A pesar de que han aumentado las informaciones que hablan de que el Gobierno podría suspender la entrada en vigor de esta medida fiscal que amenaza con agravar la inflación
El Gobierno continúa sin reaccionar "a la demanda social y empresarial para la suspensión del impuesto al plástico"
Avep, Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, se suma a las múltiples manifestaciones que, sectores como la el agro-alimentario, agrario, distribución, fabricantes y un largo etcétera, han hecho ya públicas en relación a la prevista entrada en vigor del llamado 'impuesto al plástico'.
El único país europeo que había regulado una medida similar ha sido Italia, y acaba de volver a posponer su efectiva entrada en vigor por tercera vez en el último año y medio, desde su aprobación. Esta decisión deja a España como único país de la unión europea que, contraviniendo el consenso europeo penalice a la economía nacional, introducirá una medida fiscal que penaliza el envase en lugar de promover el reciclado.
Amaya Fernandez de Uzquiano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos.
Si prevenir la generación de residuos está en manos de todos y por tanto, es responsabilidad de la cadena de valor al completo, una medida fiscal como esta afectará a todas las partes implicadas y eso sin duda, generará un deterioro para nuestra economía por su fuerte impacto inflacionista.
En palabras de Amaya Fernandez de Uzquiano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos: "Tras pasar una pandemia, una escalada de precios de materias primas y energía sin precedentes, estar en medio de una guerra que además de desabastecimientos ha contribuido negativamente en esta situación inflacionista general y de la que empresas y trabajadores somos víctimas, este tipo de medidas, desproporcionadas, recaudatorias (en tanto que no son finalistas), claramente perjudican gravemente a la industria Española y al consumidor. El Gobierno debería centrarse en medidas de impulso de la economía y esto, sin duda, es un ejemplo de lo contrario”. Además añade que, “sin duda el sector ya está haciendo una importante trabajo que pasa por adaptaciones productivas, integración en la cadena de valor y fuertes inversiones para afrontar con responsabilidad la transición hacia una economía circular que el sector considera necesaria y donde, el sector de transformación de plástico y toda su cadena de valor, tienen un papel fundamental en la concienciación (reducción) e impulso del reciclado y toda forma de gestión eficiente de residuos”.
Esta medida, a nivel nacional, incidirá de forma negativa en la generación de empleo de un sector con más de 93.000 empleos directos de calidad e incluyendo indirectos e inducidos son en total 255.000. Tengamos en cuenta, que muchas de estas más de 300.000 personas se verán afectadas pudiendo reducirse el empleo directo en más de un 40% de aquí a 2030.
Según lamenta Cristina Monge, secretaria general de Avep: “Por si fuera poco, y a menos de escasos días de su potencial entrada en vigor, la orden ministerial que regula el procedimiento de aplicación del impuesto, no está aprobada y las dudas, y problemas de interpretación se acumulan en Hacienda. La inseguridad jurídica que esto provoca es algo que un gobierno no debería permitir y aún menos auspiciar. Esa es la realidad de un sector que trabaja por adaptarse a marchas forzadas a un contexto económico y regulador en permanente cambio”.
Otras manifestaciones:
Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, calcula que podría aumentar hasta un 2% el precio de los productos alimentarios, especialmente aquellos más baratos, donde “el envase es casi más caro que el producto en sí”, y un estudio elaborado por Acoplásticos hila todavía más fino: los detergentes y productos de baño sufrirán un incremento de entre un 3% y un 5%; el precio de las bebidas subirá entre un 3% y un 4% y el importe de los lácteos (leche, queso y yogur) crecerá entre un 1% y un 3%.
La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) advierte de que la medida puede suponer un coste de 5.000 millones de euros que deberán asumir las empresas del sector y recuerda que al impacto del Real Decreto hay que sumar otros 1.150 por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorpora en la ley de residuos.
Desde Asedas, la patronal nacional de los supermercados que agrupa a Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otros, se asegura que en la espiral inflaccionaria actual hay una diferencia sustancial entre lo que pasa en el campo, en la industria y en los supermercados. De este modo, señalan con datos de noviembre de este año, que los precios percibidos por los agricultores han subido un 33,2% mientras que el índice precios de la industria alimentaria ha avanzado un 21,2% y la inflación alimentaria se sitúa en el 15,3%. Desde Asucova, añaden el impuesto del plástico añadirá un punto más al IPC en 2023.