La industria química española cerrará el ejercicio 2003 con un crecimiento del 4%

A tenor de estas estimaciones de crecimiento, el sector químico español, que actualmente genera el 10% del Producto Industrial Bruto (PIB) y más de 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos, situará su valor de producción por encima de los 34.300 millones de euros en 2004.

La principal causa de este comportamiento radica en el notable aumento de la demanda interna.

Por lo que respecta al comercio exterior, y a pesar de la apreciación del euro frente al dólar, prácticamente se mantuvo el ritmo exportador de 2002, por lo que se estima un crecimiento cercano al 4% al final del año.

Actualmente, el sector químico es, tras la automoción, el segundo mayor exportador de la economía española. El importante esfuerzo de internacionalización acometido en los últimos años, que generó una importante mejora de la penetración, permite que hoy se destine a los mercados exteriores el 44% de la producción.

Este ratio exportación/producción se mantiene en 2003 y se prevé en 2004 una mayor aceleración de las exportaciones hasta el 4,5%.

En conjunto, la industria química valora muy positivamente estos resultados y el notable comportamiento del sector a pesar de la coyuntura internacional, destacando muy especialmente el importante incremento del consumo.

En relación con la política de productos químicos que impulsa la Comisión Europea, el Presidente de Feique hizo hincapié en la necesidad de revisar la nueva política comunitaria, que “si bien ha incorporado importantes mejoras en su última propuesta, el sistema para los procedimientos de Registro, Evaluación y Autorización de productos químicos (REACH) continúa siendo inviable”.

Aludió a los propios argumentos manifestados por Chirac, Schröder y Blair en la carta que remitieron recientemente al Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, exigiendo que la nueva reglamentación no perjudicase la competitividad del sector con mayor valor añadido de Europa y del que dependen más de1,7 millones de empleos directos.

Belil, que fue especialmente crítico con el Sistema REACH, tanto por obviar los principios de evaluación científica como por establecer unos procedimientos ineficaces y burocráticos, hizo alusión a un informe de la Universidad de Oxford en el que se afirma que “el sistema propuesto no permitiría finalizar la evaluación de las 30.000 sustancias afectadas por el mismo antes de 2048”.

Asimismo, subrayó que la propuesta perjudicaría especialmente a las PYMES, quienes tendrían que soportar el 80% del coste derivado del REACH. Teniendo en cuenta que el 90% de las empresas químicas españolas son PYMES, el desarrollo de esta normativa causará una grave pérdida para el tejido empresarial del país.

El Presidente de Feique también señaló que la investigación y la innovación sufrirían un frenazo difícilmente reversible, ya que los costes, procesos y plazos burocráticos para la aprobación de cualquier nuevo producto serían disuasorios.

Por último, Francisco Belil recordó que la industria química es suministradora de sectores como la construcción, automoción, electrónica o las telecomunicaciones, y que el REACH afectaría a la economía europea a todos los niveles, generando una drástica caída de la inversión, y creando un riesgo evidente de deslocalización industrial.

En nombre de Feique, demandó una revisión urgente por parte de las autoridades de las cuotas asignadas, puesto que si el objetivo impuesto a España fuera similar al impuesto a Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Bélgica, Holanda, Grecia, Alemania o Reino Unido, “ya estaríamos cumpliendo el Protocolo de Kyoto”. Francisco Belil calificó como inaceptable que a España se le exigiera un esfuerzo muy superior al de otros países (sólo Portugal tiene una exigencia mayor), y recalcó el perjuicio considerable que supone para el desarrollo económico de nuestro país.

Si bien en el ámbito nacional nuestro sector aglutina el 16% de todos los gastos e inversiones destinados a I+D+i por las empresas españolas, la cifra total sigue siendo insuficiente respecto a los países de nuestro entorno, que duplican nuestras inversiones en esta área.

Por ello, se considera que es preciso que el impulso de la innovación parta, en primer término, de las propias empresas, pero es asimismo necesario incrementar la financiación pública destinada a la empresa, actualmente el 10% del total.

En este sentido, es fundamental un esfuerzo de las administraciones competentes para orientar la investigación de centros tecnológicos y universidades a la demanda empresarial, de modo que nuestra investigación básica, en la que ocupamos un lugar preeminente a nivel internacional, tenga el reflejo adecuado en la investigación aplicada, en la que nuestras cifras de inversión y generación de patentes se hallan todavía muy lejos de las que esgrimen los países de nuestro entorno. Alemania, por ejemplo, hace trece veces más patentes por millón de habitantes que España.