Se inician los 'Desayunos con Protegidos Radio y AJSE'

El pasado 5 de julio tuvo lugar en Badalona la segunda de las convocatorias de los 'Desayunos Protegidos Radio y AJSE'. Esta convocatoria es una iniciativa del programa Protegidos Radio, de Grupo Intereconomía y ha contado con la colaboración de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, AJSE.

Protegidos Radio es un programa producido por Pedro Gómez Quirós que se emite a través de las emisoras de Grupo Intereconomía. 'Los ‘Desayunos con Protegidos Radio y AJSE’ nacen con la intención de abordar todos aquellos temas o problemas relativos a la seguridad que pueden afectar tanto a profesionales del sector como a la ciudadanía. Hemos realizado eventos en centros de sanidad, de educación e incluso tratamos de asesorar en protección en áreas como el turismo, porque hoy todos podemos llegar a ser un objetivo”, aseguró Pedro Gómez.

Asimismo, también indicó que "Protegidos Radio quiere ser un punto de referencia en la ayuda al profesional, así como servir como enlace entre asociaciones, entidades y los profesionales para transmitir sus inquietudes y propuestas al sector y a los usuarios en general”.

Uno de los problemas que más afectan al sector de la seguridad privada es el intrusismo profesional y la competencia desleal: “Cuantas más entidades denuncien estos abusos y la competencia desleal, más presión podremos hacer entre todos los profesionales para dignificar la profesión. Protegidos Radio pone sus medios a disposición del sector para conseguir este fin”.

La convocatoria celebrada en Badalona contó con la participación de varios ponentes en diferentes áreas, lo que dio pie a interesantes debates e intercambio de experiencias entre los asistentes.

Anna Aisa, gerente de Acaes, Asociación Catalana de Empresas de Seguridad, expuso sus reflexiones sobre la situación y percepción de la seguridad privada desde diferentes ámbitos: la relación entre seguridad pública y seguridad privada, la percepción de los medios hacia la seguridad privada, los problemas generados por la contratación pública y la situación en la que se encuentra el Reglamento de Seguridad Privada.

Respecto al primer aspecto, Anna Aisa indicó que “aunque la Ley 5/2104 reconoce a la seguridad privada como parte integrante de los sistemas de seguridad pública, el artículo 31 de dicha ley no reconoce la situación del agente de seguridad privada como agente de autoridad, que se caracteriza por tener protección jurídica y presunción de veracidad. En el caso de los agentes de seguridad privada, la Ley solo reconoce la primera característica, no la segunda. La ley ha hecho avances respecto a la colaboración entre seguridad pública y privada, pero todavía hay que avanzar mucho más”.

Acerca a la percepción que los medios de comunicación tienen sobre la seguridad privada, Anna Aisa indicó que “ayudaría a la dignificación del sector dar a conocer las actuaciones positivas que los agentes de seguridad privada llevan a cabo. En líneas generales, la sociedad tiene una opinión favorable sobre nuestra actividad. Sin embargo, la difusión positiva de las acciones que realizan los agentes de seguridad privada contribuiría a mejorar todavía más esta percepción”.

También se refirió a los problemas que la contratación pública genera en términos de incumplimientos de contratos, pérdida en calidad de servicios y competencia desleal. “Desde 2008, Acaes negoció con la Generalitat de Catalunya la contratación pública y la vigilancia de la competencia a través de un acuerdo marco. Para ello se creó una mesa de seguimiento de la seguridad privada integrada por representantes de ambas entidades para crear un código de buenas prácticas. Todo ello implicó que los acuerdos de contratación con la Generalitat mejoraran. Con el posterior cambio de gobierno la situación cambió y ha supuesto un paso atrás”.

Anna Aisa aboga, desde la asociación, por denunciar el intrusismo y los hechos ilegales en que puedan incurrir las empresas. “Cuando se trata de contratación pública se deben cumplir todas las normativas, no solo las del ámbito sectorial. Cumplir obligaciones implica costes, que tienen un precio. El factor decisorio en los concursos no puede ser el precio, porque ello conduce a rebajar la calidad de los servicios y a la precariedad laboral”.

En lo que respecta al Reglamento, Anna Aisa indicó que su extensión, casi 400 páginas, hará que sea “de difícil cumplimiento debido a que su interpretación será difícil. Las empresas casi deberían contar con un departamento jurídico para su correcta interpretación”. Abogó, asimismo, en que las asociaciones sectoriales deberían trabajar de manera coordinada para presentar enmiendas conjuntas al mismo.

Por su parte, Antonio Cedenilla, presidente de AJSE, afirmó que “el sector de la seguridad privada atraviesa momentos difíciles. El trabajo se ha precarizado por parte de algunas empresas que están pagando salarios base de 626 €, por debajo del salario mínimo interprofesional, que es de 707 €. Asimismo, también han rebajado los pluses, algunos incluso hasta desaparecer, como en el caso de trabajo en festivos. Hasta ahora AJSE no se había decidido a denunciar estas prácticas, pero visto el mal que hacen estas empresas a nuestro sector, es necesario hacerlo”.

Otro problema a resolver dentro del sector es el de la formación. “En un futuro, el título para ser director o jefe de Seguridad se obtendrá tras un grado universitario. El Reglamento de Seguridad Privada regulará los requisitos de este grado”.

Pedro Gómez comentó las intervenciones tanto de Anna Aisa como de Antonio Cedenilla, mostrándose de acuerdo en que se debe exigir una formación de grado universitaria y titulación académica para los directores y jefes de seguridad.

Por otra parte, hablando sobre la contratación pública, indicó que en los pliegos de condiciones se debería indicar un rango de mínimos en cuanto a precios y servicios. De esta manera se podría evitar que el factor determinante en la contratación fuera el precio, con los problemas de precariedad laboral y de incumplimiento de contrato que se pueden generar.

Asimismo, en lo que respecta a la comunicación de las actividades de las empresas de seguridad privada, admitió que, efectivamente, queda mucho por hacer.

Durante la jornada también intervinieron David Odalric de Çaixal y Juanjo Alarcón, director general y subdirector general, respectivamente, de Secindef, compañía dedicada a la consultoría, formación y prestación de servicios en el campo de la seguridad, la inteligencia y la defensa.

Su intervención versó en torno a sus actividades respecto al estudio y análisis de las amenazas del terrorismo Yihadista y de cómo afecta ello a nuestro país. Así, indicaron que en España existen 33.000 perfiles radicalizados, 12.000 de ellos en Cataluña, donde reside la comunidad salafista más grande toda España.

Por su parte, Jaime Perea, director legal de Grupo Adaptalia, explicó de qué manera la Ley Orgánica de Protección de Datos atañe a las empresas de seguridad privada y los servicios que desempeñan. En su intervención, destacó que en mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, unificado para todos los países de la Unión Europea, que sustituirá a la actual normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. A pesar de la novedad del reglamento y de las mejoras que implica, cuando empiece a aplicarse ya se verá superada por el avance de la tecnología y los riesgos y amenazas que ello conlleva.

“Cada día generamos información y datos, ya sea en nuestra vida particular o en nuestra actividad laboral. Existe el riesgo de que esos datos trasciendan a través de los medios de información. El RGDP estipula multas de hasta 10 o 20 millones de euros o un 4% de su facturación para las empresas que hagan difusión de esos datos o se aprovechen de ello para sus actividades comerciales sin permiso expreso sus propietarios. Estas multas se han pensado para imponer una base legal que ponga freno a determinadas actuaciones de empresas, como Google o Facebook”.

El director legal de Grupo Adaptalia advirtió que “la protección de datos debe ser verificable. Previamente a cualquier nuevo negocio o iniciativa deben realizarse evaluaciones de impacto para prever cómo las actuaciones generadas pueden influir en los datos manejados”. El RGPD prevé la figura de profesionales como el Data Protection Officer (DPO), delegado de protección de datos, que garantiza el cumplimiento de la normativa. Suelen ser profesionales liberados, con categoría profesional equivalente a la de un alto directivo, que solo responden ante la dirección de la empresa.

Uno de los aspectos que más inquietud genera en empresas y el público en general, vistos los ataques ocurridos en los últimos meses, es el de la ciberseguridad. “Establecer muchas medidas de ciberseguridad no evita el ataque; lo que importa tras el día 0 que marca el ataque, es que el día 1 empresas y particulares puedan seguir operando. Estos ataques se van a seguir produciendo en el futuro y los siguientes dispositivos que serán objeto de ellos serán los teléfonos inteligentes”, afirmó Jaime Perea.

Tras esta intervención, que generó un vivo debate entre los asistentes con la exposición de ejemplos extraídos de su propia experiencia profesional, se puso punto final a la jornada.

Esta fue la segunda convocatoria de los ‘Desayunos con Protegidos Radio y AJSE’, tras la celebrada a finales del mes de junio en Madrid. Próximamente, se prevé una tercera edición en Valencia.