Balance de Feique

Tras la sucesiva caída de la actividad del sector en 2008 y 2009, periodo en el que acumuló un descenso de la producción del 11,1%, 2010 se cerró con un crecimiento sólido de la actividad productiva del 6,2%, lo que permitirá completar en 2011 la recuperación de los niveles productivos previos a la crisis internacional, según Feique. Este dato contrasta con el registrado por el conjunto de la industria española que, si bien culminó 2010 con un ligero crecimiento del 0,9%, todavía acumula una caída productiva cercana al 20% respecto a 2007.

Respecto a la cifra de negocios, las ventas alcanzaron los 53.169 millones de euros en 2010, registrando una evolución positiva del 11,4% respecto a 2009. Este crecimiento se ha visto muy influido por el impacto del precio del crudo en las materias primas de origen petrolífero, especialmente en el ámbito de la química básica, cuya cifra de negocios creció por encima del 25%.

El alto nivel de internacionalización del sector químico español y su capacidad de acceso a mercados exteriores han sido los factores que en mayor medida han propiciado el comportamiento de 2010. El año pasado, las exportaciones crecieron un 17% hasta prácticamente 25.000 millones de euros, elevándose simultáneamente el porcentaje de ventas que el sector químico realiza en mercados exteriores respecto al total, ratio que experimenta una mejora del 5% y se eleva hasta el al 46,7%.

Para recuperar el empleo será necesario, consideran desde Feique, generar nuevas inversiones productivas, preferentemente en aquellos sectores industriales que por su capacidad de penetración en mercados exteriores y su mayor competitividad internacional no dependan de forma exclusiva del consumo y la demanda interna.

Analizando la evolución a lo largo de la última década, y a pesar del impacto de la crisis desde 2008, se aprecia la progresiva penetración en mercados exteriores de la producción química española (+110%), así como de la cifra de negocios, que prácticamente se incrementa el 50%.

En cuanto al número de empresas, se observa que la crisis ha acelerado los procesos de concentración que se vienen produciendo desde mediados de los años 90, tanto entre las pymes como en las grandes empresas, como consecuencia de la especialización progresiva de los negocios en sus áreas de mercado de liderazgo o en la búsqueda de acceso a nuevos mercados geográficos.

España, como demuestra su mayor estancamiento durante la crisis, necesita incrementar la participación industrial en el conjunto de su producto interior bruto (PIB), especialmente la proveniente de aquellos sectores más competitivos a escala internacional.

Las políticas comunitarias, que han incrementado abusivamente la presión legislativa sobre la industria (desde 1990 y sólo en el caso de la industria química se han generado más de 1.800 normas referidas al ámbito de la seguridad y el medio ambiente), han creado enormes dificultades para atraer inversiones productivas en toda Europa debido a la inseguridad jurídica que supone la adaptación a una nueva norma cada cuatro días, o al impacto en los resultados de las empresas de las múltiples tasas y figuras impositivas derivadas del afán recaudatorio del ejecutivo comunitario.

En este sentido, es imprescindible que la Unión Europea acelere los procesos de simplificación, reducción de cargas, flexibilización y mejora de eficacia de la normativa iniciados (smart regulation) y que entiendan que Europa es el área económica del mundo en la que se produce con mejores estándares de calidad, seguridad y protección ambiental. Asimismo, la UE debería prever que el estrangulamiento de la industria llevará inexorablemente, a largo plazo, a convertir a la Unión Europea en una economía de servicios (al servicio de los países productores), y desterrara la innovación y la riqueza y empleo estables que genera su actividad.

Con independencia de la necesidad de este cambio cultural de las autoridades comunitarias y de sus políticas, en España deben implantarse medidas propias orientadas a mejorar la competitividad de los sectores industriales —especialmente de aquellos más internacionalizados— y a potenciar la entrada de inversiones productivas que impacten de forma positiva tanto en la economía, como en el empleo.

Tanto en Europa como en España, la lucha contra el cambio climático se ha centrado en establecer elevadas exigencias ambientales a las instalaciones industriales, quedando al margen los sectores difusos, como es el caso del transporte o de las emisiones procedentes del consumo energético en edificios y viviendas —que aglutinan dos tercios del total de gases de efecto invernadero emitidos (GEI)—.

El propósito de continuar incrementando las restricciones a la industria europea sin que se produzcan acuerdos internacionales con países que adopten medidas similares, afectará muy negativamente a la capacidad de las compañías españolas para competir con empresas de terceros países. Los avances en las políticas que permitan reducir las emisiones de GEI deben producirse sobre la base de estos acuerdos globales y concentrarse en los sectores difusos para poder incidir realmente en el núcleo del problema.

Si bien el sector químico apoya las políticas de lucha contra el cambio climático y es actualmente el mayor inversor en protección del medio ambiente e I+D+i orientada a mejorar la eficiencia de las tecnologías, procesos y productos, dichas políticas tienen que adecuarse a las posibilidades reales en cada momento y las condiciones descritas o, de lo contrario, aseguran desde Feique, se destruirá el tejido industrial.

El sector químico es el mayor inversor en I+D+i de la industria española. Acumula el 26% del conjunto de recursos destinados a estas áreas y el 20% de los investigadores contratados en las empresas del sector privado. Si bien es necesario subrayar que los instrumentos establecidos para incrementar la actividad innovadora de las empresas son en esencia útiles para las mismas, debería establecerse mecanismos de apoyo que permitan exportar los desarrollos de tecnología o de producto que se generan por compañías implantadas en España, con independencia de la procedencia del capital social de las éstas.

En el ámbito concreto de la química y las ciencias de la vida, en España se están generando importantes innovaciones y aplicaciones que pueden tener éxito en el mercado internacional, muchas veces generadas por pymes que precisan de incentivos o apoyos financieros.

Otro aspecto fundamental que puede facilitar la atracción de inversiones es el desarrollo de diferentes infraestructuras y servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, el más eficiente y seguro, pero que en España precisa todavía de amplio desarrollo para facilitar la logística y el intercambio comercial tanto en el mercado nacional como en el internacional.

En este sentido, se ha colaborado con el Ministerio de Fomento en el análisis de las necesidades del sector, y se está trabajando en planes positivos que precisan de una adecuada dotación presupuestaria que no puede lograrse sin equilibrar las inversiones que se realizan en el transporte de pasajeros con las que se realizan en el transporte de mercancías. Además de estos aspectos, existen otros fundamentales, como la necesidad de mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno Central, el diferencial impositivo con los principales competidores de la Unión Europea o el desarrollo de un mix energético que tenga mayor garantía de suministro en condiciones suficientemente competitivas respecto a los países del entorno.

En definitiva, según Feique, la recuperación de la economía española de forma sólida y sostenible en el tiempo sólo será posible si se priorizan políticas orientadas a mejorar las condiciones de competitividad de la industria implantada en España y a atraer nuevas inversiones. Ello precisa de un marco normativo que otorgue suficiente seguridad jurídica y no castigue la actividad industrial, el establecimiento de instrumentos que faciliten el acceso de los productos de empresas españolas y los resultados de I+D+i a mercados exteriores, el desarrollo de infraestructuras y servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, y un modelo energético más eficaz y competitivo.

Según datos de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, la industria química genera en España el 11% del PIB y cerca de 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor privado en protección del medio ambiente e I+D+i.