En los últimos tres años, cerca de 3.000 operadores de este tipo de aeronaves no tripuladas han iniciado su actividad en España

Hasta la fecha, los drones de menos de 150 kilógramos estaban sujetos a la legislación de cada Estado miembro. La UE ha decidido proponer una legislación ante el incremento de su uso y para permitir el desarrollo de un mercado lastrado por la diversidad de normativas nacionales.

En los últimos tres años, cerca de 3.000 operadores de este tipo de aeronaves no tripuladas han iniciado su actividad en España, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Para la AESA, organismo encargado de regular en nuestro país el uso de los drones, la seguridad es también uno de los aspectos “más importantes”. Y, en ese sentido, se aplican en la actualidad una serie de reglas a escala nacional. “Creemos necesario que los drones incorporen un dispositivo limitador de energía de impacto, lo que se conoce como paracaídas”, explican. “Y no permitimos que aparatos de más de 10 kg sobrevuelen aglomeraciones de personas o edificios”.

De hecho, la AESA supedita el futuro del sector a lo que se invierta en seguridad porque “la integridad de las personas, el mobiliario o la de otras aeronaves no puede verse afectada por el uso de los drones”.

Según los últimos datos de la agencia estatal, España cuenta en la actualidad con 3.693 pilotos de drones, 4.283 naves de este tipo registradas y 74 escuelas de formación ATOS (únicos organismos que pueden expedir una licencia de pilotaje).

La comunidad autónoma con más escuelas de este tipo es Madrid, con 21 centros, seguida de Cataluña (14), Andalucía (9), Castilla León, Comunidad Valenciana y Galicia, con cinco cada una. Islas Canarias y País Vasco cuentan con tres centros, Islas Baleares tiene dos y Extremadura y Murcia, uno.

La normativa aprobada establece que el diseño de los drones “debe asegurar que, al ser utilizados, no suponen un riesgo para las personas”. Además, “en función de características como el peso o la zona de operación, el aparato deberá ir equipado con dispositivos para evitar colisiones o de aterrizaje automático”. Los operadores europeos tendrán que conocer la nueva reglamentación y “ser capaces de operar de manera segura, sin crear riesgos para las personas o el espacio aéreo”. Esto implicará que, en algunos casos, deban seguir cursos de formación.

Para facilitar la identificación de los responsables en caso de incidente, “los drones deberán llevar un código de matriculación. El nombre de los operadores deberá incluirse en registros nacionales” (excluidos los operadores de los aparatos más pequeños).

Además de adaptarse a la proliferación de dispositivos no tripulados, la normativa actualiza las reglas sobre seguridad aérea para adaptarse al previsiblemente aumento del tráfico aéreo en las próximas décadas.

También se busca impulsar la cooperación entre la Agencia europea de seguridad aérea y las autoridades nacionales a la hora de evaluar los riesgos de vuelos sobre zonas de conflicto. Asimismo, la Comisión deberá desarrollar estándares para la descarga en tiempo real de datos de los dispositivos de seguimiento de vuelo cuando una aeronave se encuentre en peligro, a fin de acelerar la respuesta de emergencia.

La normativa debe todavía ser aprobada formalmente por el Consejo de Ministros. Los principios fundamentales entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial, pero las reglas más detalladas tienen que ser todavía desarrolladas.