La necesidad de planes integrales, el gran reto de la gestión de los residuos

Esto se puede impulsar gracias al Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar) 2024-2035, cuya declaración ambiental se aprobó y publicó en el BOE el pasado mes de enero. En él se introducen directrices alineadas con la economía circular y la reducción del vertido, pero no impulsa una visión coordinada que evite la fragmentación actual que tenemos con los planes autonómicos. Esta falta de integración puede generar ineficiencias y dificultar la consecución de los objetivos ambientales y de sostenibilidad fijados por la UE.

El Pemar busca establecer una estrategia nacional de gestión integral de residuos y fomentar la economía circular en España. Para ello, establece objetivos ambiciosos para reducir el impacto ambiental de los residuos y mejorar su tratamiento. Sin embargo, obvia la necesidad de que exista una red estatal integrada de eliminación. España cuenta con instalaciones suficientes para el tratamiento y eliminación de residuos industriales y peligrosos, pero la falta de coordinación a nivel estatal genera inseguridad jurídica y aumenta los costes para la industria.

Los residuos industriales y peligrosos requieren tratamientos especializados, y las instalaciones se diseñan y autorizan según las características de los residuos que van a tratar. Debido a la gran variedad de residuos existentes, no es posible contar con todos los tratamientos en cada comunidad autónoma, por lo que los residuos deben poder moverse dentro del Estado.

Estos traslados están regulados en detalle por la Ley 7/2022 de residuos y el Real Decreto 553/2020. En la práctica, la aplicación de estas normas está resultando desigual, muchas empresas encuentran barreras administrativas y falta de criterios armonizados entre comunidades autónomas. Por tanto, no es un problema de capacidad, sino de falta de una red integrada que optimice los recursos disponibles y garantice un acceso equitativo a las infraestructuras existentes.

Además, la falta de criterios armonizados en el traslado de residuos está generando inseguridad jurídica. Algunas comunidades han restringido estos movimientos, ignorando la legislación nacional, que sólo permite limitaciones al traslado tras un análisis caso por caso y por razones específicas. La ausencia de una planificación coordinada no solo desincentiva la inversión en nuevas infraestructuras, sino que también impide aprovechar de manera eficiente las ya existentes.

En este contexto, la digitalización del proceso de traslado de residuos se presenta como un avance necesario, pero si no se acompaña de una solución estructural que garantice la interoperabilidad entre comunidades autónomas y se evitan duplicidades, solo sumará carga burocrática a un sector ya tensionado. España necesita una planificación que asegure que los residuos industriales y peligrosos se traten lo más cerca posible de su punto de generación, aunque ello suponga un desplazamiento a otra comunidad de autónoma. Así se evitarán ineficiencias y los sobrecostes que supondrían que cada comunidad autónoma promoviera en su territorio todas las tipologías de instalaciones necesarias para gestionar estos residuos.

La retirada del amianto y su eliminación continúa siendo una prioridad en 2025. A pesar de que los ayuntamientos tenían la obligación de completar censos de instalaciones con este material antes de abril de 2023, el avance ha sido lento, y se plantean dificultades en la localización de elementos ocultos, como aislamientos y tuberías. Para asegurar un proceso de retirada seguro y eficaz, resulta fundamental establecer un plan estatal integral que contemple todas las etapas de la descontaminación y proporcione incentivos económicos a los propietarios y gestores. Sin estas medidas, existe un alto riesgo de proliferación de vertidos ilegales, particularmente en zonas urbanas.

Por otro lado, en 2025 ya se ha lanzado una nueva plataforma digital para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Este sistema ha sido diseñado con el objetivo de mejorar la trazabilidad de estos residuos a lo largo de todo su ciclo de vida, permitiendo el registro en tiempo real de sus movimientos, la notificación de incidencias y la gestión de cuotas de recogida en función de la participación de cada operador en el mercado.

“La falta de criterios armonizados en el traslado de residuos está generando inseguridad jurídica”, denuncia Luis Palomino.

Aunque la digitalización representa un avance en términos de control y eficiencia, los análisis preliminares indican que su implementación podría generar un incremento significativo de costes y una mayor carga administrativa para los gestores. En particular, las nuevas exigencias en el etiquetado y la identificación de residuos podrían suponer un reto adicional para el sector. Por ello, consideramos fundamental que se incorporen las propuestas de los operadores durante el desarrollo y optimización de esta herramienta, asegurando que sus beneficios en trazabilidad y control no se vean empañados por requisitos desproporcionados que dificulten la operativa del sector.

Y los retos en 2025 no terminan aquí, recientemente ha entrado en vigor el nuevo Reglamento (UE) de envases y residuos de envases, un hito regulatorio que supone un cambio significativo en la gestión de estos residuos. Esta normativa establece objetivos ambiciosos para reducir la cantidad de envases generados, restringir el uso de ciertos envases de un solo uso y fomentar la reutilización, alineándose con los principios de la economía circular. 

Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es su enfoque integral, que abarca todas las fases del ciclo de vida de los envases, desde su diseño hasta su gestión final como residuo. No obstante, cabe destacar que los envases utilizados para el transporte de mercancías peligrosas, regulados por la Directiva 2008/68/CE, están excluidos de ciertos requisitos, como la obligatoriedad de garantizar su reciclabilidad, incorporar un porcentaje mínimo de plástico reciclado o cumplir con objetivos de reutilización. 

Esta excepción pone de manifiesto la necesidad de abordar la gestión de estos envases desde una perspectiva diferenciada, dado el riesgo inherente a su reutilización sin un adecuado proceso de descontaminación por parte de gestores especializados. A pesar de que la responsabilidad ampliada del productor (RAP) sigue aplicándose a estos envases, su tratamiento requiere una regulación específica que garantice la seguridad ambiental y sanitaria. 

Si bien los reglamentos europeos son de aplicación directa en todos los Estados miembros, es previsible que el Real Decreto español sobre envases y residuos de envases sea revisado para alinearse con esta nueva normativa comunitaria. Esto plantea interrogantes sobre cómo se adaptarán las disposiciones específicas para los envases utilizados en el transporte de mercancías peligrosas y qué medidas adicionales podrían ser necesarias para garantizar su gestión adecuada. 

La correcta adaptación de este nuevo marco normativo será fundamental para avanzar en la transición hacia una economía circular, promoviendo prácticas más sostenibles en la producción y gestión de envases y consolidando un modelo industrial que priorice la innovación y la reducción del impacto ambiental.

Como se puede comprobar, España necesita un funcionamiento integral y eficiente que no convierta la gestión de residuos en un rompecabezas autonómico desconectado entre sí. Es hora de que la política de residuos en España pase de ser una sucesión de planes autonómicos aislados a una estrategia nacional coordinada. Para ello, la colaboración entre todas las partes implicadas debe aumentar. Es necesario establecer un marco de trabajo conjunto que permita adaptar las políticas a las realidades del sector y generar soluciones prácticas que faciliten el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Esto generaría la certidumbre jurídica necesaria para invertir más en tecnologías innovadoras, fomentar la capacitación de los profesionales del sector y promover incentivos para la adopción de prácticas más seguras y eficientes que garanticen un futuro más sostenible para las próximas generaciones.