El sector químico español estima cerrar el ejercicio 2024 con un crecimiento de la producción del 7,1% y del 4,8% en la cifra de negocios hasta los 86.453 millones de euros

Así lo ha explicado la presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Teresa Rasero, reelegida en el marco de la Asamblea General de Feique, evento que ha sido clausurado por el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu y en el que también ha intervenido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El motivo de este comportamiento es el mismo que afecta al conjunto de la industria europea: el alto coste energético. La química básica es la que realiza la primera transformación de las materias primas, y para este proceso requiere un alto consumo de energía. En este sentido, la presidenta de Feique ha señalado dos factores de coste que tienen un profundo efecto negativo en Europa respecto a otras áreas geográficas: los altos precios del gas y la electricidad, y el coste de los derechos de emisión, que ha calificado de “inexistentes o ínfimos respecto a los pocos países que tienen establecido un régimen comparable”.

“El problema es que son precisamente las producciones de química básica o de otros sectores industriales similares, los esenciales para mantener nuestra autonomía estratégica. Necesitamos, por tanto, precios energéticos más competitivos, y acelerar los procesos de descarbonización, que son los aspectos clave para el futuro de la economía productiva europea”, ha subrayado.

Para afrontar este proceso de descarbonización, el sector estima que requerirá invertir 75.000 millones € en el periodo 2025-2050, lo que supone una inversión anual de 3.000 millones €, de los cuales, según ha explicado la presidenta de Feique, 1.700 millones € se refieren estrictamente al CAPEX, otros 850 millones € corresponderían al coste de parada de las operaciones para abordar las modificaciones tecnológicas y 450 millones € que incluirían los costes de mantenimiento así como otros necesarios para adaptarse a las modificaciones regulatorias que afecten a las instalaciones.

Tal y como ha apuntado Teresa Rasero: “En el sector químico debemos abatir 12,4 millones de toneladas de CO2, que es la cifra que consta en el último inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2022, y no será sencillo, porque el principal problema no está en la inversión necesaria para incorporar nuevas tecnologías, que por supuesto es importante, sino en que hoy, los costes de operación de estas tecnologías son superiores a las tecnologías fósiles que continuarán utilizando nuestros competidores internacionales”.

Este Fondo debería incorporar el apoyo a los numerosos proyectos de inversión existentes, pero todavía latentes, y, muy especialmente, a los costes de operación, para poder activar con seguridad los proyectos y garantizar que las empresas continúen siendo competitivas frente a terceros países.

En cuanto a la financiación del Fondo, según las estimaciones del sector químico, al menos el 50% de los ingresos procedentes de los derechos de emisión, que el pasado año alcanzaron los 3.500 millones €, deberían constituir la fuente de ingresos principal del mismo, dado que es la propia industria quien los abona directa o indirectamente. “Calculamos que el fondo debería aspirar a una cifra cercana a los 2.500 millones € anuales, la cual contribuiría a garantizar la continuidad de los activos industriales estratégicos de nuestro país de forma competitiva”, ha señalado Rasero.

Asimismo, la presidenta ha anunciado durante su intervención, que a principios de 2025 Feique, trasladará al Ministerio de Industria un informe detallado sobre el diseño de los contratos por diferencia en España. Aunque de alcance y formatos diferentes, estos modelos ya se encuentran operativos en Alemania, Países Bajos y Dinamarca. “Nuestro objetivo es que los contratos por diferencia de carbono puedan aplicarse a las tecnologías esenciales para la descarbonización, como CCUS, Electrificación, Hidrógeno y Gases renovables, orientados tanto a la oferta como a la demanda cuando sea preciso”, ha señalado.

El precio de la electricidad continúa siendo un importante freno a la competitividad de la industria electrointensiva en su conjunto y muy particularmente de la química básica, ya que ese tipo de consumidores se encuentra en desventaja respecto a otros países europeos donde cuentan con diferentes apoyos de sus gobiernos.

En este sentido, la presidenta de Feique ha apuntado que hay margen de actuación para lograr un precio final medio anual de la electricidad competitivo en la banda de los 40€/MWh: “un precio que se puede alcanzar si agotamos los límites autorizados de compensación de las emisiones indirectas del CO₂ que otorga la Ley de Cambio Climático y si limitamos el coste de los servicios de ajuste”, ha señalado. Asimismo, ha añadido que estas medidas harían que la industria básica fuera globalmente competitiva, garantizando su continuidad y alimentando proyectos de inversión.

Para la presidenta de Feique, aun reconociendo el esfuerzo del Ministerio para elevar hasta 300 millones € dicha compensación, si se tienen en cuenta los precios de la electricidad registrados en 2024 a fecha de hoy, completados con los futuros hasta 31 de diciembre, el diferencial de precio final frente a Francia y Alemania radica en el volumen de compensaciones de las emisiones indirectas de CO2 y en el elevado coste de los servicios de ajuste que afronta España de casi 12€ extraordinarios por cada MWh.

El espíritu de esta Declaración ha sido posteriormente ratificado ampliamente por el informe Letta, la Agenda Estratégica 2024-2029 aprobada por el Consejo Europeo, las líneas de actuación presentadas por Von der Leyen en su discurso de reelección y el informe Draghi sobre la situación de la competitividad industrial europea. En esta línea, la presidenta de Feique ha querido reconocer el apoyo del Ministerio de Industria en el Consejo de Competitividad posicionando a España como uno de los líderes en el soporte del proyecto industrial europeo.

Para Rasero, Europa debe plantear un modelo industrial orientado simultáneamente a la sostenibilidad y la competitividad, teniendo siempre en su horizonte el objetivo de reducir el costoso y complejo marco regulatorio, y las cargas administrativas que “nos inundan de ineficiencias”. Tal y como ha señalado, el modelo tiene que servir para abaratar el coste de la energía en Europa, garantizar el acceso a materias primas críticas y estratégicas y transformar de forma efectiva a los sectores industriales respetando la neutralidad tecnológica.