Mejorar la contratación pública para mejorar España

Pocas veces habíamos visto una situación tan disfuncional en la economía: un país que crece pero que sufre tanto. Lo sabemos en la construcción porque en el segundo trimestre del año nuestro sector creó más de 60.000 empleos; en el tercer trimestre, más de 15.000, según las Encuestas de Población Activa. Pero por el camino, hay problemas con la contratación pública, que aprietan al máximo a nuestras empresas. Hasta el punto de que la viabilidad de la ejecución de los proyectos contenidos en el programa NextGenerationEU pueden complicarse. Y junto a ellos, la tan insistente transición ecológica, energética o tecnológica, por citar tres ejemplos ineludibles.

Vayamos por partes. Actualmente, nos encontramos ante una contratación pública que trata mal a grandes pero sobre todo expulsa a pequeñas y medianas constructoras, anulando competitividad e innovación que bendice el libre mercado.

Una que no tiene en cuenta la solvencia y la capacidad de las empresas del sector y que se ahoga en disquisiciones formales que, en muchas ocasiones, expulsa a las entidades con más experiencia. Y muchas más complicaciones, como las frecuentes incorrecciones o errores a la hora de redactar exigencias de solvencia, utilizando un trámite de simplificación burocrática, como es la clasificación de contratistas, como un control de acceso al mercado cuando no como una forma de laminarlo o fraccionarlo, como venimos denunciando desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Empezaremos aportando datos para ilustrar este panorama. Nunca hubo tantos contratos procedentes de las administraciones públicas y, a la vez, menos empresas compitiendo por ellos; deterioramos la concurrencia y la competencia. La media de licitadores se hundió durante el pasado año hasta los 2,99 para 220.291 contratos públicos, cuando en 2019 había una media de 4,09 empresas para cada uno de los 150.74 contratos. Había menos contratos con más licitadores; ahora hay más actividad con menos ofertantes.

En CNC ya advertimos de que el abuso de medios propios lleva la competencia a su mínima expresión. La preocupación se convirtió en problema de 2021 a 2022, cuando las administraciones dispararon un 77% el uso de las empresas públicas. Al analizar los importes todo es peor porque si en 2021 hubo casi 1.900 encargos que se ejecutaron por valor de 589 millones, al año siguiente esas cantidades crecieron un 350%, hasta los 2.631 millones.

Para continuar con que más de siete de cada diez encargos a medios propios se concentraron en 14 empresas públicas en 2022. Una situación prácticamente monopolística e inverosímil que aglutina el 71,04% de los 3.346 encargos realizados.

La solución no es compleja ni polémica. Desde la patronal de la construcción, constituida en un 95% por pequeñas y medianas empresas y autónomos, proponemos volver a la situación anterior a 2015. Antes de esa fecha -cuando se aprobó la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española- en momentos de estabilidad económica y geopolítica, y sin la inflación global de precios que sufrimos hoy, sí que existía un mecanismo de revisión de precios ante las fluctuaciones de costes desproporcionadas de contratos por energía y materiales. En aquel momento era conveniente y necesario pero menos que ahora, pues la realidad fluctuante e imprevisible que sufrimos desde hace cuatro años navega sin un sistema estabilizador de desajustes de precios de los contratos, sobre todo ante su dilatado plazo de ejecución.

Antes de 2015 existía un mecanismo de revisión de precios ante las fluctuaciones desproporcionadas, sólo las desproporcionadas. De 2020 a 2021 los precios de los materiales subieron tanto como de 2007 a 2020; de 2021 a 2022 subieron tanto como de 2005 a 2020. Un año, lo mismo que 15. Y ahora en 2023 se estabilizan precios pero en niveles máximos históricos. Y la energía experimentó un incremento del 190% desde el año 2020 hasta mediados de 2022.

Hay que estar preparados para cumplir los retos. En materia de eficiencia energética y rehabilitación, se necesita a la construcción de manera imprescindible y urgente. Cerca del 55% del parque edificado es anterior a 1979. Alrededor del 21% tiene más de 50 años de antigüedad. A partir de la próxima década, la gran mayoría de ellos tendrán dificultades para salir al mercado por no cumplir los requisitos mínimos en materia de eficiencia energética. El 83% de viviendas en España es de baja calidad energética.

No se pueden plantear estos retos si se expulsa a las empresas del mercado, arruinando nuestra competitividad. Según el Banco de España, la vivienda (42%) y las propiedades inmobiliarias (28%) representan el 70% de la riqueza total de las familias. No es sólo sostenibilidad, es la riqueza patrimonial de los hogares.

Abordemos cuanto antes estos retos, junto a otro nada menor, como es el de la contratación de los más de 700.000 trabajadores que necesitamos para ponernos manos a la obra y acometer todos los proyectos en marcha y objetivos contraídos. Porque es fácil y efectivo. Porque es limpio y de Justicia. Porque mejorar la contratación pública es, ya lo saben, mejorar España.