Entrevista a Sergio Pepió, presidente de Asagua

Desde el pasado mes de julio, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) cuenta con un nuevo presidente, Sergio Pepió, director gerente de Pesa Medioambiente, S.A.U. Le entrevistamos para conocer qué retos se marca en esta nueva responsabilidad y su visión sobre la situación que atraviesa actualmente el sector, profundizando especialmente en las nefastas consecuencias que está teniendo para esta industria la caída en la inversión pública.

Somos una asociación de empresas bien avenidas, cuya vocación de servicio les hace ir más allá de lo que es la “lucha” por sus propios intereses. Por tanto, nuestras acciones no están exentas de contenido social.

Somos empresas innovadoras y en consecuencia siempre estamos adaptando nuestras actuaciones a lo que requieren los tiempos. Dicho de otra manera, vamos cambiando las estrategias en función de los resultados, aunque todas ellas reposan sobre un sustrato de utilidad para todos.

Dicho lo anterior, es claro que vamos a introducir nuevas líneas de trabajo, y por tanto que, en lo que me ataña, las voy a potenciar al máximo. Ahí está el reto.

Sergio Pepió, nuevo presidente de Asagua.

Desde hace unos años y en concreto a partir del año 2010, nuestra principal reivindicación ha sido la reactivación de la inversión pública, que en estos momentos es del orden de un tercio de la de ese año.

Este descenso de la contratación, que es la consecuencia directa del ajuste fiscal que ha cargado en ella todo lo que podía soportar y más, ha generado toda una pléyade de daños colaterales, entre los que no es el menos importante la caída del precio en el que se adjudican los contratos, que a veces es inferior a la mitad del precio de licitación.

No es cuestión de enumerar todos los problemas que tiene el sector, pero sí de decir que esta sequía presupuestaria está afectando, y mucho, a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Baste decir que a estas labores, para el valor del stock de capital público en materia de aguas, se debería dedicar del orden de 2%, esto es unos 20.000 M€, cifra que supera la inversión total del Estado en estos momentos.

La ausencia de una normativa sectorial no está propiciando precisamente el desarrollo de la colaboración público-privada, ni la compra pública innovadora, que son dos buenas herramientas para potenciar las infraestructuras.

En cuanto a los desafíos, el principal es la urgente necesidad de que las personas entiendan que el agua es un servicio que conlleva muchos costes y por tanto, que hay que pagarlos. Es cierto que el agua está en la naturaleza, pero también que no se puede consumir en ese estado con garantías para la salud y otros usos. Lograda esta concienciación el consumo, que es bastante eficiente, lo será más todavía.

A mí modo de ver la pregunta tiene dos aspectos diferentes. Técnicamente el sector goza de buena salud. Las empresas y los profesionales siguen gozando de un prestigio reconocido a nivel internacional.

En cuanto a lo económico, qué duda puede caber que el sector es el gran damnificado de la crisis, teniendo en cuenta que el recorte de la inversión pública ha sido muy importante en los últimos años, soportando una gran parte del ajuste fiscal tendente a reducir el déficit presupuestario. Las consecuencias de esta decisión las veremos en el transcurso del tiempo. Sin embargo, como hemos dicho, debemos tener presente que la penuria a la que han estado condenadas las labores de conservación y mantenimiento de las infraestructuras va a exigir un gasto adicional para devolver su integridad a las infraestructuras del agua. Una planificación adecuada de los recursos hidráulicos y de las necesidades quizás hubiera cambiado el signo de las decisiones: con certeza la masiva pérdida de empleos no se hubiera producido y el sector, que es uno los motores de economía, hubiera mantenido activada toda la industria auxiliar y en debida forma la I+D+i del agua.

Esta situación nos lleva a plantearnos cuánto dinero será necesario invertir para que las infraestructuras vuelvan a estar en las condiciones de conservación y seguridad que tenían en el año 2007.

El Plan Nacional de Calidad de las Aguas está inconcluso, por tanto todavía falta mucho que hacer en saneamiento y depuración.

En materia de abastecimiento, en cuanto a disponibilidad de agua a domicilio, las cosas están mucho mejor; eso si no tenemos en cuenta las situaciones de sequía que todavía siguen repercutiendo en el ciudadano en varios puntos de la geografía de España, ante lo que cabe preguntarse si esas situaciones podrían desaparecer con una buena planificación; la respuesta es obvia.

Estos años de poca inversión han afectado a las infraestructuras, ya que si no reciben las atenciones que requieren no pueden cumplir su papel, es decir no pueden dar los resultados para los que fueron diseñadas y pierden eficiencia, y esto con el mismo consumo energético, si es que no aumenta.

De otra parte, claro que el riesgo de obsolescencia es cierto, puesto que las infraestructuras se diseñan para atender unas necesidades y éstas cambian con el tiempo. Un ejemplo de esto son las viejas depuradoras de Madrid.

Es una fórmula semejante a la de las concesiones, y sí es una buena forma de paliar el déficit de inversión pública.

Está frenada porque no hay un desarrollo normativo adecuado, que garantice el resultado y por supuesto la debida seguridad jurídica

La base de una gestión eficiente de los recursos hídricos está en la buena planificación, que no siempre ha sido la adecuada.

La planificación, exhaustivamente regulada en la Directiva Marco del Agua, garantiza la eficiencia y la objetividad y ha de ser el resultado de los trabajos científicos y técnicos de los agentes responsables para garantizar el cumplimiento de la norma. Priorizar las actuaciones previstas en la fase técnica es labor de los políticos, pero sus decisiones no pueden afectar a los fines y objetivos de la Directiva, debiendo aplicar el principio de solidaridad entre las distintas regiones para evitar desigualdades.

En España tenemos buenos técnicos en esta materia, tanto en lo privado como en lo público, lo que quiere decir que se puede hacer una buena planificación, siempre y cuando durante su gestación la mantengan al margen de lo político.

Más que de derrochar agua conviene que nos preguntemos por su buena o mala utilización; la respuesta la encontraremos en los Planes Hidrológicos que están impregnados de un optimismo radical, tanto en lo que se refiere a la cuantía de las inversiones como a los programas de medidas.

Conseguida una buena planificación técnica, lo que procede es concienciar al ciudadano para que utilice el recurso en la cantidad que precise, pues lo demás es derrochar.

Más o menos están al mismo nivel. La cuestión, una vez más, es el uso eficiente de los recursos derivado de una correcta planificación, pues hay sistemas suficientes para lograr una buena eficiencia y continuamente aparecen otros.

En este sentido, en el ciclo integral del agua urbana, el reto en la actualidad es conseguir una mayor eficiencia en el consumo energético.

Al hilo de lo comentado en la pregunta anterior, he de decir que consumiendo menos energía, haciendo un aprovechamiento integral de los productos finales y consiguiendo que disminuya el consumo.

No todos los males de este sector se arreglan con inventos e innovaciones técnicas, pues es menester tener en cuenta que es imprescindible cohonestar esta labor con otras de innovación social, referidas a cambios de hábitos en la utilización del recurso agua. Es importante conseguir que el agua no sea un medio para evacuarlo todo, desde residuos sólidos a aceites, ya que no todo contamina igual.

Sí, pero no suficiente. Y perdón, “vuelve la burra al trigo”, ya que para conseguir un adecuado nivel de calidad de las aguas, el que pide Europa, hace falta dinero e inversión, y también para financiar esas innovaciones sociales. Aprovecho para decir que la otra gran sufridora de la insuficiente inversión es la innovación.

En estos momentos los procedimientos por incumplimientos de la Directiva Marco del Agua que se siguen contra España, alguno de los cuales tiene sentencia firme, pueden suponerle sanciones millonarias.

Según el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado en enero de 2016, el gasto de innovación de las empresas innovadoras tecnológicas en 2008 fue de unos 20.000 M€, mientras que en 2014 apenas alcanzó los 13.000 M€, lo que representa un descenso del 35%; la reducción en el ámbito público fue del 9%, lo que la colocó en unos 6.000 M€. En ese mismo periodo se han perdido alrededor del 56% de las empresas, que han pasado de 42.200 a 18.500; reducción que ha afectado menos a las grandes empresas (20%), que a las pymes (58%).

Con respecto al dinero público, el que figura en los presupuestos, es conveniente aclarar que mientras la ejecución de los créditos para personal y transferencias corrientes suele superar el 80%, el cumplimiento de los destinados a los programas de financiación –créditos a la innovación- no alcanza el 50%. Por tanto, en la práctica, la reducción es muy importante.

La encuesta de actividades en I+D de noviembre de 2015 del INE nos dice que el porcentaje que representa el gasto sobre el PIB ha pasado del 1,4% en 2010, al 1,23% en 2014, alejado por tanto del 1,37 previsto según Mineco 2013.

En España tenemos una economía del agua bien desarrollada y hemos logrado superar los problemas de escasez y desigual reparto de los recursos hídricos, lo que ha estimulado la obtención de métodos y sistemas que permiten acometer cualquier tipo de actuación. En el sector, disponemos de sistemas automáticos de información hidrológica y de información sobre la calidad de las aguas. En depuración, desalación y reutilización somos líderes. Se ha hecho un esfuerzo en modernización de regadíos y se han acometido importantes infraestructuras de almacenamiento, regulación y distribución, incluidas las de potabilización y depuración. Todo ello ha permitido a las empresas españolas de tecnología del agua acumular una gran experiencia valorada y apreciada a nivel mundial. España es un referente mundial en las cuestiones relativas al tratamiento del agua. Nuestras empresas tienen un elevado prestigio a todos los niveles. Está claro que ese conocimiento y prestigio contribuyen de forma notoria a hacer una buena Marca España Agua.

En estos tiempos difíciles en los que apenas hay inversión pública en España, las empresas se han visto abocadas a incrementar su actividad en el exterior, en definitiva, a exportar su buen hacer.

Esa internacionalización que comenzó hace años de forma selectiva, es ahora masiva, tanto que la producción en el exterior de muchas empresas se sitúa en el entorno del 80% de la total.

El sector del agua está en continua renovación; incorpora las tecnologías que le son útiles y contribuye, como Usted dice, a todo lo ‘smart’.

Antes hice alusión a las técnicas que permiten la implantación y seguimiento de los distintos sistemas de información hidrológica, que son herramientas que permiten controlar desde la calidad de las aguas hasta la disponibilidad de recursos y que sin duda sirven bien al seguimiento de los planes hidrológicos. En cierto modo son Internet de las Cosas, siquiera sea en fase incipiente.

Asagua viene solicitando al Gobierno desde hace años –y lo seguiremos haciendo- que reactive la inversión, causa principal y directa de la mayor parte de los males del sector, y que publique las normas que han de contribuir a modernizar la regulación del mismo. Llevamos años muy complicados, pero no perdemos la confianza en que vendrán otros mejores, que no alcanzarán los pasados, pero que permitirán al sector afrontar el futuro con la certidumbre de saber lo que ofrece y necesita el mercado.