Agricultores catalanes demandan una PAC para profesionales que garantice la soberanía alimentaria
La organización agraria Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha pedido en la reunión celebrada con el Departamento d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catyaluña, que defienda a los profesionales agrarios en el Plan Estratégico que tendrá que presentar el Ministerio de Agricultura a la Comisión Europea antes del próximo 31 de diciembre.
La organización considera que ningún sector productor tendría que quedar excluido de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). "Esto solo será posible si se destinan las ayudas a los agricultores y ganaderos que viven de su actividad en el campo" que, según JARC, tiene que representar como mínimo el 50% de sus ingresos.
Un estudio realizado por el Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en el año 2020 revela que actualmente en España dos de cada tres agricultores o ganaderos son "agricultores de sofá", es decir, que están dados de alta en el sector agrario, pero no se dedican como actividad principal y por tanto no están dados de alta a la seguridad social.
Según la entidad, el DACC "tendría que poner fin a este agravio" para los profesionales del sector primario en la elaboración del Plan Estratégico para Cataluña, "para defender nuestro modelo productivo, garantizar la soberanía alimentaria del territorio, el producto de proximidad y el fortalecimiento de las zonas rurales y sus habitantes".
La resiliencia que ha demostrado el sector agroalimentario durante la pandemia, lo ha hecho todavía más atractivo para los fondos de inversión aseguran desde JARC. "Según el estudio realizado por Deloitte, el 58% de las transacciones a escala global que se realizaron en el sector hortofrutícola entre 2017 y 2020 se produjeron en España. Además, seis de cada diez operaciones fueron realizadas por parte de inversores financieros o fondos de capital privado".
Estas operaciones representan "otro escollo para una PAC más profesional, social y justa, porque acaparan gran parte de las ayudas pero sus beneficios no revierten en el territorio y están condicionados a la rentabilidad de los resultados, a diferencia de los productores agrarios, que son la única garantía para abastecer a la población de alimentos de calidad y al margen de las fluctuaciones del mercado", concluye la organización agraria.