El sector químico cierra 2005 con un crecimiento del 5,8 por ciento

Este incremento se debe fundamentalmente al crecimiento de los precios (+5,5 puntos) y no al volumen (que sólo aumenta tres décimas), y ha estado alimentado por una todavía potente demanda interna y por la capacidad de internacionalización de las empresas.

En el caso de la demanda, se estima que el consumo de productos químicos en el mercado español concluirá el año con un incremento del 6,7 por ciento para superar los 45.300 millones de euros, un crecimiento que ha sido capaz de absorber el incremento de los precios de nuestra producción.

El segundo factor determinante ha sido el excelente comportamiento de nuestras empresas en el exterior, ya que el valor de las exportaciones se elevará desde los 15.919 millones de euros en 2004 a más de 17.600 en 2005, registrando por tanto un crecimiento del 10,7 por ciento. En este caso cabe destacar que los componentes volumen y precios crecen simultáneamente, lo que provoca este buen comportamiento.

Con este resultado, el sector químico seguirá consolidándose como el segundo mayor exportador de la economía española tras la automoción, y que continuará dedicando a mercados exteriores casi la mitad de la producción.

Por su parte, las importaciones crecerán unas décimas por debajo de las exportaciones, lo que contribuirá a mejorar la balanza comercial del sector, situando el índice de cobertura de exportaciones sobre importaciones por encima de 65 por ciento.

En la parte negativa se sitúa la química para la salud (fundamentalmente farmaquímica y que representa el 28 por ciento del sector), donde las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad han provocado –según Feique-, un descenso del valor de la producción que se estima alcanzará el 2,3 por ciento al cierre del año y “han perjudicado el comportamiento del subsector de nuestro país que más invierte en I+D+i y cuyo futuro es fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario”.

Sin embargo, considerando la coyuntura internacional y la presión competitiva de los países asiáticos, con China a la cabeza, y de Estados Unidos, el futuro del sector químico, tanto a nivel español como europeo, presenta un horizonte lleno de desafíos que obligan a articular urgentemente una política industrial efectiva o, cuanto menos, a no desarrollar iniciativas lesivas cuando no arbitrarias para poder aprovechar la capacidad de crecimiento del sector y poder competir en igualdad de condiciones.

Así, recientemente nuestro Ejecutivo ha plasmado en un informe oficial sobre “La posición de España en relación a la propuesta de reglamento Reach en el momento actual de la negociación en la Unión Europea” su postura inicial al respecto, que ha dejado perplejas a las empresas afectadas por este futuro reglamento.

Pese a que el documento expone claramente que “los costes directos e indirectos del Reach tendrán una incidencia mayor en las Pymes”, “las Pymes se enfrentarán a mayores dificultades a la hora de pasar los costes de registro a los usuarios intermedios”, y que “es más que probable que la rentabilidad de las sustancias de volumen reducido se vea afectada en alguna medida a causa de los requisitos del Reach”, acaba concluyendo que “no parece probable que la aplicación de Reach pueda afectar significativamente a la competitividad de la industria”. Es cuanto menos una conclusión “paradójica”, afirma Feique.

Por eso para Feique “es difícil de aceptar que nuestro Gobierno no se dé cuenta del riesgo que supone un Reach esencialmente burocrático y costoso como el que se propone actualmente, y que se ignoren las preocupaciones de las empresas afectadas”.

Pero todavía es incluso más difícil de justificar que no se tengan en cuenta las conclusiones del Consejo de Competitividad, que ha expresado su gran preocupación sobre el impacto del Reach, ni el estudio de KPMG encargado por la Comisión que advierte que se incrementarán los costes de producción de cada sustancia afectada entre el 6 y el 20 por ciento. Ni siquiera se toma en consideración a la Comisión Europea que, a través del titular de Industria, Verheugen, ha expresado el considerable impacto que las medidas propuestas tendrán sobre los sectores dependientes del químico, o el estudio SPORT llevado a cabo conjuntamente por Estados Miembros, Comisión Europea y el Consejo Europeo de la Industria Química, en el que se advierte de la necesidad de reducir los costes a las Pymes. La misma suerte corren los dictámenes del Comité de las Regiones y del Consejo Económico y Social Europeo que se expresan en igual sentido, y el documento firmado por los representantes de la industria química europea y del sindicato europeo del sector (del que son miembros tanto FIA-UGT como FITEQA-CCOO) en el que instan a mejorar el Reach para reducir los costes en la pequeñas y medianas empresas.

“Que el alza de los precios del crudo está perjudicando a la industria, nadie lo duda. Los sectores industriales ven crecer sus facturas a niveles alarmantes, y la fuerte competencia internacional dificulta trasladar los incrementos de costes a los precios del mercado.

Pero es sólo una parte del gran problema. En el caso de España, la situación dibuja un horizonte mucho más crítico, ya que nuestro marco energético es un oligopolio de facto donde la liberalización de los mercados de la electricidad y el gas es inexistente. Pensar que en el medio plazo podremos cambiar esta situación es tan sólo una quimera si observamos la ínfima interconexión energética con los países de nuestro entorno, léase Francia, país que tiene la llave de nuestro acceso al mercado energético europeo”.

Lo cierto es que a un mercado intervenido se suma la última normativa sobre gas natural que recientemente ha aprobado nuestro gobierno, que supone un certero disparo en la línea de flotación de la industria y está provocando un incremento artificial de los precios para unos sectores que estamos viendo cómo nuestra factura del gas se incrementa entre el 30 y el 60 por ciento.

Y no nos olvidemos del Protocolo de Kioto. La intensa sequía sufrida en España ha limitado el acceso a la energía hidráulica y, consecuentemente, se ha incrementado el consumo de energías fósiles. Más emisiones y, por tanto, más compras de derechos de emisión que las eléctricas cargan a la factura del consumidor.

En definitiva, en opinión de Feique, las decisiones de nuestros gobiernos, aquí o en Europa, no pueden convertirse en las mayores amenazas a nuestra competitividad y poner en jaque a uno de los sectores que en mayor medida contribuye a generar riqueza y empleo