El sector químico prevé incrementar su cifra de negocios un 5,7% en 2017

El presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Antón Valero ha presentado en rueda de prensa las previsiones del sector químico español, cuyos volúmenes de producción experimentarán un crecimiento del 31% en 2017 y del 2,6% en 2018, en línea con el comportamiento del PIB español. La actividad exportadora registrará un crecimiento del 7,4% este año, y del 4,1% en próximo. Se prevé asimismo un crecimiento del empleo en el sector del 7,5% en 2017, hasta los 193.000 empleos directos, que alcanzará en 2018, superando los datos de 2007. Valero insistió también en la necesidad de que la política industrial esté entre las prioridades del Gobierno, abogando por acordar un Pacto de Estado por la industria.

Antón Valero, presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y Juan Antonio Labat, director general de la asociación, durante la rueda de prensa de presentación de las previsiones dle sector Químico español.

La industria química española es un sector crítico para nuestra economía. Compuesto por 4.000 empresas, es uno de los sectores más ricos en crecimiento y más atractivo por los inversores internacionales.

Según las previsiones presentadas por el presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Antón Valero, el sector químico español registrará un crecimiento estimado de su cifra de negocios del 5,7% al cierre de 2017 y del 4,7% en 2018, hasta totalizar un valor de 65.272 millones de euros. Así, el sector acumulará un crecimiento total en el periodo 2007 - 2018 del 31,2%, consolidando la evolución positiva que registra desde 2013 y apoyándose en el buen comportamiento de la economía española, en el crecimiento de la demanda internacional y en la caída del precio del crudo.

Estas positivas previsiones de la cifra de negocios se sustentan en un destacable incremento del volumen de la producción del 3,1% en 2017 y del 2,6% en 2018, en ambos casos en línea con el propio crecimiento del PIB español, e impulsados tanto por la evolución del consumo interno –también de los sectores demandantes– como por el crecimiento de la demanda internacional. En líneas generales, se observa que los crecimientos productivos de los subsectores químicos son bastante homogéneos en ambos ejercicios.

Los datos de producción del sector –que actualmente genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto– se sitúan ya 16 puntos por encima de los registrados en 2007 (año previo al inicio de la crisis), dato que contrasta con el comportamiento experimentado por la industria española en su conjunto que, si bien todavía se halla 21,4 puntos por debajo de las cifras productivas de 2007, desde 2015 hasta 2018 experimenta una mejora de 10 puntos.

Respecto al comercio exterior, la reactivación de la actividad exportadora y los precios internacionales que se está experimentando en 2017 continuará en 2018, generando un mayor volumen de ventas exteriores. Así, el crecimiento de las exportaciones alcanzará en 2017 el 7,4% hasta los 34.876 millones de euros y el 4,1% el próximo año, hasta 36.306 millones.

El porcentaje de las ventas que se realizan en mercados internacionales continuará superando el 50%, alcanzando previsiblemente el 56% en 2018. De este modo, la competitividad internacional de las empresas implantadas en España continuará siendo uno de los principales motores de la evolución del sector. El crecimiento acumulado respecto a 2007 se situará cerca del 60% en 2018.

Por otra parte, y analizando la evolución de los mercados, aunque la principal área de destino de las exportaciones sigue siendo la Unión Europea -59% del total-, la industria química española ha mejorado sustancialmente su posición en los mercados extracomunitarios que ya acogen el 41% de las exportaciones frente al 29% que representaban en el año 2000. En los últimos 16 años las exportaciones han ganado competitividad diversificando los mercados especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, China o Suiza, donde han ganado terreno de forma significativa, siendo mercados aparentemente más complejos en relación a los mercados confortables de la UE.

La industria química continúa consolidándose como uno de los sectores industriales más dinámicos en la generación de empleo estable y de calidad. Hasta septiembre se ha registrado una media de 193.000 empleos directos (datos EPA T3), cifra que se estima sea la media anual de asalariados en 2017, lo que supone un crecimiento del número de asalariados del 7,5% respecto a 2016, llegando a los 197.000 en 2018, un 2,1% más.

De esta forma, en dos años el sector habrá registrado una notable recuperación del empleo de casi 10 puntos acercándose a los 200.000 asalariados y superando así los máximos históricos registrados en 2008. Asimismo, el empleo indirecto e inducido superará el próximo año los 445.000 trabajadores, lo que en conjunto supondrá la generación de 645.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Más allá de la perspectiva meramente cuantitativa, el empleo generado por el sector químico destaca por su calidad y estabilidad. En esta industria los contratos indefinidos suponen un 94% del total y el nivel de retribución asciende a una media de 38.100 euros anuales por trabajador, uno de los más elevados que repercute a su vez, de forma directa, en una mayor contribución a la economía española vía cotizaciones e IRPF. Asimismo, apuesta de manera permanente por la cualificación de los empleados al destinar 223 euros anuales por trabajador a formación, casi el doble que la media industrial (119 €).

A pesar de estas positivas previsiones y del crecimiento esperado de la demanda global de productos químicos, el presidente de Feique incidió durante la presentación de las previsiones sectoriales, en la necesidad de que la política industrial esté situada en el mapa de prioridades del Gobierno y de los diferentes partidos políticos si se persigue que España sea un país capaz de generar empleo estable y de alta cualificación, empresas de elevado valor añadido y un tejido productivo intensivo en innovación y con vocación exterior. Tanto en España como en Europa en su conjunto, el peso de la industria debe ser lo suficientemente sólido para favorecer también la generación de servicios avanzados, indicó Valero.

En este sentido, el presidente de Feique insistió en la necesidad de acordar un Pacto de Estado por la Industria a partir del cual desarrollar una estrategia de crecimiento industrial independiente del color del gobierno. Además de ello y de forma específica, se referió a diversos factores que determinarán el futuro del sector en España.

Los datos actuales y las perspectivas dibujan el liderazgo claro de España respecto de las principales economías europeas en términos de PIB, consumo o comportamiento en el mercado exterior. En el caso del PIB, el crecimiento acumulado entre 2015 y 2018 que se prevé en España (siendo incluso prudente) es de 12,7 puntos, lo que supone un 75% más que Alemania, más del doble que Francia y más del triple que Italia. Esta buena salud de la economía es, sin duda, un factor positivo como indicador del comportamiento de un sector como el químico, ampliamente imbricado con el resto de actividades económicas en nuestro país. Así lo muestra también la evolución y previsiones de crecimiento en España de los principales sectores demandantes de la industria química, a pesar incluso de problemas específicos que alguno de ellos ha experimentado a lo largo de este año.

Considerando el mercado global, continúa apreciándose gran fortaleza en la previsión de demanda de productos químicos, vinculada tanto al traslado de 1.000 millones de habitantes de zonas rurales a zonas urbanas, como a la evolución hacia economías bajas en carbono y circulares, ya que se necesitarán tecnologías químicas capaces de producir más y más eficientes energías renovables, baterías de mayor rendimiento (incluyendo velocidad de carga y mayor número de ciclos) y tecnologías de recuperación de agua o de los múltiples materiales que será preciso reciclar.

El presidente de Feique ha hecho referencia a la amenaza del precio del petróleo, cuyo excesivo crecimiento volvería a restar competitividad de forma inmediata a las empresas del sector y al conjunto de la economía española. No obstante, las proyecciones de precio medio del crudo en 2018 lo sitúan más cerca de los 55 dólares que de los 60, tanto a corto plazo como en el mercado de futuros.

Junto al petróleo, la preocupación del sector también se vincula a la apreciación del Euro sobre el dólar, que podría generar más dificultades para poder acceder a mercados internacionales. Si bien es positiva la apreciación como reflejo de la fortaleza de la economía comunitaria, ha sido una medida acertada retirar parte de los estímulos económicos actuales, como la reducción de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo en 30.000 millones de euros. También es prudente que el BCE sea flexible en la recuperación de los estímulos que decida eventualmente reducir, para volver a su aplicación si es necesario.

Entre las variables que dependen de la acción del Gobierno, uno de los principales factores de competitividad clave para materializar el fortalecimiento industrial en nuestro país será disponer de unos costes energéticos competitivos para la industria, objetivo que -ha asegurado el presidente de Feique-, debe ser el eje de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

“Es cierto que todo el sistema eléctrico arrastra una fatídica herencia sobre la que ha habido limitado margen de actuación en una situación de crisis económica. Una herencia de casi 10.000 millones de euros que, también es cierto y afortunadamente, ha dejado de crecer. Pero la economía mejora, y creemos que es el momento de asumir que parte de los considerados 'costes sociales' incluidos en los peajes, deben encontrar acomodo fuera del sistema eléctrico: obviamente y por normativa, el coste de la extrapeninsularidad debe finalizar su traslado, pero también deben hacerlo, gradualmente, las anualidades del déficit de tarifa y las subvenciones a las energías renovables. En la medida en que se trasladen estos costes, también será posible reducir hasta su futura eliminación los tipos impositivos que afectan a la generación de energía (Ley 15/2012), un impuesto que pese a recaer en la generación se traslada indefectiblemente a los consumidores”.

Antón Valero también subrayó que el traslado de los costes sociales tiene un impacto actualmente asumible para nuestra economía, siempre que se haga gradualmente y respetando los límites de déficit. Y hay que tener en cuenta que comprometer medidas a medio y largo plazo en este sentido, genera expectativas de inversión industrial de carácter productivo.

Asimismo, ha señalado la necesidad de avanzar con mayor firmeza en la interconexión con el mercado energético europeo, para lo cual, además de la voluntad del Gobierno, hace falta que se adopten instrumentos legales o coercitivos comunitarios que la garanticen. En el ámbito normativo, también ha hecho referencia específica a la necesidad de incluir –mediante el instrumento legislativo que proceda- las exenciones que la Directiva 2009/72/CE prevé para los supuestos generales de complejos industriales químicos dentro de la categoría de redes de distribución cerrada, las cuales ya están autorizadas en los países más industrializados de la Unión Europea pero no en España, lo que genera una distorsión competitiva muy sensible.

Por último, ha insistido en la necesidad de articular lo antes posible las ayudas para compensar los costes de las subvenciones a las energías renovables, partida presupuestaria establecida en 2017, así como incrementar su dotación en los próximos ejercicios, para situarnos en los niveles de compensación de los que ya disponen los países de nuestro entorno competitivo. En esta misma línea, recordó la importancia de incrementar la dotación de ayudas compensatorias para los emisores indirectos que, actualmente, sólo cubren el 7,5% de las necesidades y que ya existen a niveles muy superiores en países como Alemania, Holanda, Francia o Países Bajos.

En el ámbito del transporte, subrayó el retraso que se está experimentando en España para elevar la Masa Máxima Autorizada de carga en los transportes de carretera de 40 a 44 toneladas, tal y como ya está permitido en la mayoría de países comunitarios y abogó por alcanzar un acuerdo entre cargadores, transportistas y el Ministerio de Fomento en los próximos meses.

Ha expresado también el apoyo del sector para concluir el corredor Mediterráneo y el resto de corredores transeuropeos que afectan a la península ibérica, no sólo mediante la nueva construcción e implantación del tercer hilo, sino también desarrollando parque ferroviario que permita la circulación indistinta en ancho ibérico o ancho internacional, proyectos en los que ADIF está actualmente trabajando.

Finalmente, recordó que el desarrollo de infraestructuras y servicios de transporte es esencial para España si queremos aprovechar el potencial de nuestro país para acceder al mercado europeo desde terceros países y conectarse eficazmente con los mercados del arco Mediterráneo, Oriente Medio, África y Latinoamérica.

El presidente de Feique quiso mencionar, por último, los importantes retos que debe asumir Europa en su conjunto para evolucionar hacia una economía baja en carbono y circular, las cuales sólo serán posibles avanzando en la innovación, área en la que la contribución de la química será esencial, especialmente en ámbitos como la generación y almacenamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la captura de CO₂ o el desarrollo de biomateriales.

No obstante, y respecto al desarrollo de normas en términos generales, hizo hincapié en la necesidad de mantener mayor homogeneidad en la legislación comunitaria aplicable en cada país de la Unión Europea, pues no es infrecuente observar cómo en nuestro país (y también a escala autonómica) se introducen en determinadas ocasiones -fundamentalmente en la transposición de Directivas-, plazos y condiciones más estrictas que las exigidas en otro países con los que competimos o, en otras ocasiones, en nuestro país no se adoptan al mismo nivel que otros, ventajas competitivas que permite la legislación comunitaria como es el caso de las redes cerradas de distribución o la compensación de costes indirectos.