"El sistema zonal de autorizaciones aún no funciona tan bien como debería"
Eric Liégeois, director del Dpto. de Autorización de Productos Fitosanitarios de la DG SANTE
Eric Liégeois lleva casi veinte años unido a la Comisión Europea y desde abril de 2018 dirige los destinos del Departamento para la Autorización de Productos Fitosanitarios en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE). En los últimos meses, la aprobación del Pacto Verde y de la estrategia 'De la Granja a la Mesa' ha vuelto a sacar a debate una reducción ostensible en la utilización de productos fitosanitarios en la próxima década en nombre de la seguridad alimentaria. Pero, ¿existen alternativas para proteger a nuestros cultivos manteniendo los mismos niveles de producción? Hemos querido conocer de primera mano cuál es el objetivo de estas nuevas políticas y como discurre el proyecto de contar con una 'verdadera' política fitosanitaria común.
Las normas vigentes que rigen las sustancias activas que se pueden utilizar en la agricultura europea coexisten con las decisiones particulares de ciertos países, como se observa en el caso del glifosato... ¿Le preocupa que la aplicación de la política fitosanitaria europea no sea totalmente homogénea entre todas las EME de la UE?
La legislación de la UE sobre plaguicidas establece un sistema de dos etapas: las sustancias activas se aprueban a nivel de la UE (tras una evaluación científica exhaustiva) y posteriormente los Estados miembros pueden autorizar los productos fitosanitarios que las contengan. Esto refleja el hecho de que las condiciones agronómicas y ambientales son muy variables entre los Estados miembros. Sin embargo, aplican normas de evaluación comunes, los llamados principios uniformes, con el fin de autorizar o restringir el uso de productos fitosanitarios y los que tienen condiciones más comparables se incluyen en una de las tres zonas dentro de las cuales las autorizaciones concedidas por uno deben ser reconocidas por los otros.
No obstante, cuando existen razones justificadas, los Estados miembros pueden rechazar las autorizaciones concedidas por los demás. Además, los Estados miembros pueden adoptar nuevas restricciones al uso de determinadas sustancias de conformidad con la Directiva sobre el Uso Sostenible, que prevé algunos criterios de precaución para determinadas categorías de usuarios, por ejemplo, los usuarios particulares o en zonas especialmente vulnerables.
Lo mismo ocurre con los cientos de sustancias activas que una multinacional logra registrar en un país europeo, pero puede tardar años en hacerlo en un país vecino. ¿Cuándo habrá una solución a nivel de la UE a este respecto? ¿O es imposible?
El enfoque regulador fomenta el reconocimiento mutuo de las aprobaciones a través de un sistema zonal de autorizaciones; de hecho, los Estados miembros deberían colaborar en la evaluación de las solicitudes de autorización. Se celebran reuniones periódicas a nivel zonal y se ha creado un grupo de expertos para examinar todas las cuestiones posteriores a la autorización, por ejemplo, todos los elementos que deben debatirse para reforzar el sentido común en la forma de aplicar los principios uniformes. No obstante, el sistema todavía no funciona tan bien como debería, como se comprobó durante la reciente evaluación de la legislación sobre plaguicidas realizada por REFIT, y es necesario adoptar nuevas medidas para mejorar el proceso de autorización por zonas.
Un estudio realizado en Francia determina que se necesitarían 5 años y hasta 10.000 euros por explotación para adaptar la maquinaria agrícola en ausencia de glifosato. ¿Es factible? ¿Cómo podrá el agricultor controlar las malas hierbas mientras tanto?
La sustitución de un herbicida de banda ancha como el glifosato es un desafío, pero los proyectos de investigación financiados por HORIZON 2020, el programa marco europeo de investigación que será seguido por HORIZON Europe, buscan prácticas sostenibles para el control de las malas hierbas, ya sean mecánicas o de otro tipo, con el fin de ofrecer soluciones duraderas a los agricultores. Por lo tanto, la adaptación de la maquinaria representa sólo una de las vías que actualmente exploran los investigadores y es de esperar que de estas actividades de investigación tan esperadas surjan soluciones alternativas más baratas. Cabe señalar también que, por el momento, se han aprobado 114 herbicidas para su uso en la UE.
En la búsqueda del punto óptimo entre la productividad y la sostenibilidad ambiental, ¿corre Europa el riesgo de perder autonomía en el suministro de la cadena alimentaria y aumentar su dependencia de las importaciones de materias primas agrícolas de terceros países en los próximos años?
Este riesgo ha sido debidamente considerado por la Estrategia 'De la granja a la mesa’, recientemente publicada por la Comisión Europea. Paralelamente a los cuatro objetivos cuantitativos de la estrategia (reducción de las ventas y el uso de plaguicidas, reducción de las ventas globales de antimicrobianos en la UE, la reducción de las pérdidas de nutrientes y el uso de fertilizantes, y el aumento de la agricultura orgánica), que son ambiciosos y, por lo tanto, no vinculantes, la Comisión trabajará con los Estados miembros para garantizar que la Política Agrícola Común y los planes estratégicos de los Estados miembros se adhieran a un enfoque concertado y ambicioso. Si los objetivos de la Estrategia F2F son claramente garantizar el acceso a una alimentación sana procedente de un planeta sano, la Comisión supervisará debidamente la seguridad alimentaria y la competitividad de la UE.
Las futuras limitaciones en el uso de productos fitosanitarios o fertilizantes han sido uno de los aspectos más controvertidos de la estrategia ‘De la granja a la mesa'. ¿Cree que se pueden cumplir?
Este es otro de los objetivos de la Estrategia 'De la granja a la mesa' para reducir la dependencia de los agricultores de los fertilizantes y los productos fitosanitarios, especialmente los más peligrosos o menos sostenibles. Una vez más, los objetivos, no son vinculantes y son aspiraciones. Sin embargo, se está estudiando si los objetivos relativos a los plaguicidas deberían ser obligatorios a nivel de los Estados Miembros.
En cualquier caso, hay muchas maneras de estudiar la posibilidad de alcanzar estos ambiciosos objetivos antes de 2030: desde las actividades de investigación hasta los incentivos normativos, pasando por los instrumentos de la PAC y las actividades de sensibilización destinadas a toda la cadena de producción y suministro, se movilizarán todos los instrumentos posibles a través de la estrategia ‘De la granja a la mesa' y se estudiarán en los instrumentos normativos existentes.
En los últimos años se han desarrollado importantes proyectos para optimizar los equipos fitosanitarios y ayudar a los agricultores a gestionar y conocer los productos que deben aplicarse y cómo hacerlo. INNOSETA u OPTIMA son grandes ejemplos. ¿Cuál es su importancia en el marco de una agricultura más profesional marcada por la sostenibilidad y la seguridad alimentaria?
Estos dos proyectos de investigación financiados por el programa HORIZON 2020 de la UE incluyen, en efecto, muchos aspectos prospectivos de las prácticas de protección fitosanitaria del futuro. Los agricultores europeos deberán satisfacer la demanda de la sociedad de prácticas agrícolas más sostenibles. OPTIMA trata de la gestión integrada de plagas, que es obligatoria desde 2016, pero que sigue sin aplicarse plenamente a muchos cultivos, como se observa en el informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el uso sostenible. El equipo y las prácticas de aplicación innovadoras, como las que se contemplan en INNOSETA, ayudarán a reducir los efectos generales de los plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana. Pero los proyectos de investigación sólo tendrán éxito en última instancia si se garantiza la transferencia de conocimientos a los usuarios finales y la transmisión de los conocimientos adquiridos a los agricultores se integra plenamente en los proyectos mediante la recopilación de los materiales de capacitación y comunicación destinados a los equipos de formación (por ejemplo, servicios de asesoramiento y extensión) que los convierten en excelentes ejemplos para las futuras actividades de investigación y difusión que se realizarán en apoyo de la estrategia ‘De la granja a la mesa'.
¿Cree usted que sería necesaria una ley específica que regule la publicación genética en Europa, impidiendo así que una tecnología como el CRISPR sea comparada con los transgénicos, tal como lo exigen varias asociaciones y empresas europeas en el campo de la protección vegetal?
No soy un experto en edición genética, pero puedo decirles que la Comisión Europea sigue los continuos progresos de la biotecnología moderna para considerar cómo puede beneficiarse la UE de la innovación en el sector alimentario y agrícola, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de seguridad. Se han comenzado a elaborar informes y se han emitido mandatos a nuestros órganos científicos para que informen a la Comisión sobre la mejor manera de avanzar en relación con estas tecnologías.
Se prevé que el Reglamento de la Unión Europea permitirá que el sector de los bioestimulantes cuente con su propio marco jurídico en 2022. ¿Qué significará esto para las empresas europeas, teniendo en cuenta que su objetivo es lograr el liderazgo internacional en este campo?
La normativa sobre productos de fertilización adoptada en 2019 armonizará, en efecto, los enfoques normativos de muchas categorías de productos de fertilización que hasta ahora se dejaban en manos de las normas nacionales. Es una valiosa oportunidad para que las empresas demuestren en todo el mercado de la UE la utilidad de estos bioestimulantes vegetales que, por definición, son útiles para el crecimiento de las plantas, actuando sobre la nutrición óptima de la planta.
Por último, ¿cómo ve la agricultura europea saliendo de un episodio como el COVID-19?
Esta dramática pandemia ha afectado y sigue afectando a muchas personas y sectores, no sólo en Europa sino en todo el mundo. Ha interrumpido muchas cadenas de suministro existentes. La estrategia ‘De la granja a la mesa' responde en cierto modo a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, reforzadas por la pandemia COVID-19, en lo que respecta a la importancia de un sistema alimentario robusto y resistente que funcione en todas las circunstancias y sea capaz de garantizar el acceso a un suministro suficiente de alimentos asequibles para los ciudadanos. Los llamamientos en favor de cadenas de suministro más cortas se han intensificado durante el brote actual. La agricultura europea responderá positivamente para hacer mucho más por mantenernos a nosotros mismos y al planeta con buena salud. La pandemia actual es sólo un ejemplo, pero son muchos otros factores de estrés los que pesan hoy en día sobre los agricultores, como la creciente recurrencia de sequías, inundaciones, incendios forestales y nuevas plagas.
