciones estatales, corrigiendo así desequilibrios entre ciudades que apenas reciben 0,05 euros por habitante y otras que, en cambio, superan los 20 euros”.
Esta disparidad es debida a que, en la actualidad, se fija la subvención teniendo en cuenta principalmente el déficit del billete, que tiene un peso del 85%, mientras que otros factores -como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más importancia en el reparto- apenas suponen el 15% de la subvención, lamentan desde Atuc.
La ley también establecería un protocolo para la financiación de medidas sociales que impliquen subvención al transporte (reducción de precio o gratuidad a colectivos sensibles, tercera edad, menores, entre otros casos), y que son cada vez más recurrentes por parte de los ayuntamientos.
