Los países de Latinoamérica avanzan en la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en infraestructuras

Los países de Latinoamérica están avanzando de forma relevante en el desarrollo de marcos legales que garantizan la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en infraestructuras, lo que revierte en un importante aumento del número de empresas españolas que invierten en la región. Así lo han expresado distintas personalidades que han intervenido en la jornada ‘La seguridad jurídica en el desarrollo de las infraestructuras en LATAM’ organizada por Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, en el marco de su 60 aniversario, y la Federación Panamericana de Consultores (Fepac) en la sede de Icex España Exportación e Inversiones.

Por su parte, Eduardo Ávila, embajador de Colombia en España y Andorra, señaló que su país ha desarrollado por ley un marco normativo robusto para fortalecer la seguridad jurídica y facilitar la atracción de inversiones en infraestructuras. En el caso concreto de España, el diplomático citó que ambos países cuentan con un acuerdo de protección recíproca de la inversión, que se ha renovado en 2021 y está pendiente de entrar en vigor. Este acuerdo busca crear condiciones más favorables y claras para las inversiones entre ambos países, asegura el equilibrio entre las necesidades de los Estados y los derechos de los inversores, y define con mayor precisión términos clave como ‘inversión’ y expropiación indirecta’.

Luis Iberico, embajador de Perú en España, afirmó que su país cuenta con un marco legal estable para las inversiones extranjeras que emana de la Constitución de 1993, texto legal que, entre otras cuestiones, otorga a los inversores internacionales el derecho a recibir un trato no discriminatorio frente al nacional. Junto a esto, el gobierno peruano también firma con otros países convenios para evitar la doble imposición - con España se empezará a negociar en marzo de 2025-, y convenios de estabilidad jurídica, instrumentos que garantizan que las condiciones legales y fiscales bajo las que se realizó una inversión no se vean alteradas durante un periodo específico, generalmente 10 años.

Ambos países tienen en marcha importantes planes de inversión para el desarrollo que ya están ofreciendo oportunidades de inversión para empresas españolas. Colombia tiene en marcha en denominado Plan Nacional de Desarrollo (PND), que prevé una inversión de 257.000 millones de euros en el periodo 2022- 2026 en ámbitos como ferroviario, vial, aéreo y fluvial y portuario. Por su parte, Perú cuenta con el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, que prevé una inversión de 42.000 millones de dólares en 72 proyectos por todo el país en los sectores de transportes, comunicaciones, agua, electricidad, medioambiente, educación o salud.

Joan Franco reclamó un marco institucional que garantice el cumplimiento de lo que se consideran los principios de las mejores prácticas regulatorias: seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad; accesibilidad y participación de los agentes del sector, ingenierías incluidos, en el proceso regulatorio; evitar la complejidad excesiva o la abundancia de normas que dificulten su entendimiento; y seguimiento continuado y colaborativo dentro del sector que ayude a identificar las necesidades existentes y que puedan lugar a posibles cambios normativos. “La seguridad jurídica -afirmó- ha de ser uno de los pilares del Estado de derecho y ha de contemplar las garantías de las personas y nuestras empresas contra la arbitrariedad de los poderes públicos basándose en tres principios: conocimiento de la normativa vigente, calidad técnica en la elaboración y estabilidad del ordenamiento jurídico”.

¿Cuáles son los principales riesgos que impactan en un proyecto de infraestructuras? Alberto Fortún, socio en Cuatrecasas, los resumió en cuatro: riesgos específicos del proyecto; riesgos operativos relativos a los socios locales, recursos laborales, condiciones de trabajo, corruptelas, cuestiones medioambientales o cuestiones de salud pública; riesgos económicos (devaluaciones de moneda, colapso de la demanda local, de presión económica); y riesgos políticos (medidas regulatorias, derecho de la competencia, modificación de tarifas, revisión de precios y subsidios, expropiaciones, alerta social, revueltas, etc.). Este experto explicó que, no obstante, que algunos de esos riesgos son susceptibles de protección contractual, y lanzó a las empresas una recomendación: deben valorar en la oferta el grado de cumplimiento de los contratos y la posibilidad de obtener tutela judicial o arbitral. Uno de los riesgos que, por motivaciones políticas, se está registrando en Latinoamérica en los últimos años es de cancelación anticipada de proyectos. En este caso las empresas tienen que recurrir tanto a los derechos contractuales como a la protección de la inversión a través de los tratados internacionales.

Por su parte, Diego Gaudenzi, Cliente Executive, y Claudia Barnaby, Cyber Risk, ambos de la firma global Marsh, se centraron en las principales coberturas de seguros que se pueden contratar para cubrir los riesgos implícitos para las ingenierías. Las más relevantes son: riesgo operacional por errores u omisiones a través de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional; riesgo corporativo (seguro de administradores y directivos); ciberseguridad; avales y garantías; y mitigación de riesgos. Estos expertos recomiendan a las ingenierías que a la hora de contratar sus pólizas de seguros que tengan en cuenta varios aspectos: planificación de las coberturas; revisión de contratos y pliegos antes de su aceptación; revisión de coberturas, límites y retenciones; mantener la póliza en vigor; mitigar y optimizar los riesgos; y tener claro cómo actuar en caso de siniestro.

En la jornada también participaron representantes de tres bancos multilaterales -BCIE, BID y BEI-, quienes expusieron lo que están haciendo sus instituciones en el ámbito de las inversiones de infraestructuras en Latinoamérica, así como en la mejora de la seguridad jurídica en la región.